La masacre de Tlatlaya y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa están entre los casos de violencia “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina en los últimos años”, pero no son hechos aislados pues forman parte de un entorno histórico de impunidad y corrupción, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
En conferencia de prensa, el especialista subrayó que Tlatlaya es un “crimen de Estado” cometido directamente por personal del Ejército, donde fueron ejecutados civiles armados y que se trató de encubrir por parte de las máximas autoridades del país, durante casi dos meses.
Con respecto a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Vivanco también puso de manifiesto que este crimen fue posible gracias a la participación de la policía municipal de Iguala, en complicidad con la delincuencia organizada, en hechos que las autoridades judiciales y el mismo presidente de la República tardaron demasiado en admitir e investigar.
“No conocemos unas situación similar a esto, salvo si nos remontamos a (la matanza de) Tlatelolco, a finales de los sesenta. En esa época se producían ese tipo de desapariciones masivas donde nadie rendía cuentas, pero este caso se produce en el siglo XXI. Por eso lamentamos un hecho de esa magnitud a la vista de todos los mexicanos y la comunidad internacional”, enfatizó.
En la agresión a los normalistas de Aytozinapa, dijo, el presidente Enrique Peña Nieto "reaccionó tarde y mal", ya que en un principio sostuvo que estos hechos eran un problema de Iguala, actuando como si se trata de un asunto de Guatemala, cuando "tiene la obligación de disponer en las primeras horas de todos los recursos con los que cuenta el Estado para lograr interrumpir una desaparición de esta magnitud, que es informada a todos los medios y sucede en tiempo real".
Vivanco enfatizó que "la explicación de lo que ha ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de impunidad que prima en México desde hace ya muchos años, y que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, incluyendo desapariciones forzadas, esos hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, ejemplares e imparciales. La regla en México es la impunidad, no la excepción".
