Por principio de cuentas es pertinente saludar tanto el civismo, la disciplina y el espíritu pacífico de la marcha como la disposición de las autoridades a dialogar con los estudiantes inconformes.
Cabe señalar, asimismo, que el malestar de los politécnicos tiene raíces más hondas y extendidas que las razones circunstanciales que hicieron estallar el actual movimiento estudiantil: la aprobación al vapor de un plan de estudios y un reglamento restrictivos que minimizan el alcance de la formación académica en el IPN.
Esas medidas, promovidas por la directora Yoloxóchitl Bustamante –cuya renuncia al cargo se extendió anoche como rumor no confirmado–, son una consecuencia concreta de la cuestionada reforma educativa que fue implantada el año pasado por la administración actual y la presente legislatura, y que generó un vasto movimiento nacional de protesta por parte de los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En términos más generales, tanto esa reforma como las impugnadas determinaciones en el IPN son expresión de un largo empeño por disminuir la calidad, la cobertura y el nivel de la educación superior pública, sostenido por los sucesivos gobiernos del ciclo neoliberal. Independientemente de lo que el discurso oficial haya sostenido en las últimas tres décadas, el impacto de la orientación económica aún vigente en los institutos y universidades públicos en su conjunto ha sido devastador: reducción de la matrícula, achicamiento de los niveles educativos y caída en la calidad de la enseñanza, todo ello causado por la congelación o la reducción presupuestal. Los correlatos han sido, por un lado, la descontrolada proliferación de universidades privadas y la normalización de una visión comercial y mercantil de la educación y, por el otro, una aberrante estratificación clasista de la formación universitaria, hasta el punto en que ésta ha dejado de resultar accesible para los jóvenes procedentes de familias obreras y campesinas y ha perdido eficacia como mecanismo de movilidad social.
En esta lógica, los documentos normativos promovidos en el Poli por Bustamante tendrían como consecuencia precisamente, en caso de entrar en vigor, la degradación de la calidad de la formación académica en esa institución para colocarla apenas por encima de una opción técnica terminal.
Por eso, además de desactivar las razones inmediatas del descontento de los alumnos del IPN y de llevar el conflicto a los cauces de la negociación y el diálogo, es necesario revaluar la función de la educación superior pública y devolverla al sitial que no debió perder: el de motor del desarrollo nacional y social. Aunque las mentalidades dominadas por los dogmas de la rentabilidad no sean capaces de entenderlo, el fortalecimiento de la enseñanza gratuita y de calidad en todos sus niveles no sólo responde a un mandato constitucional aún vigente sino que es la mejor inversión que puede hacer el país.
