Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– El sistema de salud mexicano cada vez está mas lejos de procurar el bienestar de los derechohabientes. Ha dejado de ser integral y eficiente, además de que en algunos casos llega a violar los derechos humanos. Su decadencia y el abandono del Estado han cedido el poder al sistema privado, al que muy pocos tienen acceso, lo que ha provocado que las personas queden totalmente vulnerables y sin un sistema que los proteja ampliamente, alertan especialistas.
En un país done habitan más de 112 millones 336 mil 538 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2015, de los que casi la mitad son pobres (55.3 millones), apenas hay 21 mil 738 unidades médicas del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio. La cobertura médica ya no es suficiente y acudir a un hospital privado no es opción para muchos.
“No hay una inversión suficiente en el sector público y, por otro lado, las políticas del Estado desmantelan parcialmente el sector público. Transfieren recursos y funciones a los privados y éstos captan a todas aquellas personas que no están siendo atendidas por los principales institutos de salud del país” explicó a SinEmbargo Oliva López Arellano, coordinadora del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Especialistas en seguridad social y temas de salud coinciden que el salario mínimo de 70.10 pesos que percibe un trabajador promedio no es suficiente para sobrellevar una enfermedad aun si se cuenta con un seguridad social, mucho menos para un servicio privado donde una consulta de revisión general con estudios cuesta entre los 11 mil y 12 mil pesos en hospitales como Médica Sur o Los Ángeles.
En ese sentido, Berenice Ramírez López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que los hospitales privados ganan al sistema de salud público porque los mexicanos no pueden pagar uno ni sostener al otro.
“Frente a grandes necesidades tenemos en las instituciones públicas pocos aportantes a la seguridad social y esto es porque no hay crecimiento de empleo formal, hay menos derechohabientes y no está resuelto el problema financiero del sector público”, comentó.
En México, los centros de salud privados que ofrecen servicios de la más alta calidad, muy por arriba del poder adquisitivo de los primeros deciles de la Población Económicamente Activa (PEA), son: Grupo los Ángeles, Médica Sur, Hospital ABC, Médica Sur. A éstos, le siguen el Hospital Español, el Hospital Infantil Privado de México y el Zambrano Hellion del Tecnológico de Monterrey, entre otros.
Pero quienes no pueden acceder a un hospital privado y cuentan con un trabajo recurren principalmente a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que los que trabajan en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Secretaría de la Marina tienen los servicios que estas instituciones ofrecen y los que no son derechohabientes cuentan con al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
De acuerdo con la Medición de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2014 más de 21 millones de personas presentaban carencias de acceso a la salud.
POCA INVERSIÓN EN UN PAÍS ENFERMO
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2016, se aprobó un gasto de 229 mil 916 millones de pesos para el ISSSTE y 544 mil 321 millones para el IMSS, mientras que el total de gasto para salud fue de 132 mil 216 millones de pesos, 2 mil millones de pesos menos respecto a los asignados en 2015 para este último sector.
“El Estado ya no quiere financiar al sector público y eso es una decisión política porque los recursos son limitados en términos generales y están muy mal repartidos. Hay recursos limitados al campo social, pero no para el pago de la deuda externa [...] hay recursos para publicidad de la Presidencia, para el avión presidencial, para comunicación social, recursos para cada Diputado que no van a tener seguimiento, para eso sí hay recursos, pero no hay para salud, educación o desarrollo”, argumentó Oliva López .
Asimismo, las analistas coinciden que para impulsar el sector salud se debe considerar también las recomendaciones de los organismos internacionales que califican a México como uno de los países con una cobertura precaria en seguridad social y servicios de salud, mientras que las enfermedades crónico degenerativas van en aumento, además de que la expectativa de vida de los mexicanos decrece.
En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que en 2012, el gasto total en salud en México representó el 6.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), “este porcentaje se encuentra entre los más bajos de los países de la organización (sólo por encima de Estonia y Turquía) y muy por debajo del promedio (9.3 por ciento)”.
“No ha habido un interés como política pública en construir un Estado social, no lo tenemos. Ha sido un modelo económico orientado fundamentalmente a incentivar aperturas comerciales, financieras, espacios para el sector privado y se han descuidado los elementos sustanciales que requiere la población mexicana: educación y salud”, agregó la investigadora de la UNAM.
Así lo confirmó el estudio Panorama de la Salud 2014 de la OCDE, al alertar sobre la posibilidad de que en México los pacientes que ingresan a hospitales por infarto o derrame cerebral sobrevivan, es mucho menor que en otros países que integran al organismo. Esto debido a la falta de prevención y atención inmediata.
La investigadora de la UNAM comentó que antes de la Reforma la Ley General de Salud de 2007 “teníamos un sistema que funcionaba mejor. Lo han venido descuidando de las últimas tres décadas porque a partir de esto hay menos recursos para las instituciones y mayor número de derechohabientes lo cual conduce a una menor calidad y mayor tiempo de espera”.
Detalló que el desabasto en medicinas y el tiempo de espera de los pacientes son de las mayores deficiencias del sector público.
La OCDE precisó en su último informe que “el lento progreso en la esperanza de vida en México se debe a los dañinos comportamientos relacionados con la salud incluyendo malos hábitos de nutrición y a las muy altas tasas de obesidad, así también al incremento en las tasas de mortalidad debido a la diabetes y a la no reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares”.
En ese sentido, Berenice Ramírez comentó que “lo que se debe discutir es el modelo salud porque tenemos uno que es curativo, que solamente se enfoca a resolver los problemas de enfermedad, pero no a prevenir y a mantener las dinámicas de salud, y en esa perspectiva se debería enfatizar en una salud pública que no sólo va acompañada de campañas de vacunas sino de cosas fundamentales como contar con agua limpia, sistemas de alcantarillado y mecanismos para buenas condiciones de vida y salud”.
“Si hacemos un cambio en un modelo de atención disminuye el costo en la salud, como Cuba, que pone mucha atención a la medicina preventiva y si tenemos una atención en este espacio se disminuyen costos adicionales porque se impide que las personas lleguen al segundo o al tercer nivel en situaciones de mucho deterioro”, comentó la académica.
EL AUGE DEL SECTOR PRIVADO
De acuerdo con académicos, la crisis del sector público es la causa principal del auge del sector privado porque no ofrece los servicios que demanda la sociedad, ya que el propio Estado no destina recursos dejándolo para continuar con una política “neoliberal y de mercado” .
“El subsistema de atención privada surge primero con muy poca capacidad y empezó muy pequeño, pero en los últimos años 30 años que hemos estado en una lógica de apuntalar los mercados, de reducir la actividad estatal, de deteriorar y disminuir lo público, el modelo neoliberal ha hecho crecer este sector que ha sido apuntalado por las políticas del propio Estado”, explicó la coordinadora del doctorado Ciencias en Salud Colectiva.
En un escenario donde la saturación del sistema de salud público no permite dar cobertura a los necesidades de los mexicanos, los servicios privados se han convertido en una segunda opción de atención. Pero los retos son los mismos: garantizar la seguridad del paciente y cubrir sus demandas.
En ese sentido, la académica de la UAM comentó que “el IMSS y el ISTTE enfrentan una situación severa de financiamiento porque ha sido instrumentada una restricción de recursos para debilitar al sector y luego demostrar que no funcionan bien. Se dice que el Estado ha aumentado el gasto público en salud, sí ha aumentado un poco, básicamente con recursos del seguro popular, pero éstos también han sido reducidos a la seguridad social”.
De acuerdo con el estudio Las reformas a los seguros sociales y el Estado mexicano, realizado por la investigadora Berenice Ramírez, “ante tales circunstancias, los escenarios a futuro son preocupantes ya que la falta de trabajo asalariado y protegido implica menor cobertura de los institutos de seguro social; las reformas instrumentadas auguran menores posibilidades de que la cobertura, la calidad y la suficiencia de la seguridad social mejore. Si ha ello se suma la transición demográfica y epidemiológica, el incremento en los niveles de pobreza y la caída en los salarios; la pobreza actual y en la vejez tienden a recrudecerse”.
En ese contexto, en diciembre del año pasado, cuando se presentó el proyecto de decreto de la Ley del ISSSTE, Miguel Alonso Raya, Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que dicha iniciativa reformaba los servicios médicos para su privatización y no para su rescate porque limita el problema de calidad de los servicios médicos a la evaluación del desempeño de las unidades médicas y a la competencia.
“Separa las funciones de financiamiento y la presentación de servicios médicos, estableciendo la regulación para la celebración de convenios con proveedores privados”, según argumentó el Diputado en el texto “Reforma la Ley del ISSTE”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La coordinadora del programa del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva dijo que las nuevas disposiciones como el Seguro Popular “ son regalo para las aseguradoras, porque si uno no está cubierto y tiene un poquito de dinero amplía su seguridad”.
Explicó que al quedarse una persona sin servicios médicos requiere a las instituciones financieras para pedir préstamos y así poder acceder al sector privado de salud que a su vez le brindará servicios o productos de otras empresas privadas.
Además, la especialista en seguridad social detalló que existe un fondos para administrar los recursos que son del sector público, sobre todo del Seguro Popular, “la idea de las últimas reformas es poner una administradora de fondos, es decir, una intermediación financiera que no agrega valor al servicio público, pero si capta recursos públicos para negocios privados”.
CRISIS DEL SECTOR PÚBLICO Y SUS REFORMAS
De acuerdo con el informe Estadísticas de la OCDE sobre salud 2014, en México “como resultado de una gran expansión en la cobertura de salud para los pobres y los no asegurados que comenzó en el 2004, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud en México se ha incrementado en alrededor de 10 puntos porcentuales para situarse en 50 por ciento en el 2012”.
El organismo internacional detalló que esta tasa se mantiene como una de las más bajas entre los países de la OCDE (donde el promedio es del 72 por ciento), y alrededor de la mitad de todo el gasto en salud en México es pagado directamente por los pacientes.
“El IMSS y el ISSSTE enfrentan también un severo problema porque como sus ingresos están montados en un porcentaje del salario y el salario se ha deteriorado, además de que el Estado no invierte en recursos”, explicó Olivia López Arellano.
Dijo que a los dos principales centros de salud “no les llegan los recursos públicos porque están comprometidos; hay una reducción de la masa salarial y un mercado laboral muy inestable que ha crecido con un empleo precario”.
De acuerdo con el Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa 2012.2013, del Inegi, en este país hay 63 millones 935 mil 370 mexicanos afiliados a alguna institución de salud, contra 43 millones 479 mil 016 que no cuentan que no están contemplados por las cifras del Sistema Nacional de Salud.
De las cifras anteriores, el IMSS y el ISSSTE son los que cuentan con la mayoría de los derechohabientes con 34 millones 545 mil 220 afiliados y 6 millones 057 mil 647, respectivamente. En tanto, entre el Seguro Popular y la Secretaría de Salud registran un total de 18 millones 910 mil 718 afiliados.
Al respecto, Berenice Ramírez dijo que “los problemas que hoy aquejan a los institutos tienen una razón: históricamente nuestro sistema nació fragmentado porque surgió una vertiente de seguridad social, un subsistema en el que los dos grandes organismos de salud sólo atiende a las personas que están empleadas formalmente. Es un subsistema cuya atención está vinculada a la condición formal de la población”.
Sin embargo, las investigadoras académicas comentaron que este problema no es nuevo ya que el sistema de salud ha tenido en los últimos años dos reestructuraciones importantes respecto a la cobertura y condiciones de los servicios de salud que ofrece a los trabajadores: la Reformas de 1997 y 2007 a la Ley General de Salud, así como la entrada del Seguro Popular en 2004, y se espera una tercera con la posible imposición de un nuevo Sistema Universal de Salud a través de la Ley General de Salud en materia de Seguro Popular, atorada en la Cámara de Diputados desde año pasado.
Para Berenice Ramírez “cuando surgen este tipo de reformas se nos olvida la historia y lo más cercano es la administración anterior donde se instrumenta desde el gobierno panista el sistema de seguridad que decía ser universal, pero nos damos cuenta que las cifras que ellos mostraban rebasaban el 100 por ciento de la población mexicana porque habían incorporado a personas del IMSS y del ISSSTE”.
Asimismo agregó que “se han hecho muchas propuestas que han significado costos, gastos, pero que no ha servido para una mejoría para la salud de los mexicanos”.