25 de Julio 2015
Por lo menos cinco gobernadores y exgobernadores surgidos de las filas del PRI están siendo investigados en tribunales de Texas. Ya les han decomisado el equivalente a 640 millones de pesos, y contra dos incluso ya se libraron órdenes de aprehensión. Se trata de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Jorge Torres, Humberto Moreira y Rodrigo Medina. Y no obstante que los sobornos, robos y desfalcos presuntamente fueron perpetrados en México, las autoridades federales de este país apenas han molestado a esos políticos.
LAREDO, TEXAS (Proceso).- Cinco gobernadores y exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que desplegaron toda su creatividad para crear empresas y cuentas en paraísos fiscales, desviar recursos públicos o recibir sobornos del crimen organizado ahora están viendo esfumarse, en tribunales de Texas, sus esfuerzos por enriquecerse.
Documentos oficiales, testigos de los hechos ilícitos y fuentes de los juzgados describen los procesos judiciales que los fiscales estadunidenses mantienen contra Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, exgobernadores de Tamaulipas; Jorge Torres López y Humberto Moreira Valdez, de Coahuila, y Rodrigo Medina de la Cruz, actual mandatario de Nuevo León.
A Yarrington, Hernández y Torres ya se les requisaron alrededor de 640 millones de pesos, además de mansiones, departamentos de lujo, negocios y aeronaves. A otros dos se les indaga por la adquisición irregular de fraccionamientos en zonas exclusivas y lavado de millones de dólares en bancos de Estados Unidos y paraísos fiscales.
Dos ya tienen órdenes de aprehensión debido a que, según las evidencias, colaboraron con los cárteles del narcotráfico. Se trata de Yarrington y Hernández. De hecho, se ofrece una recompensa a quien proporcione datos que permitan localizar a este último.
Medina, en tanto, está siendo investigado por las enormes compras inmobiliarias y operaciones financieras que realizaron su padre y su hermano. Moreira se encuentra en calidad de indiciado y próximamente será acusado de lavar “millones de dólares del erario” coahuilense que, se consigna, se robó cuando fue gobernador. Al exmandatario interino de ese mismo estado, Jorge Torres, está por vencérsele el plazo para que compruebe le posesión legal de 2 millones 800 mil dólares.
Sobresale el hecho de que sólo uno de ellos, Yarrington, tiene procesos pendientes con la justicia mexicana.
Del narco
Yarrington, gobernador entre 1999 y 2004, ya perdió demandas civiles en las cortes federales de Estados Unidos. Le incautaron cuentas millonarias en bancos de Texas y Bermudas, además de una aeronave, negocios y bienes inmuebles. Entre otras viviendas destacan un lujoso departamento en la Isla del Padre y dos residencias –una de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen. La suma total de los bienes incautados es de alrededor de 7.5 millones de dólares.
Las propiedades fueron adquiridas –desde que el priista fue alcalde de Matamoros y luego como mandatario de Tamaulipas– a través de prestanombres: el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza, el constructor Fernando Cano y su exsecretaria Cindy Chapa, con recursos que supuestamente le entregó Antonio Peña Argüelles, empresario que fungió de enlace primero con el Cártel del Golfo y posteriormente con Los Zetas, según las averiguaciones.
A Hernández Flores, titular del Poder Ejecutivo entre 2004 y 2010, también se le acusa de recibir dinero de Los Zetas, el cual fue depositado en bancos de Texas a través de dos testaferros: su cuñado, Óscar Gómez Guerra, y el empresario coahuilense Guillermo Flores Cordero, quien fue detenido junto con su esposa en San Antonio, Texas.
El proceso judicial C-14-178-S que se le sigue a Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur sostiene que el exmandatario y su cuñado, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero a partir del 1 de enero de 2008.
“Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que ésta tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas mientras fue gobernador”, precisa la denuncia.
Los sobornos suman presuntamente alrededor de 30 millones de dólares. La fiscalía federal, con autorización de la Corte, ya le confiscó cuatro propiedades: tres en McAllen, que suman 2 millones de dólares, y otra más en Austin, Texas.
Los Medina
A Jorge Torres López, sustituto de Moreira de enero a noviembre de 2011, se le termina el periodo para que reclame 2.8 millones de dólares, provenientes tanto de dinero que poseía en Bermudas como en propiedades con un valor aproximado de 592 mil dólares. La Corte de Distrito Sur en Corpus Christi confiscó sus cuentas, pues se presume que los recursos fueron desviados del erario de Coahuila.
Torres López es miembro de la familia que controla el Grupo Industrial Saltillo, y junto con su esposa, María Carlota Llaguno, acumula desde hace años una fortuna muy superior a la que Estados Unidos mantiene congelada.
En cambio, la familia del actual gobernador Rodrigo Medina en menos de cinco años abandonó la clase media para volverse propietaria de dos exclusivos fraccionamientos en Texas, siete inmuebles en San Pedro Garza García y hasta de terrenos ejidales en el municipio de Mina.
“La DEA y el IRS (Departamento de Impuestos de Texas, por sus siglas en inglés) tienen una investigación abierta acerca del asunto de los Medina”, confía a Proceso una fuente de las cortes de San Antonio que solicita el anonimato.
“Hasta el momento no se han presentado cargos ni decomisado propiedades, como ya se ha hecho en otras investigaciones de lavado de dinero, como del efectivo robado de Coahuila por Humberto Moreira”, agrega.
Destaca que esta investigación comenzó cuando en Nuevo León comenzaron a divulgarse en los medios de comunicación denuncias en contra de Humberto Medina Ainslie, padre del actual gobernador.
Puntualiza: “Hemos visto varias indagatorias iniciadas de esa manera. Si sale alguien que proporcione información de robos, las autoridades comienzan a averiguar si alguien moviliza dinero de un banco mexicano a cuentas bancarias en Texas. Se mira a dónde va el dinero, si se usó para comprar una casa, autos, bienes raíces, inversión en un restaurante, etcétera”.
Se prevé que próximamente se inicie una demanda civil titulada USA vs fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch, merced a la cual se le decomisarán esas propiedades al papá de Medina, quien deberá demostrar documentalmente que las adquirió con dinero legal, concluye.
Humberto Medina renunció a su puesto como procurador de Coahuila en 1994 debido a una denuncia de la Procuraduría General de la República en su contra, en la cual se le acusó de robar equipo médico confiscado en patios aduaneros de la Secretaría de Hacienda.
Cuando su hijo Rodrigo Medina de la Cruz ganó la gubernatura de Nuevo León, el padre tomó en la práctica el control de la administración. Su despacho, ubicado en la calle Mississippi 51 del municipio de San Pedro, se transformó en una supersecretaría, donde se decidieron licitaciones de obra pública, el destino del presupuesto y la designación de funcionarios.
Empresarios de la construcción han denunciado que para entrar a una licitación estatal, las compañías primero deben acudir a la oficina del papá de Medina y acordar el monto que le pagarán si quieren ganar la obra pública.
Años atrás, Medina Ainslie sólo tenía un pequeño despacho como abogado, y en menos de cinco años se hizo propietario de dos fraccionamientos, 10 empresas y otras viviendas en las zonas de mayor plusvalía de San Antonio.
A las denuncias contra el padre del gobernador se sumaron otras: ejidatarios del municipio de Mina presentaron documentos oficiales donde se ve que Humberto Medina y su esposa se hicieron pasar por “campesinos” residentes en Mina para adquirir ilegalmente terrenos ejidales donde hoy se planean proyectos eólicos.
Otra denuncia contra el exprocurador fue presentada por el Partido Acción Nacional. Ahí se precisa que la familia Medina es dueña de siete inmuebles en San Pedro, con un valor comercial que supera los 300 millones de pesos.
Un empresario del ramo de la educación, a quien Humberto Medina le ofreció sus servicios, denunció que el abogado también buscó a varias familias ricas de Nuevo León que mantienen disputas por herencias y conflictos mercantiles para ofrecerles sus servicios con la promesa de que ganaría los procesos gracias a sus influencias.
El ambicioso padre de Rodrigo Medina les decía a esas familias que su comisión no sería de 30%, como se acostumbra en estos casos. No, “el papá de Medina demandaba 75% del monto que se recuperara”, asevera el hombre de negocios.
“A clientes que llegaron a su despacho les comenzó a cobrar 1 millón de pesos por audiencia. Y especificaba que ese dinero estaba al margen de su comisión tras ganar el juicio”. También se convirtió en gestor para concesiones federales y municipales, por lo cual cobraba 3 millones de pesos.
El próximo escándalo
Coincidentemente, días antes de que se iniciara el periodo de transición para entregar la administración a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, supuesto personal de la Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León trasladó cientos de cajas con expedientes y documentos a una casa ubicada en la calle Mina 528/521 del Barrio Antiguo, propiedad de César González Quiroga, reconocido miembro del PRI y socio de Natividad González Parás.
Según se denunció públicamente, aprovecharon el traslado para destruir y tirar a la basura cientos de expedientes con pagos por diversas obras y carpetas nunca abiertas de empresas que participaron en licitaciones, entre otros documentos. Algunas de las carpetas fueron rescatadas de la basura por vecinos y se le harán llegar a El Bronco. El lunes 6 arribó a la casa mencionada un camión de la empresa Semex para llevarse decenas de cajas con rumbo desconocido.
Entre los hechos criticados durante la administración de Rodrigo Medina está ofrecer todo tipo de contratos a Construcciones Chavana, una presunta constructora que hacía todo tipo de negocios para diversas dependencias, como “Servicios profesionales de dibujante”. Se sospecha que con ello ayudó a encubrir desvíos de recursos públicos.
En las investigaciones en la Corte de Texas salió a la luz que Construcciones Chavana, S.A. de C.V., fue creada por Humberto Moreira. La dirigía uno de sus familiares y recibió concesiones ilegales para construir la mayoría de los pasos a desnivel edificados durante su administración. A través de esa firma le entregó dinero del erario al empresario de medios Rolando González Treviño para comprarle estaciones de su corporativo Núcleo Radio. Además le proporcionó fondos a Casimiro González Treviño para que fortaleciera la cadena de Televisión RGC de Coahuila.
“Archivos de bancos revelan que el 7 de mayo de 2009 tres transferencias electrónicas por 162 mil 758; 65 millones 294 mil 740.08, y 288 mil 769.94 dólares provenían de Construcciones Chavana”, se lee en el documento 5:14-cr00338-OLG del caso USA vs Rolando González Treviño.
“Chavana es una entidad controlada por CC1 (Humberto Moreira) y usada por él para la distribución y transacciones de fondos robados entre México y Estados Unidos”, agrega el informe del cual Proceso tiene una copia.
“Alrededor de enero o febrero de 2006, CC1 (Humberto Moreira) comenzó a tomar dinero para su beneficio personal del gobierno de Coahuila”, se asienta en la declaración de Rolando González.
En ese robo continuado presuntamente participaron cuatro miembros del gabinete, entre ellos el tesorero, Javier Villarreal, además del empresario Casimiro González Treviño y su hermano Rolando González. La transferencia de fondos a Estados Unidos se planeó en reuniones que se celebraron en San Antonio en enero de 2009, en el club de Golf Sonterra. “Una investigación del Homeland Security confirmó que CC1 y CC2 (Moreira y Casimiro) entraron juntos a Estados Unidos en esas fechas”.
Rolando González se comprometió a entregar documentos y declarar contra Moreira para que así le reduzcan su condena. Hasta ahora ya comprobó que el exgobernador transfirió más de 25 millones de pesos a Texas.
Además, la DEA indaga la probable relación del exdirigente del PRI con Los Zetas, ya que desde marzo de 2010 la cúpula de ese cártel –encabezada por Heriberto Lazcano El Lazca, Miguel Ángel Treviño Morales El Z-40 y Enrique Rejón Aguilar Mamito– se fue a radicar a Coahuila y desde un rancho del municipio de Villa Unión Lazcano dirigió la narcoguerra que se disputaba en el noreste y en otras regiones del país.
