no es suficiente, y que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– debe ser desechado. A renglón seguido, los catedráticos señalaron que la aprobación del referido dictamen en sus términos actuales conlleva consecuencias negativas para la población, como la privatización del agua, la cual sería considerada principalmente un bien económico y no cultural y social; la ampliación de los márgenes para la contaminación industrial del líquido y la imposición de restricciones e incluso sanciones a los estudios académicos, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.
Semejantes advertencias ponen en relieve la pertinencia y necesidad de que el proceso legislativo en torno a la ley de aguas dé paso a la realización de un debate público amplio y plural en el que se escuchen todas las voces involucradas y en el que los legisladores respondan abiertamente a los señalamientos críticos formulados en torno a la iniciativa. En contraste, se exhibe también la cerrazón de los promotores de dicha ley para desacreditar, incluso con descalificaciones ofensivas y de tufo discriminatorio, todo intento de discutir y cuestionar el mencionado dictamen.
Es previsible que si se aprueba la ley de aguas se abriría un nuevo frente de ingobernabilidad, en la medida en que esa legislación acentuaría las inequidades existentes en el país entre individuos, agentes económicos y regiones. La imposición de los criterios mercantiles y tecnocráticos en el acceso de las personas a los recursos hídricos, lejos de contribuir a garantizar el acceso universal a ellos, acabaría por entregarlos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales, en perjuicio de campesinos, pequeños empresarios y consumidores individuales.
Un precedente ineludible del potencial explosivo de iniciativas de este tipo es la llamada guerra del agua
en Cochabamba, Bolivia, conjunto de protestas a principios de 2000 a consecuencia de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años a una trasnacional el sistema regional.
Si la privatización de la industria energética y petrolera generó un profundo descrédito y profundizó la percepción de una institucionalidad política carente de representatividad y de sentido de nación, es de esperar que la eventual privatización del agua produzca una reacción mucho menos contenida e imprevisible por la simple razón de que el agua es un referente vital mucho más inmediato que el petróleo.
Es necesario que, al menos por una vez, el gobierno federal y el Poder Legislativo demuestren voluntad para escuchar las demandas y los puntos de vista de la ciudadanía y privilegien el sentido de país y los intereses nacionales por sobre los corporativos.
