24 noviembre.- En sus primeras semanas al frente de la Alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro encontró problemas financieros y jurídicos que han derivado en denuncias penales para integrantes de la pasada administración.
Primero se recurrió a la revisión del casi nulo presupuesto con el que se contaría para el arranque del nuevo gobierno. Se encontró con la sorpresa de que el presupuesto había sido utilizado con fines distintos a los aprobados y con sobregiros en las partidas.
“Vamos a iniciar las investigaciones que se requieren, vamos a hacer todo lo que a nosotros nos toca para que si alguien, como me imagino, se robó un peso, pague las consecuencias y termine en la cárcel. No vamos a ser cómplices por omisión”, dijo Enrique Alfaro en su discurso público la noche del 30 de septiembre, cuando tomó protesta.
Inició la revisión al proyecto del Mercado Corona, emblemático inmueble que sufrió un incendio accidental en mayo del 2014, y que a pesar del compromiso de ser terminado antes de la gestión pasada no podrá ser ocupado sino hasta febrero de 2016.
De las revisiones se destacaron aspectos como espacios de dimensiones sumamente pequeñas, y un nulo avance que contrastaba con la aprobación de más presupuesto a la obra una noche antes de que Alfaro Ramírez tomara protesta.
Irregularidades presupuestales
Al tomar control del Municipio, la presente administración detalló que sólo contaba con 25 millones de pesos presupuestales para ser ejercidos durante lo que resta de este año.
Entre las principales acusaciones estaban la presunta malversación, desvío y sobregiro de las partidas presupuestales del 2015.
Y es que a pesar de que para 2015 el Ayuntamiento contaba con un presupuesto de alrededor de 5 mil 640 millones de pesos, para el mes de septiembre ya habían sido ejercidos un 80 por ciento de los recursos, dejando casi inhabilitada a la presente administración.
Además, Guadalajara ha sido señalada en los últimos años como uno de los municipios con más deuda pública del país. Reconociéndose así una deuda de 2 mil 997 millones de pesos más laudos.
A partir de estas investigaciones internas ya se han presentado las primera denuncias.
El pasado 30 de octubre la sindico municipal, Anna Bárbara Casillas García, informó que personal de su oficina había interpuesto 17 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Una era por el sobregiro de 171 millones de pesos de distintas partidas presupuestales, y las 16 restantes eran porque se habían dejado perder 16 juicios laborales con la pasada administración.
“Se dio un ejercicio indebido del presupuesto y estamos presentando una denuncia penal contra diversos funcionarios de la administración pasada. Los delitos que podrían encuadrar, y que le corresponde a la fiscalía investigar, es por peculado, un delito grave, con penas de dos a 12 años de prisión”, expresó Casillas García.
Las denuncias también se presentaron por desvío y el aprovechamiento de las atribuciones, ya que fondos habían sido destinados a fines diferentes para los cuales estaban autorizados, pudiendo recibir una pena entre 1 y 9 años de prisión o multas económicas.
Sin embargo no se señaló hacia quién iban las denuncias que se presentaron contra diversos funcionarios.
“Van en contra de diversos funcionarios de todos los niveles de hasta dos administraciones anteriores, por otorgar poderes a los abogados que defenderían al Municipio sin tener las facultades para hacerlo; este delito se encuadra en el abuso de autoridad”, se limitó a responder Bárbara Casillas.
Además de los problemas presupuestales, el Ayuntamiento también detectó diversas irregularidades en contratos de obra pública, informaba Enrique Alfaro el 11 de noviembre pasado.
“Las Direcciones de Obras Públicas y de Ordenamiento Territorial han encontrado irregularidades en 12 licencias de construcción que ya han sido otorgadas”, declaró el alcalde.
Además se informó que nueve trámites de licencia estaban a punto de ser otorgados ilegalmente, pues los expedientes carecían de documentación o estaban “extraviados’, además de que algunos no correspondían en el domicilio declarado e incumpliendo con los planes parciales de desarrollo.
Ya se presentaron las tres denuncias de lesividad ante el Tribunal Administrativo de Estado, pudiéndose presentar otras 15 más, con lo cual el Gobierno municipal refrendó su mano dura hacia uno de los sectores más privilegiados por las administraciones municipales, el de la construcción.
Ambulantes, problema añejo
Desde el 15 de octubre pasado, el regidor proveniente de Movimiento Ciudadano, Rosalío Arredondo Chávez, presentó la iniciativa de reforma a los reglamentos de Imagen Urbana de Guadalajara, y para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y Prestación de servicios, que fue aprobado el pasado 10 de noviembre.
“El comercio no establecido no puede violar la ley, aunque por años nos hayan acostumbrado a eso. Estamos tomando los primeros pasos para regresar el orden.
“Vamos a tomar medidas encaminadas a esto y sabemos que habrá reacciones. Va a haber desgaste y presión de algunos grupos de interés que siempre han hecho lo que han querido con la complicidad de las autoridades”, señalaba Enrique Alfaro en un comunicado emitido el 30 de octubre pasado.
A partir de la publicación de las regulaciones al comercio informal, el Ayuntamiento llevó a cabo operativos para que no se instalaran los ambulantes en las calles del Centro Histórico, causando así un fuerte debate entre la población a favor y en contra de las nuevas medidas.
El ayuntamiento le dio cuatro alternativas a los ambulantes, quienes desde los primeros días hicieron protestas a las afueras del Palacio Municipal.
Consistían en 400 plazas para tener un empleo en diversas empresas, 110 espacios en mercados municipales con la visión de que incrementaran a 500, empleo temporal en 150 espacios, y 109 lugares que serían elegidos por una mesa dictaminadora.
