México social: 25 años de lenta mejoría

 24 de noviembre 2015

 

 

 

El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de la Niñez, el instrumento internacional de derechos humanos de más rápida y más amplia aprobación al seno de la ONU. México ratificó a la convención el 19 de septiembre de 1990. 

 

Han pasado 25 años y el estado de cumplimiento de los derechos de la niñez ha mostrado un muy lento avance. Los datos de que disponemos permiten sostener que México se encuentra todavía muy lejos de ser un país apropiado para la niñez, y que no se ha logrado generar el compromiso político para destinar los recursos necesarios para conseguir que ninguna niña o niño se quede atrás en el acceso al bienestar y el desarrollo.

 

De manera lamentable, el Congreso de la Unión decidió no destinar recursos para la implementación del Sistema Nacional de Protección a la Niñez, violando con ello el contenido del artículo 4º constitucional, en lo relativo al principio del interés superior de la niñez, lo cual ratifica el diagnóstico relativo al déficit de estatalidad en el que nos encontramos, pues el Estado no es capaz de dar cumplimiento a los mandatos que se da a sí mismo, a través de la Carta Magna y sus leyes.

 

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada día fallecen 16 mil niñas y niños antes de cumplir sus primeros cinco años de vida.  En México, el promedio anual, entre los años 2004 y 2013 fue de 35 mil 892 defunciones por año; de las cuales, de acuerdo con Unicef, 45% ocurren durante los primeros 28 días de vida.

 

En total, en el periodo referido, en México fallecieron 358 mil 920 niñas y niños menores de cinco años, de los cuales, 299 mil 984 tenían precisamente menos de un año de edad al momento del fallecimiento, es decir, 83.5% del total de las niñas y niños que pierden la vida antes de cumplir sus primeros cinco años.

 

Lo anterior se ve reflejado en la muy lenta disminución de la tasa de mortalidad infantil, en la cual se observa incluso un retroceso, por primera vez en 20 años, entre los años 2013 y 2012. En efecto, los datos del Inegi muestran que el indicador pasó de 12.3 defunciones por cada mil nacidos vivos, a 13 por cada mil en sólo un año.

 

Para poner a este indicador en contexto, basta con señalar que en Japón la tasa es de 2.13 defunciones por cada mil nacidos vivos; en Suecia es de 2.6; en España es de 3.3; en Cuba es de 4.7; en Estados Unidos es de 6.2; mientras que en Chile es de siete.

 

 

El módulo de trabajo tnfantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, muestra que en el país había en ese año 29.33 millones de niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años de edad. De ellos, 2.11 millones no asiste a la escuela: 276 mil no asiste porque trabajan, 102 mil por discriminación o violencia, 444 mil por carencia de recursos económicos, 705 mil por falta de interés, 121 mil por “motivos familiares” y 123 mil por accidente, enfermedad o discapacidad.

 

Esos datos evidencian la ausencia de un sistema de protección integral a la niñez que garantice, que sea cual fuere la condición socioeconómica de las niñas y niños, no se vean impedidos de tener garantizado su derecho a la educación.

 

En este contexto, 2.53 millones de niñas y niños trabajan; de ellos, 1.7 millones son niños y 827 mil son niñas. Del total señalado, hay 913 mil que sólo se dedican a trabajar; y el resto estudian y laboran.

 

Destaca el hecho de que 1.27 millones son niñas, niños y adolescentes que fungen como trabajadores subordinados o remunerados.

 

Además, poco más de 104 mil son “trabajadores por cuenta propia” (la mayoría de ellos en actividades de ambulantaje). Mientras que 1.15 millones son trabajadores no remunerados, de los cuales una gran cantidad labora en actividades agrícolas, y otra parte colabora en negocios familiares sin recibir ningún tipo de salario.

 

 

Las niñas y los niños tienen derecho al mayor nivel de bienestar posible. Esto no se cumple en nuestro país: de acuerdo con la información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), de los poco más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el país, 21.3 millones son pobres, 29.6 millones enfrentan al menos una carencia social, 24.9 millones no tienen seguridad social, 11 millones enfrentan vulnerabilidad por carencia a la alimentación y 9.8 millones carecen de servicios al interior de sus viviendas.