17 de enero 2016
Al Estado mexicano le importa un rábano el combate a la corrupción. A 16 años de la alternancia democrática, México no tiene ni leyes, ni instituciones que permitan enfrentar los abusos de un cargo público para obtener un beneficio privado. El presidente Peña Nieto ha afirmado que la corrupción es un problema cultural. Yo tengo una teoría alternativa: desde la lógica política, la corrupción no es un problema, sino una solución a los desafíos de gobernabilidad. La complicidad, la transa y la ausencia de castigo son palancas y manivelas para administrar las ambiciones de los políticos profesionales. Hoy en México, la corrupción y la impunidad son factores de estabilidad política.
¿Cómo entender que un fiscal en Texas y un juez español sí pudieron actuar ante la evidente malversación de fondos de Humberto Moreira, mientras que en México el ex gobernador de Coahuila gozaba de plena impunidad? Ante la ausencia de leyes, normas y voluntades tenemos que depender de la caridad internacional para ponerle un freno a la impunidad. De acuerdo a expedientes judiciales publicados por el periódico El Español, Humberto Moreira robó y blanqueó 246 millones de euros, que a precios actuales representan un 13% de la deuda pública de Coahuila. Este monto es superior a cuatro años de recaudación del Impuesto a la Nómina en la entidad. Somos la treceava economía más grande del mundo y no podemos poner tras las rejas a uno de nuestros cleptócratas más obscenos.
Uno de los lugares comunes más dañinos del debate público es que México es un país con leyes bien redactadas, pero mal aplicadas. En el tema de la corrupción esta afirmación es equivocada y perversa. Quien sostenga semejante cosa no le ha dedicado mucho tiempo a leer las normas que determinan la suavidad de las sanciones y la eficiencia de los perdones en los casos de corrupción. Como muestra va un frasco de botones: en 25 entidades de la República se puede salir bajo fianza por enriquecimiento ilícito. En Jalisco la sanción por abuso de autoridad es de 2 semanas de salarios mínimos. En Nayarit, los delitos de concusión y peculado prescriben en 1 año. En 15 estados, el enriquecimiento ilícito prescribe en sólo 3 años. En 8 estados, el delito de tráfico de influencias prescribe también en 3 años.
En Hong Kong, el Ministerio Público encargado de luchar contra la corrupción tiene un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos. En Singapur, el órgano equivalente en 2015 recibió más de 400 millones. En México, la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGR, apenas recibió 26 millones de pesos en 2015. Por cada peso que destinan en México, en Hong Kong se gastan 75 en combate a la corrupción. Desde 1998, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 444 denuncias con indicios de malos manejos de recursos públicos. De ese número, la PGR tiene pendientes de resolver 421 casos. De acuerdo al portal de transparencia, la oficina de PGR encargada de atender este rezago sólo cuenta con 12 empleados.
Si hubiera voluntad política para enfrentar la corrupción, después del escándalo de la casa de Malinalco, Luis Videgaray debió renunciar a su cargo como secretario de Hacienda. No tenemos leyes, no hay instituciones y menos voluntad para encarar la misión incumplida de nuestro tiempo. El Sistema Nacional Anticorrupción apenas está en sus cimientos. El resto del edificio es sólo una maqueta.
La corrupción es el punto ciego del gobierno de Peña Nieto y del resto del sistema político. No la ven. No reaccionan. No pueden hablar de ella sin soltar un cliché o caer en una contradicción. Cambiar las leyes escritas que permiten la corrupción y fomentan la impunidad, implicará transformar las normas no escritas que gobiernan nuestra vida política.
