17 enero 2016.- Para las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, la campaña de desprestigio que actualmente padecen está relacionada con su trabajo y con los estamentos de poder del Estado aparentemente intocables, afectados por la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas.
En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (de 2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores, advierte en entrevista con La Jornada la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz.
En entrevista por separado, Ángela Buitrago coincide: Es una persecución que estamos viviendo y que se está dando en los momentos en que estamos incomodando posiciones o decisiones. Sin embargo, ni con difamaciones ni con injurias es la forma adecuada para tratar de esclarecer los hechos de Iguala.
Grupos simpatizantes del Ejército mexicano, la ultraderecha y sectores conservadores han iniciado una campaña en su contra. A Paz y paz la acusan vagamente de violar los derechos humanos en Guatemala, donde encarceló, entre otros, al ex dictador Efraín Ríos Montt. A Buitrago, de encarcelar injustamenteal ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, recientemente liberado en un proceso amañado.
Ambas se han enfrentado a los estamentos militares de sus respectivos países en la búsqueda de justicia y la reparación a las víctimas, algo que, dicen, ha molestado a algunos grupos afines a losperpetradores, al igual que en México, donde el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún se niega a recibir a los expertos de la CIDH bajo el argumento de que son extranjeros, y rechaza que entrevisten a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa.
La campaña negra, señalan, está dirigida al trabajo del grupo, pero tiene además un componente de género. Los ataques están dirigidos directamente contra las dos mujeres del GIEI, contra las dos fiscales que han denunciado a militares y funcionarios corruptos en complicidad para cometer genocidio y graves crímenes tanto en Guatemala como en Colombia.
Estamos viviendo un sicariato moral, dice Buitrago sin cortapisas. Añade: pretenden acabar moralmente con Claudia Paz y conmigo, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que están diciendo es completamente falso, no tiene ningún sentido.
–¿Esta campaña de difamación ha afectado el trabajo del GIEI?
–Es muy incómodo, es absolutamente insoportable que estemos recibiendo esta clase de injurias, pero nosotros hemos decidido continuar el trabajo de manera permanente, sin ningún obstáculo, a pesar de que nos lo quieran poner de esta manera. De todos modos eso siembra una aura mediática, pero tratamos de seguir nuestra labor con la misma fuerza, porque lo que nos interesa es buscar a los normalistas de Ayotzinapa y encontrar los medios probatorios para esos efectos”.
Falta el Ejército
Las últimas investigaciones del GIEI conducen al Ejército, un aspecto de la indagatoria que no ha sido desahogado por la Sedena, que se niega a aceptar la presencia de los expertos en los interrogatorios a los militares involucrados en el caso.
Claudia Paz y Paz explica que desde el principio intentaron entrevistar a los integrantes del Ejército, algo que se les ha negado de manera reiterada: “Desde el primer mes hemos solicitado una entrevista directa con los militares que estaban de servicio esa noche, porque en el expediente están todas sus declaraciones donde consta que habían presenciado la captura, la detención de los jóvenes que ahora están desaparecidos; en otro momento habían resguardado las escenas de los crímenes y habían visitado la comandancia de la policía.
Para nosotros es fundamental obtener estas entrevistas, no sólo para la información, sino por la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, añade.
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó los interrogatorios por escrito, algo que no ha despejado las dudas de los expertos: Quedaron aún muchas lagunas. Por una parte, no se consignan las preguntas y las respuestas; por la otra, hay contradicciones con las segundas declaraciones, que en lugar de esclarecer, son aún más ambiguas, señala la ex fiscal guatemalteca.
Su último intento ha sido solicitar al presidente Enrique Peña Nieto quereconsiderara la posibilidad de que se permita entrevistar a los militares:Y todavía no tenemos respuesta. No me queda clara la razón. Hemos estado entrevistando en forma directa a los integrantes de la Policía Federal que estuvieron esos días en servicio. Hemos estado presentes cuando los ha entrevistado la PGR; estamos anuentes a que se hagan las preguntas por parte de la procuraduría, pero lo único que pedimos es estar presentes en ese momento, como lo hemos hecho en varias diligencias ministeriales.
A pesar de que el tiempo corre y terminarán su segundo periodo de investigaciones en abril próximo, la respuesta del Estado ha sido negativa, algo que evidentemente levanta las sospechas.
La PGR ha accedido solamente a realizar un tercer interrogatorio en este momento, pero repitiendo el mismo esquema, algo que no aporta datos precisos a las indagatorias sobre el paradero de los 43 normalistas: Es importante para nosotros estar presentes, sugerir las preguntas, porque hay temas que no nos han quedado claros. Es la tercera vez que algunos de ellos declaran. Sería muy importante para ellos, y para todos, que la diligencia fuera lo más exhaustiva posible, para no dejar ningún espacio sin esclarecer.
Las injurias
Ángela Buitrago, conocida en Colombia como La fiscal de hierropor haberse enfrentado a los poderosos e intocables estamentos militares e investigar 20 años después crímenes de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, con condenas históricas y ejemplares, ha sido atacada en México por grupos que simpatizan con el Ejército.
Entre los difamadores se encuentran el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, dirigido por Rafael Herrera Piedra; el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por José A. Ortega Sánchez, y la Mesa de Juicio y Paz y Movimiento Blanco, coordinada por Ramón Hernández Flores.
La última acción de estos grupos ultraconservadores y pro militares fue organizar, el pasado 12 de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la conferencia titulada La verdad en la investigación de Ayotzinapa, a cargo precisamente del recién liberado coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, encarcelado por la ex fiscal Buitrago por desaparición forzada y condenado a 30 años de prisión, pero absuelto cinco años después en un proceso irregular.
La presencia del militar colombiano hablando de Ayotzinapa se inscribe dentro de esta campaña de difamación: Es una forma de tratar de cuestionar las actividades que hace el grupo, que no tiene ninguna relación con mi actividad. Una cosa es lo que yo pude haber vivido frente a una persecución permanente y tergiversación a través de los ataques contra mí como funcionaria de instrucción en Colombia, y otra lo que está haciendo el GIEI en México, que tienen que deslindarse perfectamente, indicó Buitrago.
Citando al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la ex fiscal aclara que estas difamaciones no pueden atacar la labor impecable del grupo de expertos, pues deciden centrarla en ella: El objetivo es atacar el trabajo del GIEI a través de cosas que ya están más que aclaradas en Colombia y demostradas que nunca sucedieron. Están generando esa guerra sucia porque resultamos incómodos en el momento en que estamos haciendo la investigación.
Entre las acusaciones de los grupos conservadores está el haber desechadopruebas de la UNAM y de la Universidad de Innsbruck sobre el caso Ayotzinapa.
Yo no he descalificado a Innsbruck ni a la UNAM; al contrario, el último informe como grupo fue precisamente basarnos en las pruebas que señaló esta última para decir que no había elementos para considerar que hubiese sido el lugar de la incineración de cuerpos el basurerode Cocula. Precisamente utilizamos los documentos que reposan en la investigación para argumentar y sustentar todas las afirmaciones que hacemos.
–¿Hay un componente de género en esta guerra sucia contra las dos mujeres del GIEI?
–Sí, el ataque ha sido directo por razones de género, por el cargo que ocupamos y las investigaciones que realizamos, que tocan a ciertos sectores que son intocables en ciertas partes del mundo y por esa razón las sentencias contra los políticos están en firme, y otros funcionarios de Estado que se dictaron por corrupción están en firme. Es una persecución sin ninguna justificación válida, sino simplemente crear un ambiente, llevar una idea que permanezca en el imaginario colectivo y descalificarnos. Cuando no tienen argumentos serios para debatir y dialogar con el contrario, lo que optan es por atacarlo personalmente para acabar con su concepto ético y moral. Y también para derrumbar y causar obstrucción en las investigaciones.
–Atacan a dos mujeres fuertes, dos ex fiscales que se han enfrentado a estamentos intocables, como el Ejército, en sus respectivos países...
–Sí, por la discriminación que existe en algunas concepciones y en personas en particular sobre la mujer, algo que lleva a atacar a este sector para lograr mayor adherencia a esa clase de descalificaciones cuando se aprovecha la discriminación como elemento esencial. El fondo es tratar de deslegitimar el trabajo del grupo y al mismo GIEI. Cuando se utilizan falacias, mentiras, infamias e injurias, no es un buen futuro lo que nos espera”.
Las filtraciones del gobierno en el sentido de que los expertos amenazaron con irse, son aclaradas por Claudia Paz y Paz: No nos vamos a ir; más bien, esperamos contar con las condiciones que hagan posible nuestro trabajo sobre Ayotzinapa.
