La Reforma Energética, que se discutió y aprobó entre 2013 y 2014, argumentó los problemas financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como las principales urgencias para realizar el cambio constitucional más importante en el sector desde 1938.
Y no sólo eso: el Gobierno federal y los legisladores del PRI, apoyados por sus partidos satélites como el Verde y el Panal, e incluso el PAN, pintaron un escenario catastrófico que incluyó la ausencia de recursos públicos para garantizar el crecimiento del consumo de la energía en el país y, por tanto, el riesgo para la seguridad energética. Además, dijeron entonces, era un peligro que México se endeudara más y más para financiar la operación de las dos grandes paraestatales que aún le quedaban entonces al Estado y, por tanto, era urgente que la iniciativa privada –nacional y extranjera– entrara al quite para no castigar el gasto social: el dinero destinado a la educación, la salud, la seguridad y, por supuesto, el combate a la pobreza.
Dijeron también que los monopolios de Pemex y la CFE se habían agotado, que México nunca podría tener energía a precios más accesibles mientras ambas empresas dominaran el mercado y, por tanto, la única salida era reestructurarlas y dejar que más participantes asumieran los riesgos.
Sin embargo, a un año y cinco meses de la aprobación de la Reforma Energética en el Congreso, los argumentos de su defensa se han resquebrajado al tiempo que se desbaratan con rapidez las dos últimas grandes compañías del Gobierno federal.
El disparate, sin embargo, es que las empresas privadas están adquiriendo activos, pero no están asumiendo la totalidad de los riesgos ni mucho menos.
El Gobierno federal, contrario a sus afirmaciones, está financiando el crecimiento del sector –lo mismo la modernización de infraestructura ya existente que la creación de nuevos proyectos– con mecanismos financieros que ya usaban antes de la reforma y que, además, ponen en riesgo las cuentas públicas, pues se utilizan garantías gubernamentales y deuda como motor para su expansión.
En un contexto de bajos precios del petróleo, con la economía China en recesión y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, el Gobierno de Peña Nieto, con la Secretarías de Hacienda y Energía como puntales, le está dando a los privados un cómodo escenario pues, al final, con dinero público, con el mismo con el que Pemex y la CFE generaban riqueza y podrían modernizarse, ahora las empresas energéticas nacionales y extranjeras explotarán los recursos naturales pero, de ningún modo, asumirán el riesgo total del financiamiento y la construcción de infraestructura.
Es decir, como ya es costumbre en este país sexenio tras sexenio, y según el grupo político y empresarial que esté al frente, una vez más esa infraestructura se pagará con recursos públicos y más deuda, por supuesto, que se pondrán además en pocas manos, lo que no incentivará el mercado y la competencia, pero sí la concentración de la riqueza.
Si Pemex y la CFE era los monopolios de la energía en el país hasta hace unos meses, ahora lo serán unos pocos empresarios que, además, estarán financiados, o mejor dicho subsidiados, con dinero de todos los mexicanos.
Ayer, el diario La Jornada publicó que Pemex, inmersa en su peor crisis financiera de la historia, despedirá hasta 10 mil 553 trabajadores en 2016 y esas plazas serán canceladas de manera definitiva. El recorte equivale a 7.38% de su plantilla si se considera que en la empresa laboran 142 mil 976 empleados y funcionarios.
Emilio Lozoya Austin, director general de la Empresa Productiva del Estado, envió un documento al subdirector de Presupuesto de Pemex, Mario Govea Soria, donde plantea que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ”la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente, a fin de alinear la estructura organizacional y ocupacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados en el presupuesto de servicios personales para el ejercicio fiscal 2016”, esto de acuerdo con la información publicada por ese diario.
El constante descenso de la plataforma de producción unido a un desplome de los precios del crudo, que acaricia su costo de producción, ha puesto en un verdadero aprieto a la Empresa Productiva del Estado.
Petróleos Mexicanos está en números rojos y diversos especialistas sostienen que la empresa tiene una crisis técnica y que de no mejorar la administración de sus finanzas su producción seguirá en caída libre.
Sin embargo, al tiempo que Pemex se resquebraja y también se desmantela, el Gobierno federal sigue gastando a manos llenas para darle a los privados la operación energética del país. Y esta maniobra no ocurre sólo en la petrolera sino también en la CFE, ahora ya separada formalmente en 10 subsidiarias, con estructuras diferenciadas que, además, darán cabida a la iniciativa privada.
Entonces, ¿dónde quedaron los argumentos para hacer una reforma que salvara a Pemex y a la CFE?, ¿por qué el Gobierno federal y los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal prometieron una cosa y ahora sucede otra muy distinta?, ¿cuánta deuda se sumará a las arcas nacionales para hacer atractivo al sector y los privados, de aquí y de allá, entren como Pedro por su casa a explotar los recursos del país?
En este proceso de privatización artero hay muchas preguntas de quienes cargarán con el muerto, es decir todos los mexicanos.
Pero el Gobierno federal y los políticos que aprobaron la Reforma Energética guardan silencio y no dan cuenta de su disparate, porque lo que para nosotros es un despropósito, para ellos y sus socios en la IP resultará un negocio redondo.
¡Falta más! Aun en plena crisis de petroprecios, hay un Estado dispuesto, muy interesado además, en que la infraestructura privada crezca y que lo haga, claro, con recursos públicos.
