MEXICO, D.F. (apro).- Para ser el “salvador” del régimen y vivir el Mexican Moment, las encuestas que por todos lados se han difundido sobre el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto son muy negativas.
A 20 meses de asumir el poder y ante el cierre de la reforma energética, el desencanto ciudadano frente a la administración peñista es tan alto que algunos analistas lo llaman ya el defecto peñista.
El desencanto es el signo entre los ciudadanos. No importa si están a favor o en contra de las reformas estructurales. El reformismo peñista no está movilizando ni a sus propios aliados. Ni siquiera en Estados Unidos se leen los grandes reportajes favorables que se promovieron en la época de Carlos Salinas, cuando se profundizó este ciclo de desmantelamiento del Estado.
Las encuestas de los periódicos Reforma, Buendía-El Universal, así como de las empresas Parametría y GEA-ISA, son muy claras: la calificación del gobierno de Peña Nieto es menor a 6, más de 50% de los encuestados tiene una opinión negativa sobre la economía, más de 65% cree que con la reforma energética no bajarán los precios de la luz ni de la gasolina y más de 60% tiene percepciones negativas sobre la violencia y el combate a la corrupción.
De las reformas estructurales, las que menos importan a los ciudadanos y que menores opiniones favorables tienen son aquellas que han resultado las más complejas y conflictivas: las de telecomunicaciones y las energéticas.
La Sexta Encuesta Nacional, realizada por GEA-ISA, fue muy reveladora: 65% de los consultados está a favor de una consulta popular en materia energética, contra 17% que cree que la reforma del Ejecutivo es necesaria; incluso, 50% opinó que se debe modificar la reforma constitucional de 2013 (y no les preguntaron por las leyes secundarias aprobadas fast track en el Congreso).
El 74% de los 800 encuestados por la empresa Parametría opinó que no disminuirá la corrupción en los contratos que se entregarán derivados de la nueva Ley de Hidrocarburos. El 64% opina que las empresas extranjeras de petróleo “sí influirán” en los asuntos políticos del país.
Sobre el impacto al medio ambiente de las reformas energéticas, Parametría reportó que 37% cree que “habrá más daños” frente a 34% que considera que “seguirá igual” y sólo 19% que consideran que habrá “menos daños”.
Más recientemente, la encuesta del periódico Reforma entre mil 20 mexicanos documentó que las dos grandes reformas recientes –la energética y la de telecomunicaciones– cuentan con el apoyo de menos de 50%.
El 40% consideró como “mal” y “muy mal” la reforma energética, contra un 33-34% que la apoyó como “muy bien” y “bien”. El 66% opinó que será “útil” una consulta popular sobre el tema.
El 42% de los encuestados opinó que la reforma de telecomunicaciones “favorece a los actuales monopolios” y 56% de los líderes de opinión avaló esta percepción.
El rubro peor evaluado en la gestión peñista fue el combate a la corrupción: 84% tiene opiniones desfavorables, seguida por la violencia en el país (68%) y la falta de empleo (62%).
Ante estos sondeos recientes, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, declaró en días pasados que Peña Nieto no gobierna con encuestas sino que “trabaja para sacar adelante las reformas”.
La declaración del principal responsable de la política interior del gabinete incurre en el mismo error de diagnóstico: la percepción favorable del gobierno de Peña Nieto no depende de las reformas y sus promesas sino de los hechos que no existen en la percepción pública.
No hay mejoría económica para la clase media. No hay mejores y más empleos. La reforma educativa resultó un fiasco. No ha disminuido la violencia derivada de la “guerra” desatada contra el crimen organizado. No existe una percepción de eficacia sino, al contrario, de torpezas, contradicciones, falta de pericia para gobernar.
La ineficacia está directamente relacionada con un problema mayúsculo de comunicación política: los distintos voceros de gobierno caen en contradicciones permanentes, las cifras de los logros y de las magnas inversiones futuras se exageran y existen los incentivos suficientes para alentar el error del jefe porque en cada secretaría hay mandos encontrados.
El estilo Atlacomulco de gobernar se está encontrando con una realidad más compleja a escala nacional. No basta con controlar los medios masivos de comunicación ni destinar enormes cantidades de recursos, favores y prebendas para que los “generadores de opinión pública” hablen a favor de la administración federal.
Confundir comunicación política con mercadotecnia mediática fue el error fundamental de los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. La administración peñista cae en la misma falla, pero con un agravante: la operación política para imponer las reformas ha anulado la percepción de división de poderes, de federalismo y de contrapesos.
Los errores que se comentan derivados de las “reformas estructurales” tendrán un solo destinatario: el propio titular del Poder Ejecutivo.
Los distintos observadores internos y externos se preguntan por qué los ciudadanos opositores no han salido a protestar por la reforma energética, por qué existe tanta desidia ciudadana. ¿Están anestesiados? ¿Están indiferentes? ¿Están silenciosos?
Están desencantados. Y el desencanto no moviliza. Por el contrario, genera apatía ciudadana que afectará a todos los partidos, al gobierno y al consenso ficticio de la opinión pública.
