La bancada asentó que el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada, ha puesto en evidencia la impunidad que favorece a las autoridades que son omisas o indiferentes ante cada caso que se reporta
El grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en San Lázaro consideró que las observaciones a México emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constituyen una oportunidad para atender integralmente este fenómeno en su trágica dimensión.
En un comunicado destacan que es necesario reconocer el carácter generalizado de las desapariciones forzadas e involuntarias, como hoy afirma el CED, de acuerdo con el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2014, abrió 315 expedientes por desaparición forzada o involuntaria, que involucran a 436 presuntas víctimas, "tan sólo de los casos de los que tuvo conocimiento dicho órgano".
La bancada asentó que el caso paradigmático de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada, ha puesto en evidencia la impunidad que favorece a las autoridades que son omisas o indiferentes ante cada caso que se reporta, así como la ausencia de sistemas estadísticos sobre personas desaparecidas y de protocolos obligatorios para emprender la búsqueda inmediata de las víctimas, por lo que de continuar esta tendencia, otro caso similar podría ocurrir en el país en cualquier momento.
"A lo largo de esta Legislatura hemos exigido lo que hoy el CED confirma: se necesita una tipificación estricta a nivel nacional y su homologación absoluta a nivel local, instrumentos de búsqueda e investigación, sistemas informáticos y bases de datos para actualizar las tareas de agentes del Estado, así como la aprobación urgente de la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales", agregan.
El texto firmado por todos sus integrantes resalta que de no atenderse el tema, existe la posibilidad de que los casos puedan llegar a la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad, de no ser atendidos en la jurisdicción nacional.
De ahí que es necesario ajustar el marco legal para cumplir con el Estatuto de Roma, y poder establecer una relación adecuada con ese tribunal internacional, como lo han propuesto reiteradamente en el ámbito legislativo.
"Lamentamos las actitudes contradictorias del Gobierno Federal, que en su misión a Ginebra manifestó a la ONU disponibilidad a resolver los pendientes en materia de desapariciones, pero hoy las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional rechazan, sin fundamento, el diagnóstico y las propuestas del CED", indicaron.
