Autor:
Daniela Barragán
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El Ejecutivo federal planteó en el Proyecto de Egresos de la Federación 206 una disminución de más de 15 mil millones de pesos de presupuesto para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). De aprobarse tal como está sería una de las reducciones más fuertes del Paquete Económico 2016.
Durante la administración de Peña Nieto y bajo el mando de Enrique Martínez y Martínez, el presupuesto de esta dependencia había aumentado. Sin embargo, para el próximo año se previó el primer ajuste presupuestal para la Sagarpa.
Los más de 15 mil millones significan una pérdida del 16.74 por ciento respecto a lo que recibió en 2015, año en que, por el contrario, su presupuesto aumentó un 7.5 por ciento.
De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el 99.6 por ciento del presupuesto de esta Secretaría va dirigido a subsidios enfocados al sector agropecuario. Sin embargo, esta ha sido una de las áreas que más críticas ha recibido por parte de organizaciones civiles que han señalado que los programas de apoyo al campo no fomentan la productividad de los campesinos, además de que la mayoría de los recursos se quedan en manos de grandes productores.
En entrevista para este diario digital, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), la reducción atenta contra lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que señala que no puede haber una reducción de presupuesto en ese ámbito en términos reales. Además, dijo, es a contracorriente porque justo en momentos en los que importar productos es más caro por la devaluación del peso, debería impulsarse aún más la autosuficiencia alimentaria.
“Es una decisión inaceptable, porque además profundiza el abandono al campo mexicano y genera una perspectiva inapropiada para impulsar la producción de alimentos en un momento donde se está viviendo una crisis devaluatoria que hace muy caras las importaciones y se debe impulsar con fuerza la producción interna de alimentos, porque siempre se ha dicho que el presupuesto tiene que impulsar a los pequeños productores y no a los agricultores comerciales y a grandes empresas agroalimentarias”, afirmó Suárez Carrera.
PRESUPUESTO A PROGRAMAS SOCIALES
Actualmente, el 80 por ciento de los subsidios al campo se canalizan en el 10 por ciento de los agricultores más ricos. En teoría, este tipo de apoyos son un instrumento de fomento y distribución del ingreso, pero, de acuerdo con Suárez Carrera, tienen que ser aplicados correctamente, “no porque los subsidios actualmente estén mal aplicados significa que deban desaparecer, se deben reorientar a los pequeños productores”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) plantea que las políticas gubernamentales asistencialistas y de apoyos económicos sólo sirven para la manutención de las familias y no para invertir en las actividades agrícolas.
Al respecto, el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza ha señalado que los programas de la Sagarpa están mal aplicados y que favorecen el clientelismo; que carecen de un padrón claro y accesible, y no prioriza en la gente con mayor necesidad.
Para organizaciones campesinas y de especialistas del sector agropecuario, el abandono deliberado al que están sometidos los pequeños productores proviene de la puesta en marcha de la política neoliberal en México y, concretamente, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo consigo la focalización del mercado en grandes empresas y el olvido de la base productiva.
Hace unos días, el Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez, dijo en entrevista para SinEmbargo que los gobiernos deben atender al campo mexicano pensando también en los problemas de salud pública que se han generado a partir del descuido a los pequeños productores.
Esta Secretaría manejó en 2015, 48 programas federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
La Sagarpa, que se ocupa de una población en la que más se concentra la pobreza, destina 73 mil millones de pesos, pero éstos son regresivos y aumentan la desigualdad. El Frente a la Pobreza consideró que se tienen enfoques limitados y están llenos de trámites burocráticos.
Por su parte, el director de la Anec aseguró que impulsarán en la Cámara de Diputados un frente amplio de organizaciones campesinas, rurales y de consumidores para que se cumplan tres orientaciones centrales: que no haya reducciones en términos reales respecto a lo aprobado en el proyecto 2016; que el 80 por ciento de éste sea un fomento productivo y no asistencialista para los pequeños productores; y el impulso a un nuevo modelo de producción sustentable que sustituya al modelo agotado de “Revolución Verde”.
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