10 de marzo 2015
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tragedia y el desastre de los más de 27 mil desaparecidos en México salieron a relucir en las audiencias públicas realizadas en el Senado.
En principio, sólo existe un acta circunstanciada o averiguación previa por cada nueve desaparecidos en el país, no se consideran los miles de migrantes que desaparecen en su tránsito por México y existen indicios de que grupos criminales utilizan los centros de rehabilitación para reclutar jóvenes y “realizan con ellos delitos, incluyendo, la desaparición de personas”.
Así lo expresaron, entre otras representantes de víctimas, Graciela Villagómez, de la Red Eslabones Región Centro Norte, así como Grace Mahogany Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), quienes subrayaron la falta de datos y de un censo confiable para distinguir entre desapariciones o personas extraviadas y desapariciones forzadas que involucran a agentes del Estado (policías, militares o agentes ministeriales).
Nadín Reyes, del Comité de Familiares “Hasta Encontrarlos”, presentó un documento con diez propuestas concretas , no sin antes advertir que las desapariciones forzadas en México “forman parte de una política de Estado, sistemática y generalizada”, un crimen “de lesa humanidad” que afecta a familiares, víctimas y a la población en su conjunto.
Entre los diez puntos más importantes propuestos por Reyes Maldonado destacó la necesidad de distinguir y tipificar bien los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. En ambos casos, “son de carácter permanente e imprescriptible”.
Propuso, al igual que la mayoría de los participantes, que la búsqueda se inicie en las primeras cinco horas, “poniendo en marcha todas las alertas existentes y realizando la búsqueda de campo”. Para ello, demandó la creación de “fiscalías especializadas en cada entidad federativa”.
En el caso de la búsqueda nacional o trasnacional, ésta se debe realizar “sin que exista de por medio denuncia o reporte”, y “garantizar en todo momento la seguridad e integridad física y psicológica de los familiares”.
Luego recordó que el pasado 3 de diciembre diversas organizaciones entregaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado una iniciativa de ley en esta materia que incorpora sus propuestas, así como la creación de un “registro nacional de personas desaparecidas”, diferente al que actualmente existe, y que contenga casos registrados desde los años sesenta a la actualidad, así como crear un instituto nacional forense autónomo.
En las mismas comparecencias salieron a relucir los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, y de Tierra Blanca, Veracruz, como emblemáticos de la desaparición forzada, pero también se expusieron varios casos del Estado de México y de Querétaro.
Manuel Ramírez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Álvarez, desaparecida en 2004, denunció a agentes judiciales del Estado de México, quienes lo amenazaron a él, a su esposa y a sus otros hijos obligándolos a salir de Ecatepec.
Ramírez Juárez también denunció que las compañías telefónicas como Iusacell, Unefon y otras “no quieren, ni aun con mandato de los jueces, proporcionar la información, y todo eso nos dificulta a nosotros para encontrar a nuestros familiares”.
