MÉXICO, D.F. (apro).- La agravación de la pobreza en el país, que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el jueves 23, evidencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto carece “de una política integral para reducir la pobreza y la igualdad”, y que “no hay razones para confiar en las promesas de futuros beneficios porque haya crecimiento de la economía”, planteó hoy el colectivo de organizaciones reunido bajo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Al aseverar que “entregar despensas, uniformes, tenis, pisos de cemento, cheques o pantallas de TV no constituye una política social”, las 60 ONG llamaron al Estado a abandonar sus “programas sociales para ‘repartir cosas’” y en cambio a adoptar una “política social con enfoque a derechos”.
El colectivo deploró, en un pronunciamiento, que la economía mexicana se encuentre plagada por las políticas de salario mínimo, la corrupción y el clientelismo, las exenciones “millonarias” de impuestos, el magro efecto redistributivo del gasto público o el mal manejo de los programas de apoyo económico, cuya suma genera la agravación de las brechas de la pobreza.
De acuerdo con el estudio del Coneval sobre la medición de la pobreza en 2014, a finales del año pasado había 63.8 millones de mexicanos cuyos ingresos resultaron insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, 3.2 millones de personas más que cuando que la administración de Peña Nieto tomó las riendas del país.
Entre ellos, el ingreso de 24.6 millones de mexicanos –uno de cada cinco– no era suficiente para comer y se encontraba en una situación de pobreza extrema de ingresos.
Y, en un mensaje directo a distintos integrantes del gabinete –entre ellos la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el titular de Hacienda, Luis Videgaray–, el colectivo advirtió: “A quienes festejan reducciones en décimas de punto hay que avisarles: en esta condición extrema hay un millón 100 mil mexicanos más que en 2012”.
Desde que se dieron a conocer los resultados del Coneval el pasado jueves, tanto Robles como Videgaray manifestaron su satisfacción ante la reducción de la pobreza extrema en el país, resultado –según ellos– de la buena focalización de las políticas sociales hacia “los más pobres de los más pobres”.
Salarios de hambre
Los mexicanos están, en promedio, 3.26% más pobres que en 2004, lo que resulta grave, ya que el factor central en el incremento de la pobreza es la reducción de los ingresos, según las ONG.
“En México la pobreza afecta a quienes trabajan”, recordó el colectivo, al insistir en que “muchas personas trabajan mucho y viven en pobreza”.
También denunció que, al fijar el salario mínimo en 65.58 pesos diarios –por debajo de la línea de bienestar del Coneval–, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos actúan “en abierta violación de la Constitución” y tienen “una grave responsabilidad en el crecimiento de la desigualdad”.
Luego reiteró que un trabajador que gana un salario mínimo se encuentra en pobreza, mientras que si tiene un hogar que mantener, cae en pobreza extrema.
Por lo anterior, urgió al incremento del salario mínimo para el año 2016, así como reforzar los controles laborales para evitar los contratos de protección y la presencia de trabajadores informalizados en empresas formales.
La población que formó parte del decil más pobre del país, el año pasado recibía en promedio 456 pesos mensuales por persona, o 15 pesos por día. Si bien representa un incremento de 9.12% en comparación con 2012 –lo que, en cifras reales, equivale a un aumento de 38 pesos mensuales–, sigue siendo inferior en 14.58% al ingreso de los más pobres de 2004.
En cambio, el 1% de los mexicanos más ricos concentra 21% de los ingresos del país y 43% de la riqueza total, la cual es la suma de los ingresos con los demás activos de la economía.
Carencias
El año pasado, todavía 70 millones de mexicanos carecían de acceso a un seguro social, 22 millones a servicios de salud y 28 millones no tenían acceso adecuado a la alimentación. Alrededor de 600 mil más que en 2012.
Y el colectivo subrayó que no todos los “afiliados” a estos distintos servicios tenían un acceso efectivo a ellos.
Por ejemplo, las ONG resaltaron que si bien el rezago en el acceso a la seguridad social se redujo, “eso no quiere decir que las personas sin carencia cuentan con una protección de seguro social completo”. Evocaron, por ejemplo, a los beneficiarios del programa de pensiones “65 y más”, quienes reciben la magra cantidad de 525 pesos mensuales sin cobertura de salud.
A pesar de contar con financiamiento federal, el Seguro Popular depende por su parte de los sistemas estatales de salud, en los cuales “se presentan múltiples problemas de opacidad, dispendio y graves errores de planeación y gestión en detrimento de la calidad de la atención”.
El colectivo también consideró que el gobierno federal comete un “grave error de enfoque” en el combate a la pobreza, al concentrar sus esfuerzos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, su programa estrella implementado desde los primeros tiempos del sexenio priista.
“La Cruzada presenta problemas serios de diseño y de rendición de cuentas, quizá los más importantes son que reduce su objetivo a 7 millones de personas y que pretende resolverla con comedores, tarjetas y comités”, planteó.
Además, recordó que de acuerdo con el Coneval, el rezago en el acceso a la alimentación se agravó desde el arranque del programa, ya que de 27.4 millones de mexicanos en estas condiciones en 2012, pasó a 28 millones de personas a finales de 2014, unos 600 mil más.
Mala articulación
En términos generales, las organizaciones subrayaron que “hay programas pero no hay políticas consistentes y efectivas”, al deplorar que “las políticas económicas y las sociales no están articuladas”.
Dotados de más de 120 mil millones de pesos, los 48 programas de apoyo económico del actual gobierno no generan resultados sobre la reducción de la pobreza, ya que muy pocos tienen efectividad “en el desarrollo productivo o directamente en la mejora del ingreso”, sentenció el colectivo.
Es más: los subsidios al campo que maneja la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) tienden a aumentar la desigualdad y son “regresivos” –incluso “improductivos”–, ya que se concentran “en los terratenientes con mayores ingresos y muy pocos llegan a los pequeños productores, campesinos e indígenas”.
“La discrecionalidad, la dispersión y la opacidad de los programas favorece el clientelismo y explica su poca efectividad. No hay un padrón único, transparente y accesible que permita a personas con carencias y bajos ingresos recibir apoyos públicos garantizados por ley, asignados con criterios racionales, y a su vez priorizar la atención de los más pobres”, observaron.
Las organizaciones integrantes del colectivo informaron que constituirán el próximo año un observatorio para monitorear el paquete económico 2016 y exigirán al gobierno que implemente mayores mecanismos de control ciudadano, que incremente el salario mínimo y que garantice el “acceso efectivo a la salud”.
A partir de ahí, destacaron, conformarán un “foro plural” en el que discutirán cómo cambiar el modelo económico hacia uno más incluyente, sustituir a las políticas paternalistas por “un piso de derechos sociales”, e incrementar el nivel de participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas.
Por último, llamaron a todas las organizaciones de la sociedad civil a sumarse a las iniciativas y a los debates que llevarán a cabo como colectivo.
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