MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país, la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda al gobierno de Enrique Peña Nieto expedirles visados o permisos de tránsito accesibles, para evitar que recurran a las vías clandestinas, donde su vulnerabilidad los convierte en presas de los criminales.
En el informe que dio a conocer hoy, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, la CIDH reitera el llamado a los demás países de la región, tanto Estados Unidos y Canadá, como a los países de Centroamérica, para “cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las personas migrantes”.
Asimismo, insta a que el gobierno fortalezca los mecanismos anticorrupción y promueva la rendición de cuentas. El organismo internacional acusa que en México las autoridades “toleran” la violencia y la discriminación que enfrentan los migrantes. Por ello, la violación repetida a sus derechos humanos queda impune y perpetúa “la aceptación social de este fenómeno”.
“La situación de las y los migrantes en situación irregular en México ha empeorado de forma grave con el paso de los años, sin que el Estado haya adoptado una política pública integral orientada a la prevención, protección, sanción y reparación de los actos de violencia y discriminación de los que son víctimas las personas migrantes en México”, diagnostica el organismo interamericano.
En el informe, la CIDH se alarma ante la impunidad que hay en los secuestros masivos de migrantes, la explotación sexual de mujeres y adolescentes centroamericanas –por lo que suelen tomar el “anti-México” o el anticonceptivo de tres meses de duración, antes de cruzar el país–, la criminalización de los niños migrantes o las agresiones a defensores de los derechos humanos. “Incluso las cifras más conservadoras son alarmantes”, sostiene.
Durante su investigación –hecha entre 2011 y 2012–, la Comisión escuchó los testimonios de migrantes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales. Luego, concluyó: “La existencia de impedimentos normativos y fácticos conllevan a que el acceso a la justicia se torne ilusorio para los migrantes”.
En su análisis se asombró al descubrir que, entre 2008 y 2011, la justicia mexicana sólo resolvió 56 casos penales que involucraban a personas migrantes. Fue un número “tan escueto” que “se evidencia como una respuesta plenamente insuficiente en términos de investigar, procesar y sancionar estos hechos”.
Entre las responsabilidades del Estado, la CIDH destaca los escasos esfuerzos destinados a capacitar a sus agentes para identificar las víctimas así como sus cadáveres en los casos más trágicos. Por ejemplo, el descubrimiento de la fosa común de San Fernando, en Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010.
Asimismo, recuerda que si bien es conocido el fenómeno del desplazamiento interno en México, provocado entre otros factores por la violencia, la falta de empleo o los desastres naturales, “no ha sido documentado y analizado de forma integral” por el gobierno.
Lo anterior evidencia que el gobierno mexicano hace invisible la problemática, señala la CIDH y añade que en el 2012 existían 160 mil mexicanos desplazados.
De mal en peor
En 2002, la misma CIDH realizó una primera visita a México, en la que observó los asaltos y asesinatos que sufrían los migrantes al oponer resistencia a las bandas del crimen organizado.
En su informe de entonces, la CIDH señaló “la falta de capacidad o voluntad o bien, la abierta colusión de las autoridades con elementos criminales que contribuye a incrementar la peligrosidad de estas zonas, ya que los delitos se cometen con absoluta impunidad”.
En 2008, la CIDH volvió al país y notó que “la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles de gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan”.
Y en el informe que dio a conocer hoy, encontró que la mayor diferencia con las observaciones anteriores reside en el involucramiento pleno por parte de organizaciones del crimen organizado en el secuestro, la trata de personas y el tráfico de migrantes.
Las bandas criminales, precisa, obtienen grandes ganancias mediante estas actividades –con escasos riesgos de ser castigados—y les permite lucrar más con la ruta que ya utilizan en el trasiego de drogas y de armas.
La CIDH también denuncia que los mismos delitos se siguen repitiendo en los lugares previamente identificados como arriesgados para migrantes, como la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas.
En sus recomendaciones finales, la CIDH plantea que el gobierno mexicano debe “destinar mayores recursos en políticas encaminadas a erradicar la pobreza y la desigualdad de forma que sirva para prevenir que las personas en condiciones más vulnerables se vean forzadas a migrar”.
