20 de agosto de 2019
Comunicado de Prensa
El gobierno municipal de Celaya informó que no cuenta con estudios de la calidad con la que los concesionarios brindan el servicio de transporte público en la ciudad, a pesar de que por reglamento están obligados a tenerlos.
La información que el gobierno de Celaya dice no tener –por negligencia o dolo¬– es pieza fundamental para la discusión del inminente incremento a la tarifa; de esta manera están desperdiciando una valiosa oportunidad para escuchar el sentir de los usuarios.
Hasta el momento, la única información con la que cuenta el gobierno de Elvira Paniagua para evaluar la calidad del servicio es la encuesta que realizó Movimiento Ciudadano, y que este día fue entregada personalmente por Rodrigo González Zaragoza, coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido.
El estudio que realizó Movimiento Ciudadano reveló que el trasporte es caro y deficiente; el servicio fue reprobado por la ciudadanía, cuyas principales quejas son las malas condiciones de las unidades y el mal trato de los operadores.
Estos datos podrían confirmarse con los propios estudios de las autoridades. El problema es que no los tienen.
Ante una solicitud de información presentada por el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, la Unidad de Transparencia de la administración de Elvira Paniagua declaró la inexistencia de los estudios de la calidad de servicio del 2012 al 2017, y aseguró que aún se encontraban realizando el de 2018.
Ante esta “inexistencia”, disfrazada de una respuesta en la que supuestamente se iba a entregar información, González Zaragoza ya presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).
Y es que el gobierno municipal debería de contar con estudios por lo menos para 2016 y 2017, pues así lo establece el Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del Municipio de Celaya, por lo que fue omiso en el cumplimiento de sus funciones o están escondiendo la información.
El 5 de agosto pasado González Zaragoza solicitó copia de todas las evaluaciones generales del servicio de transporte realizadas por la Dirección General de Movilidad, del 2012 al 2019.
La solicitud se planteó con base en los artículos 33 y 34 del Reglamento de Transporte, que establece la obligación para la Dirección de Movilidad de realizar evaluaciones permanentes de las condiciones en que se presta el servicio, así como una evaluación general anual del servicio.
El Reglamento se publicó en octubre de 2015, pero en su respuesta el municipio estableció que no contaban con ninguna evaluación: “En los archivos de esta Dirección General de Movilidad y Transporte Público no existen registros de evaluaciones (del 2012 al 2017).
“En cuanto al 2018 se encuentra en evaluación y el presente año 2019 está pendiente hasta que se concluya el año”, respondió la Unidad de Transparencia.
En el artículo 194, la Ley de Transparencia señala como una causa de sanción “no documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable”.
