Boletín Informativo
Aguascalientes, Ags.
10 de Junio del 2014
Diputado Oswaldo Rodríguez a favor de garantizar los derechos de los estudiantes, padres de familia y maestros
La educación es por demás sabido, es la base de cualquier sociedad y en el nivel de valores y el desarrollo de la población se refleja que tan valioso es su sistema educativo.
El Diputado Oswaldo Rodríguez García fijó postura como representante de Movimiento Ciudadano, “si bien es nuestro deber como portavoz popular, y más como ciudadanos el velar porque la educación en nuestro Estado sea de buena calidad, equitativa e imparcial, también es cierto que es indispensable darle a cada caso o situación la importancia y el cauce que merece; obligados estamos a garantizar la libertad de expresión y la libre manifestación pacifica de las ideas, y el de evitar en todo momento represalias para quienes se manifiestan y expresan sus ideas dentro de la legalidad”, mencionó.
Es por ello que de conformidad a lo expuesto en el punto de acuerdo presentado este martes 10 de junio en el pleno, el legislador concordó en que el Instituto de Educación de Aguascalientes a través de su titular debe proporcionar la seguridad y la tranquilidad tanto de docentes, alumnos y padres de familia, garantizar también el respeto de los derechos laborales de los educadores y los derechos humanos y garantías de los alumnos, se debe de asegurar que en los procesos de selección o ingreso de alumnos a los planteles educativos no esté sujeto a ningún estigma derivado de la libre expresión de ideas; al igual que los docentes que sean separados de sus cargos por el motivo que fuere sean sometidos a un justo y digno proceso que decida su situación laboral.
Asimismo mencionó, “No estoy a favor del punto de acuerdo, porque daríamos pie a que ante cualquier separación del cargo de cualquier funcionario, ya sea docente o administrativo; o por la amonestación, castigo o expulsión de algún alumno de escuelas publicas derivaría en llamar a los titulares de las dependencias a efecto de que aclaren los pormenores del proceso en curso, quedando de manifiesto que serian cientos de llamados y lo peor nosotros de facto estaríamos suplantando a las autoridades facultadas para el desahogo de dichos procesos. No me imagino a este órgano legislativo convertido en un órgano jurisdiccional en materia laboral ante el despido de cualquier funcionario público de cualquiera de los 3 niveles.
