La Paz, Baja California Sur (BCS). “Considero hubo un retroceso en el campo, el país ha sido atropellado. Vejado. Ha sido saqueado con las nuevas reformas estructurales”, advirtió el presidente de la ejidal de Melitón Albañez y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano: Erásmo Castañeda Álvarez.
La aprobación de las leyes secundarias derivadas de la Reforma Energética, dijo, demuestra que “no les importa apoyar a los ejidatarios sino a los inversionistas particulares; no estamos en contra de la inversión, estamos en contra del despojo del ejido: la reforma lo permite”, precisó.
La postura del representante partidista, coincide con la expuesta por organismos como El Barzón, Congreso Agrario Permanente (CAP) y Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp).
Los grupos de productores criticaron que las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaran el primer paquete de legislaciones que cambiaron con la reforma energética: Ley de Hidrocarburos, Ley Minera, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Asociaciones Públicos Privadas.
“Les interesa (a los políticos del PRI y PAN) un puñado de gente que se enriquece, lo nuevos ricos les digo yo; y aún no han terminado. No hay apoyos para pequeños productores, sólo buscan como apoyar a los grandes, a los inversionistas”, lamentó.
Inclusive, Greenpeace señaló en CNN.com que la figura contenida en la Ley de Hidrocarburos de “ocupación temporal”, antes el concepto llamado “expropiación”, es una forma para evitar publicidad negativa. La agrupación reiteró que los mecanismos gubernamentales propuestos permiten, aun cuando existió modificación del concepto, expropiar terrenos ejidales.
En el documento El juego sucio de la reforma energética: Los 10 focos rojos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), precisa en el apartado ocho que habrá “afectaciones al derecho de propiedad, libertad de trabajo y la autodeterminación por la expropiación y/o establecimiento de servidumbres legales propuestas en La Ley de Hidrocarburos.” Además, advierte que 120 de 176 Áreas Naturales Protegidas de México se podría desarrollar proyectos de hidrocarburo.
“Se necesita más apoyo a la tierra social, si no, el resultado será dispersión de la gente del campo y que engordan las filas de la pobreza en las capitales”, sentenció.
