La dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Rosario Quirasco Piña, dijo que al ser la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) retroactiva en perjuicio de los trabajadores y pensionados, este partido promoverá un amparo general en contra de la misma, aparte del amparo al que podrán recurrir cada uno de los trabajadores al momento de que les sean aplicadas las nuevas disposiciones.
Manifestó que con la aprobación el pasado viernes de la nueva Ley del IPE y con su publicación, se tiene el plazo perentorio para presentar un amparo general en contra de esta Ley que sería de 15 días hábiles después y eso da como fecha límite los primeros días de agosto y su partido ya está trabajando en ello.
Agregó que a este amparo general podrán acogerse quienes quieran hacerlo, tomando en cuenta que están buscando asesoramiento de buen nivel para que pueda prosperar.
Por otro lado, dijo, existe el otro mecanismo de amparo al que recurrirían los trabajadores en el momento en que al solicitar su acuerdo de jubilación no se les den los derechos que adquirieron en la Ley correspondiente a cuando ellos entraron a trabajar, y que pudiera ser la ley número 5, la ley número 20 o las modificaciones de 2007.
Destacó que en esta nueva Ley hay una serie de artículos que establecen específicamente que la misma se va a aplicar de manera retroactiva, “estamos hablando de los artículos transitorios 5, 6, 7, 8, 9, donde se establece una serie de tablas y porcentajes de cómo los trabajadores de manera retroactiva están cambiando los derechos adquiridos para obtener la jubilación y el porcentaje por medio del cual van a obtenerla”.
Entonces, reiteró, por supuesto que es una Ley retroactiva sobre todo en derechos ganados y eso es importantísimo, “nosotros tenemos una pensión móvil y ahora la pensión va a estar regida por el índice de precios al consumidor, estamos hablando del rompimiento de derechos ganados y no se nos olvide que en la cuestión laboral los derechos adquiridos son derechos humanos consignados en diferentes acuerdos internacionales que México ha suscrito”.
Sobre la aportación que tienen que dar todavía jubilados y pensionados de 12 por ciento, apuntó que es gravísimo que no solamente al trabajador que ha aportado una de las cuotas más altas en el país, se le restrinja el porcentaje de su salario como activo que va a obtener, porque lo va a hacer a través del promedio de los últimos diez años de salario.
Todavía, además de que se le va a promediar el salario con el que se va a pensionar se le va a cobrar 12 por ciento de su pensión para aportar al IPE, lo cual es romper con cualquier derecho humano, con una serie de principios básicos.
“Es sumamente grave porque no pensemos en las altísimas pensiones de algunos funcionarios públicos o no pensemos en las pensiones de alto nivel de los investigadores o trabajadores de tiempo completo de la UV, pensemos que un buen número de trabajadores que el Instituto de Pensiones acoge son policías, agentes de Tránsito, trabajadores de limpia pública de los ayuntamientos, empleados gubernamentales, gente con salarios de 9, 10 mil, 8 mil pesos al mes”.
Asimismo, al preguntarle su opinión acerca de los oficios que está enviando el IPE a los pensionados para pedirles que abran una cuenta de correo electrónico para que enviarles el comprobante fiscal o factura electrónica por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta, la dirigente señaló que el IPE tiene que empezar a ser mucho más organizado y eficiente en el trato y el servicio que les presta a los pensionados.
Añadió que también hay que pensar en los que no tienen correo electrónico, en los que viven en lugares apartados, en zonas rurales, por ejemplo. Sin embargo, dijo que de alguna manera el IPE tiene razón, ya que con las nuevas leyes fiscales la facturación sólo tiene validez durante 30 días, por lo tanto las facturas de las retenciones mensuales que se están haciendo a los trabajadores del Instituto deben facturarse cada 30 días no hay otra manera de hacerlo.
