Las graves expresiones de violencia que registra el estado de Guerrero son tan solo síntomas de una peligrosa enfermedad que se propaga por todo México: el derrumbe de la vida institucional, sustento de nuestra azarosa democracia.
Esos síntomas se manifiestan cotidianamente en muchos otros estados de la república, en los que se perpetran secuestros, asesinatos, ejecuciones, ingredientes de un clima de inseguridad que se generaliza. Se multiplican las expresiones de protesta, de indignación y rebeldía ante un gobierno incapaz.
Si añadimos otros ingredientes, la mezcla resulta altamente explosiva: desempleo, criminalidad e impunidad manifiestas, violación de derechos humanos, bajo crecimiento económico, pobreza, falta de oportunidades.
Paradójicamente, México empieza a moverse por el camino amenazador del estallido social, en sentido inverso al que pregona una retórica oficial hueca, divorciada de la realidad.
Hoy, desde el poder público, se invoca y se convoca cínicamente a la “corresponsabilidad ciudadana” para enfrentar estos problemas. Una especie de “la solución somos todos”, para lavar crímenes y abusos cometidos por unos cuantos, algunos tan execrables que merecen ser calificados como actos de flagrante traición a la voluntad popular.
Estamos ante un Estado fallido, pero no por culpa de los ciudadanos que forman parte de él, sino por la probada ineptitud de quienes arribaron al poder con engaños, para medrar, para negociar con los bienes de la nación, para subordinarse al gran capital, nacional o extranjero, sin reparar en las necesidades y demandas de más de 50 millones de mexicanos.
Movimiento Ciudadano reitera: la seguridad ciudadana se garantiza, no se decreta. En este contexto, ofensiva la costosísima campaña que pretende probar que “México se mueve”…a menos que sea hacia el precipicio.
