Con el propósito de proteger el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural mediante la reubicación de asentamientos humanos impactados por desastres naturales, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 3 y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Con una votación en lo general de 365 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, también se convino crear reservas territoriales nacionales, considerando tendencias y consecuencias de los desastres naturales que se prevean en el país.
Además se acordó, en coordinación con dependencias del Ejecutivo federal, gobiernos estatales y municipales, la realización de obras de infraestructura necesarias para disminuir los impactos negativos en asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo.
El dictamen precisa que es escasa la importancia que se da a la prevención respecto de la ubicación de personas, pues el presupuesto canalizado a este fin es 21 veces inferior a lo destinado a la reacción.
Menciona que la creación oportuna de programas de reubicación de familias, permitiría pronosticar situaciones que se derivan del establecimiento de asentamientos humanos en zonas peligrosas, además de orientar recursos hacia la protección civil, para la prevención, atlas de riesgo y planes de desarrollo.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (PRI) refirió que México ha sido víctima de múltiples desastres naturales que ha potencializado su poder destructor debido a la falta de orden y planeación en el asentamiento de comunidades y sectores productivos.
Indicó que el dictamen contempla que el ordenamiento territorial no sólo tenderá a mejorar el nivel de calidad de vida de la población urbana y rural, sino a protegerla mediante la reubicación de asentamientos impactados por los efectos naturales.
Sin embargo, dijo, de poco serviría llevar a cabo la reubicación de poblados en peligro si no se tiene el cuidado de evitar su repoblamiento; por ello, explicó, se reforma el artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano contenga la creación de reservas territoriales aptas a nivel nacional, tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres de origen natural que se verifican o se prevean en nuestro país.
Hernández Morales destacó que las reformas brindan certeza y seguridad a millones de familias que actualmente habitan en zonas de alto riesgo, al tiempo de fortalecer una función esencial del Estado mexicano, como lo es preservar la vida de sus habitantes. “En esta tarea no hay colores, no hay diferencias partidistas, sino acompañamiento y apoyo en cada una de las acciones que a este propósito se dirijan”.
En los posicionamientos, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI) expresó que en México poco más de las dos terceras partes de la población y el 71 por ciento del Producto Interno Bruto son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático producidos por el calentamiento global, pero “desafortunadamente en muchas de las zonas más vulnerables de nuestro país viven familias en condiciones de pobreza”.
Recordó que estas reformas tienen tres ejes fundamentales: la reubicación de asentamientos humanos, la creación de reservas territoriales nacionales y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. “Estos cambios representan un paso adelante para proteger a quien más lo necesita y así llevar a México por el camino correcto”.
Felipe de Jesús Almaguer Torres, diputado de Acción Nacional, argumentó que los desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos, si bien son inevitables, en muchos casos sus efectos se potencian por la propia acción del ser humano provocada por necesidad, negligencia y hasta por ignorancia al asentarse en espacios que representan un riesgo, ya sea que se encuentran en los márgenes de los ríos y arroyos o en llanuras inundables o sobre fallas sísmicas.
Con la propuesta, dijo, se considera como objetivo clave el ordenamiento territorial y la reubicación de los habitantes en zonas vulnerables para evitar impactos negativos derivados de eventos naturales. “No debemos de escatimar esfuerzos para salvaguardar a las familias mexicanas ante situaciones que amenazan su vida y sus bienes”.
Del PRD, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta expresó que el dictamen plantea atender a todas las personas que resultan damnificadas por los fenómenos hidrometeorológicos y otro tipo de desastres naturales, y va en el sentido de reacción y de anticipación. Urgió al gobierno mexicano a destinar mayores recursos para la prevención.
Se manifestó porque la reubicación se haga de manera ordenada, legal, para evitar abusos, excesos o inconstitucionalidades; sin embargo, dijo que el problema está en “aquellos asentamientos que se encuentran en zonas que no han sido consideradas como de alto riesgo; un ejemplo es Baja California Sur, que no está o no estaba en la ruta tradicional de este tipo de fenómenos meteorológicos”.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) comentó que los cambios naturales y sociales son complejos y afectan cada vez más, por lo que las autoridades deben hacer uso de todas las herramientas disponibles como evaluación de amenazas, sistemas de alerta temprana y códigos de construcción.
Aseguró que los riesgos dependen de amenazas y la vulnerabilidad, lo que está directamente relacionado con el crecimiento demográfico, así como los carentes planes de urbanización. Destacó que deben coordinarse gobierno federal, estatal y municipal, para asegurar una infraestructura adecuada hacia el ordenamiento territorial que el país demanda.
Zuleyma Huidobro González, legisladora de Movimiento Ciudadano, explicó que los desastres naturales son cada vez más intensos, y México carece de un plan de ordenamiento territorial e infraestructura para enfrentarlos.
Puntualizó que la mayor parte de problemas derivan de malas prácticas gubernamentales, además del fuerte arraigo que las familias tienen con su lugar de residencia.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) señaló que el fin del dictamen es loable, pero su efectividad requiere recursos financieros al menos de cuatro mil millones de pesos, y alta capacidad administrativa.
Destacó que desde el año 2013, el Registro Nacional de Reservas Territoriales obliga a constructoras a investigar zonas para su ocupación; sin embargo, las reglas de operación son pobres y el 67 por ciento de viviendas se construye irregularmente. El derecho a la vivienda se contempla en la Constitución, debería restringirse el desalojo forzoso, concluyó.
A su vez, la diputada de Nueva Alianza, Cristina Olvera Barrios, comentó que México está expuesto a fenómenos naturales que no son controlables, pero el Estado debe implementar acciones y no sólo emitir declaraciones, para prevenir o subsanar las afectaciones que vive la población.
Expresó que su fracción parlamentaria apoya el dictamen, ya que procura el beneficio de la población. Añadió que deben ponerse en marcha programas de reubicación, así como dotar de vivienda digna en zonas seguras, pues solo así las tragedias se evitarán y eso permitirá vivir con tranquilidad a los mexicanos.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, precisó que los asentamientos irregulares o en zonas de riesgo obedecen a la pobreza, la falta de vivienda y de tierra, y por el clientelismo. “Advertimos que vendrá centralismo y, sobre todo, que no hay una estrategia anticorrupción en el manejo de la tierra”.
