El Instituto Nacional de Ecología, perteneciente a Semarnat, estimó costos por trabajos de remediación y afectaciones por el deterioro del agua; Cofepris y Sagarpa cuantificarán perjuicios a la salud y a las actividades económicas
El costo de remediación de suelos y agua por el derrame de sulfato de cobre de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi tendrá un costo de casi 20 mil millones de pesos, según la estimación oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
De acuerdo con el reporte entregado a la Comisión Intersecretarial, que fue designada por el gobierno federal, el costo por las afectaciones económicas por el deterioro del agua, la implementación de la respuesta inmediata, el sistema de monitoreo y las acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asciende a 3 mil 117 millones.
Sin embargo, la remediación en suelos no federales “potencialmente” contaminados será de 16 mil 880 millones de pesos, ya que los compuestos “podrían filtrarse hacia los acuíferos provocando polución de cuerpos de agua de jurisdicción federal”, señala el texto. Estas tierras son consideradas como uso agrícola, de propiedad privada y social.
La suma determinada no contempla posibles perjuicios a la salud, por que se espera que éstos sean contabilizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“Las afectaciones cuantificadas por el INECC se refieren únicamente a los daños en recursos naturales y servicios ambientales, a los gastos asociados a la implementación de las medidas de respuesta inmediata; estas estimaciones no incluyen el valor de las afectaciones a la salud, ni el valor de las actividades económicas de la zona, las cuales están siendo determinadas por Cofepris y Sagarpa”, detalla.
Según el reporte, los compuestos liberados por el derrame incluyen metales pesados, como cadmio, plomo, arsénico y aluminio, que tienen “efectos tóxicos agudos o crónicos en la salud humana”.
El informe agrega que la zona afectada tiene una superficie de 24 mil 400 hectáreas y considera el río Bacanuchi-Sonora, además de las planicies de inundación, donde se ubican áreas agropecuarias y asentamientos humanos.
“Ha quedado documentada la presencia de contaminantes atribuibles a la descarga de lixiviados, provenientes de la empresa Buenavista del Cobre en el agua y en sedimentos de la zona afectada. Éstos han generado cambios, deterioros y modificaciones adversas en la calidad y disponibilidad del agua. (...) Representan una fuente de riesgo para poblaciones humanas, ecosistemas y especies animales y vegetales”.
También advierte que algunos impactos sólo podrán detectarse en el mediano y largo plazo, por lo tanto “es necesario un seguimiento y monitoreo de los recursos naturales y servicios ambientales”.
Hasta ahora, Grupo México se ha comprometido a entregar 2 mil millones de pesos para apoyar a los afectados por el desastre del 6 de agosto, según el Fideicomiso que hizo público la Semarnat.
El documento establece que si el “monto comprometido” resultase insuficiente, se deberán aportar recursos adicionales para “cada situación específica”.
Medida de presión
Durante la comparecencia en la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, explicó que no se iniciaría un proceso contra Grupo México por violaciones a la Ley de Responsabilidad Ambiental —como se había previsto—, porque el gobierno federal y la empresa se presentarían como iguales ante un juez y sólo podría alcanzarse una indemnización de 43 millones de pesos.
Dijo que a la ley “le faltan dientes” y que, después de una revisión, se concluyó que era mejor pagar a través del fideicomiso.
Negó que se hubiera negociado con la empresa y que el compromiso de pago se había logrado presionando a la empresa con el reporte del INECC y la posibilidad de un juicio. “Esto nos ayudó a exigirle a la mina la remediación y que se apoye a los habitantes afectados” y advirtió a los legisladores que el monto de las aportaciones podría aumentar si se encontraban mayores daños.
Incluyen a Hermosillo
La Comisión Presidencial para Atender la Emergencia en el Río Sonora anunció que las comunidades de Hermosillo de Topahue, San José de Gracia y Buena Vista serán incluidas en el listado de apoyos para los afectados por el derrame.
En conferencia, el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, aseguró que al momento se han entregado 393 millones de pesos por pagos a productores, ganaderos, agricultores y comerciantes, así como por las toma de agua.
Dijo que el viernes comenzarán a pagar 37 millones de pesos a los pobladores de comunidades afectadas del municipio de Hermosillo. “En términos generales, hemos ya otorgado beneficios a 73% de la población; hemos beneficiado a 92.5% de la Población Económicamente Activa y el Fideicomiso en su primera etapa ya llegó al límite, ya solicitamos la segunda aportación”, detalló.
El total de beneficiarios pagados es de 13 mil 257 personas entre productores, empresario y madres jefas de familia, de un universo de 18 mil 166 mayores de edad de la región y derechos al pago por la afectación sufrida”, anotó.
Óscar Pimentel González, director de Atención a Emergencias de Conagua, dijo que de los nueve pozos perforados, el que se ubica en San Pedro de Ures ya funciona. Se espera que en un mes más estén operando los ocho restantes.
Informó que 19 de los 34 pozos liberados se encuentran en operación en varios municipios aledaños al río Sonora. Si no operan en su totalidad es porque “de plano la población o el presidente municipal no lo han permitido”, dijo.
Del total de 7 mil 600 tinacos se han entregado 3 mil 600 e instalado mil 821, y se prevé que para el mes de diciembre ya estén instalados, agregó.
Álvaro Pérez Vega, comisionado de Cofepris, explicó que el camión móvil con servicios médicos sigue recorriendo los municipios afectados, donde se realiza un diagnóstico clínico-epidemiológico a los habitantes.
Se trata, comentó, de un convoy de vehículos que también ofrece atención de dos dermatólogos y un dentista.
Confirmó que 37 personas han sido afectadas en su salud, y quienes ya se les pagó su indemnización.
