Greenpeace es una organización ambientalista que actúa para proteger el medio ambiente y en la construcción de un mundo más verde, pacífico y justo para todos por lo que no puede ignorar actos que atenten contra el equilibrio de los ecosistemas y la dignidad e integridad de las personas.
En este marco Greenpeace denuncia que desde el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto se ha coartado el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos, criminalizando a quienes protestan.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de “no localizadas”, de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el gobierno actual.
Y ante esta realidad constante, la gota que derramó el vaso es el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Y que nadie intente desviar la atención de la gravedad del caso diciendo “algo habrán hecho” porque eso, la desacreditación y la criminalización son también prácticas comunes de esta administración hacia todos los sectores, tan solo en el ámbito ambiental desde 2013 y hasta abril de 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha contabilizado un aumento en el número de agresiones a defensores ambientales: en menos de 16 meses se han registrado 82 casos en 22 estados de la República Mexicana, 4 ejecuciones extrajudiciales de defensores ambientales y comunitarios, 29 solamente entre enero y abril de 2014, en los cuales los agresores identificados en 37 casos fueron autoridades del Estado mexicano de los tres órdenes de gobierno.
Particularmente en el tema ambiental, los hechos son el mejor indicador de qué no se ha tenido ningún avance en esta administración.
Durante este segundo año de gobierno de Peña Nieto el medio ambiente se ha visto sacudido por una oleada de desastres. Por poner algunos ejemplos, Durango, Sonora, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa vivieron catástrofes ambientales que se suman a los mil 124 casos de daño ambiental ocurridos en lo que va del sexenio.
Estos "accidentes" son sólo la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de “reparación del daño”, sin que se tomen en cuenta las externalidades.
Las “reformas estructurales”, impulsadas por Enrique Peña Nieto en el último año, concretaron cambios al marco legal hacendario, de las telecomunicaciones, la política electoral y el sector energético, en todos los casos se privilegiaron los intereses económicos empresariales y coartaron los derechos de millones de mexicanos.
Los decretos presidenciales del 3 de noviembre debilitaron también un instrumento básico para la protección del ambiente: el ordenamiento ecológico territorial, excluyendo a las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de diagnóstico y pronóstico del ordenamiento regional y local.
En cuanto al deterioro que enfrentan los bosques y selvas de México no muestra mejoras comprobables. La actual administración carece de una política sólida que plantee soluciones reales para proteger, recuperar y manejar estos ecosistemas.
Por otro lado, los impactos del modelo agroalimentario actual, con base en la agricultura industrial tiene graves impactos ambientales, sociales y de salud pública. El actual modelo de agricultura no garantiza el derecho constitucional de los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Las y los pequeños agricultores son excluidos de las discusiones sobre la definición de la política agrícola.
Enrique Peña Nieto ha mantenido una indefinición hacia el cultivo del maíz transgénico. Las empresas transnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer han solicitado permisos para comercializar sus semillas patentadas en el país, mismas que se mantienen en estatus de evaluación de riesgo, a pesar de que científicos mexicanos han advertido impactos irreversibles para el medio ambiente y la sociedad si se aprueban los cultivos de maíz genéticamente modificado.
Ante este panorama, Greenpeace seguirá trabajando por todas las vías posibles para reforzar la legislación ambiental mexicana, a pesar del desinterés del Ejecutivo por proteger el medio ambiente. Además, no ignoraremos actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.
