El Pleno camaral aprobó reformas a los artículos 58, 389 y 395 del Código Civil Federal, para establecer que el orden de los apellidos de una persona podrá ser a elección de los padres, y deberá ser igual para todos sus hijos, a fin garantizar la no discriminación y reconocer los derechos civiles del género humano.
Por tal motivo, con 234 votos a favor, 72 en contra y 23 abstenciones, se acordó instituir que el acta de nacimiento contenga el primer apellido del padre y de la madre, en el orden que de común acuerdo determinen, y deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación.
Previamente se acordó incluir una adenda de la Comisión de Justicia para determinar que en el caso de desacuerdo en el orden de los apellidos entre los padres o de quienes conforme a la ley estén facultados para llevar a cabo el registro, se mantendrá en primer término el apellido paterno.
También precisa que el orden de los apellidos se aplicará cuando el hijo sea reconocido por el padre, por la madre o por ambos, y cuando el adoptante dé nombre y apellidos al adoptado.
Al fundamentar el dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, el diputado Francisco González Vargas (PRI) indicó que se busca permitir que los hijos puedan llevar en forma indistinta el primer apellido de su padre o su madre, de acuerdo a como lo determinen ambos progenitores.
La finalidad, dijo, es proteger a los menores en su derecho a la identidad y contar con un nombre que corresponda a su desarrollo individual, y combatir la discriminación en detrimento de las mujeres al momento de transmitir su apellido a los hijos, garantizando el principio de igualdad de una pareja.
Expresó que con esta medida se generará una nueva conciencia entre la población de cómo se forman las familias y el papel de las mujeres en ella y la sociedad. “Es el momento de emprender el empoderamiento de la mujer en una situación tan sensible como lo es la de nombrar a sus hijos, reconociéndoles su potencial como jefa de familia y quien determine la afiliación de su descendencia”.
González Vargas precisó que la reforma tiene un efecto reparador y de combate a la injustificada distinción, ya que nos encontramos ante la reivindicación del vínculo primario e indudable de la maternidad, pues con la nueva configuración del artículo 58 se abate la diferenciación entre quien porte el apellido de uno u otro de sus progenitores.
En los posicionamientos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) mencionó que esta reforma brinda la posibilidad a la pareja de que mediante un diálogo democrático y consensuado sea entre ellos quienes decidan qué apellido corresponde en primer término y el siguiente, “terminando con la añeja costumbre de la prevalencia del apellido paterno sobre el materno; una arbitrariedad que tardamos 38 años en atender”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) afirmó que el dictamen busca terminar con el obtuso pensamiento del clan masculino, pues establece la posibilidad de llevar de manera indistinta el primer apellido de la madre o del padre. “La equidad de género no tiene solamente que ver con la igualdad de oportunidades, sino también con el hecho de que de verdad los hombres y las mujeres somos iguales”.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño argumentó que cambiar el orden de los apellidos de acuerdo a la voluntad de la familia es resarcir una deuda que se tenía con el género femenino. Además, afianza el principio de libertad e igualdad entre los esposos y permite perpetuar apellidos que de otra forma se perderían.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD), proponente de la reforma, destacó que la intención es que los progenitores determinen de común acuerdo cuál de los dos apellidos deberá prevalecer en sus hijos. Precisó que la adenda consiste en que en caso de que no exista acuerdo, prevalezca el apellido del progenitor.
Fernando Rodríguez Doval, legislador de Acción Nacional, dijo estar en contra, pues estimó que se presentarán problemas administrativos. Denunció que esta reforma no responde a ninguna demanda ciudadana y es sólo demagogia. “Se romperán usos y costumbres hasta de los pueblos indígenas, lo cual no se justifica de ninguna forma, especialmente cuando el país tiene una serie de problemas económicos, sociales y de seguridad”.
Raquel Jiménez Cerrillo, diputada del PAN, sostuvo que este dictamen atenta a la forma de la familia y va a traer problemas por las discusiones para llegar a acuerdos. “El tema sólo es demagogia, ya que el orden de los apellidos no empodera a la mujer”, afirmó.
