En un comunicado difundido ayer, Petróleos Mexicanos informó su decisión de abandonar las labores de transporte de petrolíferos terminados –como gasolinas y el diesel– mediante su red de ductos en el territorio. Según la empresa productiva del Estado, la determinación obedece al creciente robo de combustibles en su modalidad de ordeña de ductos; en lo sucesivo sólo se transportarán a través de esas redes los petrolíferos no terminados, como forma de desincentivar su sustracción ilegal.
Con independencia de las razones esgrimidas por la compañía, es inevitable vincular la medida anunciada ayer con el brutal recorte presupuestario anunciado por la Secretaría de Energía hace unas semanas en el sector energético, y particularmente en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a consecuencia, entre otros factores, del desplome en las cotizaciones internacionales del crudo, que ha derivado en una baja en las expectativas de ingreso de divisas al país.
A ese factor coyuntural se suman otros, como la creciente importación de gasolinas y la falta de construcción de refinerías, que merman la capacidad de abasto de combustibles por parte del Estado y de Pemex.
La circunstancia descrita, en suma, pone en perspectiva un proceso de reducción y desmantelamiento de las capacidades de Pemex, que no se explica sólo como resultado de los términos privatizadores y entreguistas de la reforma energética aprobada durante la actual legislatura.
Por el contrario, dicho desmantelamiento ha formado parte de la agenda de las más recientes administraciones federales, incluida la actual: desde la reclasificación de los productos petroquímicos básicos –cuya producción estaba reservada al Estado– en secundarios durante el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la aprobación de la reforma energética peñista, pasando por la creación del esquema Pidiregas durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de los llamados contratos incentivados de servicios
durante el periodo de Felipe Calderón. El objetivo evidente de los sucesivos gobiernos neoliberales ha consistido en devaluar sistemática y deliberadamente a la industria energética propiedad de la nación.
Ahora, ante el incremento en el robo de combustibles de los ductos de Pemex –que ha generado pérdidas anuales por alrededor de 5 mil millones de pesos–, el anuncio de que se dejará de transportar esos productos equivale a una renuncia tácita del Estado a aplicar los recursos y medidas a su alcance para combatir ese fenómeno delictivo, empezando por el combate a la corrupción que campea en las oficinas de la compañía, y sin la cual no podría entenderse la implicación de dirigentes sindicales en la ordeña de ductos, como se dio a conocer hace unos días.
El anuncio realizado ayer por Pemex da cuenta, en suma, de una conducción corporativa que resulta doblemente agraviante para el país: por un lado, porque ha reducido y devaluado el patrimonio nacional y provocado una merma en los activos nacionales y, por el otro, porque constituye una abdicación tácita a la obligación irrenunciable del gobierno de combatir delitos como el robo de combustibles en los ductos de la empresa. Se ha enviado, de esa forma, un mensaje sumamente desalentador a la sociedad y a los inversionistas potenciales.
