Palacio Legislativo de San Lázaro
Movimiento Ciudadano rechaza la Ley de Armas porque es violatoria de la soberanía Nacional
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coordinado por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño en la Cámara de Diputados VOTÓ EN CONTRA de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en sentido estricto es violatoria a la Soberanía Nacional pues los tratados internacionales no están por encima de la Constitución.
A nombre del Grupo Parlamentario, el Diputado José Francisco Coronato Rodríguez argumentó que, supuestamente, dicha ley establece una regulación homologada a las obligaciones internacionales contraídas por México para la correcta protección de personas internacionalmente protegidas en visitas de jefes de Estado, de gobierno, ministros y altos funcionarios de otros países.
"Es importante destacar que uno de los argumentos que se utilizan en el presente dictamen es el relativo a la reciprocidad internacional, lo cual significa que funcionarios aduaneros mexicanos que desempeñen sus actividades en el extranjero contarían con autorización para trasladarse del territorio mexicano con las armas de fuego que utilicen para sus funciones. Yo preguntaría ¿dónde está el compromiso de estos países de reciprocidad?", dijo.
Durante su intervención, el diputado federal explicó que tal reciprocidad no se respeta y un claro ejemplo fue la privación de la vida del connacional Edgar Tamayo, quien fue ejecutado en los Estados Unidos el año pasado, ello a pesar de que México junto con Estados Unidos son parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares desde 1963.
"En este sentido, no existe garantía alguna de que a funcionarios mexicanos se les garantice la autorización para portar armas en iguales circunstancias, aunado a que en el país del norte se establece la prohibición para que personas no porten armas de fuego, lo cual se establece en la Enmienda Segunda vigente en los Estados Unidos de Norteamérica en la cual establece de manera literal la prohibición para portar armas a extranjeros ilegales", explicó.
Coronato Rodríguez indicó que la función de seguridad pública corresponde única y exclusivamente al Estado, por lo que resulta inconstitucional que uno de los argumentos que se emplee para la aprobación de esta reforma sea precisamente el de garantizar la seguridad de jefes de Estado, de gobierno, ministros y altos funcionarios de otros países.
