"Estamos en un momento de crisis de derechos humanos", señaló por su parte Edgar Cortez.
Ante las recientes matanzas en Apatzingán, Tlatlaya y los hechos ocurridos en Ecuandureo, Michoacán, “tenemos que tener una reflexión de que estos casos que están sucediendo… se dan en un contexto de descomposición social, en un contexto de mucha negligencia respecto a tema de derechos humanos, no solamente en este gobierno, sino a lo largo de varios sexenios”, señaló Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los casos ya mencionados “se dan en un contexto en donde se ha privilegiado una política de mano dura, donde se han dejado los derechos humanos de lado, pero sobre todo en un contexto donde no hay un costo político para las violaciones a derechos humanos, donde los ciudadanos hemos ido poco a poco normalizando estos hechos violentos, ha dejado de ser noticia que haya una masacre, que haya otros muertos más”.
“En cualquier otro país democrático cualquier acontecimiento donde hayan muerto 42 civiles, merece una investigación por sí misma. Aquí todavía estamos debatiendo si lo investigamos o no lo investigamos”, refirió.
Además, indicó que como sociedad tenemos que “estar más pendiente de esto y ejercer mucho más nuestros derechos en este sentido”.
Por su parte Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que “vale la pena detenernos y ponerlos en perspectiva, estos casos de las masacres, en Tanhuato-Ecuandureo, Apatzingán, y Tlatlaya donde lo que tenemos es un número muy elevado de víctimas civiles, presuntamente delincuentes pero en realidad es difícil saberlo, frente a un número mínimo de bajas de policías o fuerzas armadas”.
Hay que recordar “que tenemos prácticamente veinte años que las fuerzas armadas entraron a labores de seguridad pública, en 1996 arrancó el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Eso significa que salieron a las calles y entraron a esta interacción con la sociedad”.
“En tercer lugar, tenemos estos casos ahora pero no son los únicos, un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2011 presentaron un informe, lo que llamaron el índice de letalidad, y midieron, hicieron un registro”.
“Un recuento que entre enero de 2008 hasta mayo de 2011, registraron 234 casos de confrontación entre fuerzas armadas y civiles. Hicieron toda una estadística para medir cuántos muertos y heridos había del grupo de fuerzas armadas, policía, Marina o Ejército, y cuántos de los presuntos delincuentes, es un elemento importante porque es una versión objetiva”, indicó.
Explicó que “planteaban que de esa medición, de esos enfrentamientos en donde había habido participación de Policía Federal, por cada policía muerto había 1.4 presuntos delincuentes muertos. En el caso del Ejército subía, por cada soldado, 13.5 delincuentes, y en el caso de la Marina se iba por cada uno, a 34.5 delincuentes”.
“Es importante porque lo que estamos viendo es que hay una base objetiva para plantear la hipótesis de lo que ha pasado en estos casos”, recalcó.
“Frente a una crisis tienes dos posibilidades: una es resignarte y decir no hay remedio, la otra es tratar de convertirlo en una oportunidad, en una exigencia permanente de fin a la impunidad, de investigación, de efectividad de las instituciones y de construir un costo realmente de lo que está pasando en materia de derechos humanos. Pero siendo muy conscientes de que ese costo sólo se va a construir por el trabajo y la exigencia permanente de la ciudadanía”, finalizó.
