La madrugada de ayer16 personas de la tercera edad murieron durante un incendio en un asilo ubicado a las afueras de Mexicali. Al momento del siniestro, la casa hogar albergaba a 44 personas, cinco de las cuales requirieron hospitalización, mientras 23 resultaron aparentemente ilesas. El establecimiento, llamado Hermoso Atardecer, es administrado por la asociación civil Sociedad Cultural Impulsora del Bienestar Social, la cual se encuentra inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y recibe para su operación aportaciones del gobierno de Baja California.
Esta tragedia remite de inmediato a la ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, cuando 49 infantes murieron en un incendio, cuya causa aún no ha sido esclarecida. Como sucedió ayer, las muertes se dieron en un recinto presuntamente diseñado para la protección de las personas atendidas y, al menos en el caso de la guardería, se demostró que operaba sin cumplir las mínimas normas de seguridad. De nueva cuenta, las víctimas fueron los miembros más vulnerables de la sociedad: los niños en ese entonces, y ahora los ancianos.
Pero éstos no son los únicos casos de tragedias evitables en la historia reciente del país. El 19 de febrero de 2006, 65 mineros quedaron atrapados dentro de la mina Pasta de Conchos, donde murieron en un accidente propiciado por los incumplimientos y omisiones de las normas de seguridad industrial en que incurrieron Grupo México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno foxista. Apenas el 29 de enero de este año, cinco personas murieron y 70 resultaron heridas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, cuando explotó una pipa de gas que abastecía al nosocomio, suceso que dejó al descubierto descuidos y prácticas fraudulentas de la empresa proveedora que no fueron detectados por las autoridades responsables de supervisar el funcionamiento adecuado de la unidad.
Lo que se muestra en todos estos casos –y otros que se han venido sucediendo– es el desprecio a la vida humana que caracteriza a compañías y organismos privados; el abandono de las funciones regulatorias de dependencias de los tres niveles de gobierno y la impunidad que suele prevalecer en los episodios de grave irresponsabilidad empresarial. Esta combinación funesta se da en el contexto de un sistema económico que privilegia la obtención de tasas máximas de utilidades por sobre la seguridad de la población.
