06 de Julio 2015
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx) La organización internacional Artículo 19 dio a conocer “Más violencia, más silencio, primer informe semestral de 2015”, en el que resalta la crisis de derechos humanos que se vive en el país y que impacta de forma grave a la libertad de expresión.
La organización “destaca el asesinato de seis periodistas en México, de enero de 2015 a la fecha: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; y Gerardo Nieto, en Guanajuato”, indica en su informe.
Artículo 19 señala que lamentablemente debido a la falta de inactividad del gobierno federal, la falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces, “se protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México”.
En su informe detalla que “en el primer semestre de 2015, se documentaron 227 agresiones contra la prensa, tan solo 99 por debajo de las 326 registradas el año pasado”.
El promedio de agresiones a comunicadores durante la gestión de Felipe Calderón en los mismos primeros seis meses, fue en promedio de 182, lo que implica un aumento de alrededor del 65 por ciento en la gestión de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, indica que la entidad con mayor número de reporte de agresiones es Guerrero con 38; le sigue el Distrito Federal, con 33 y Puebla con 29. Sin embargo, destaca a Veracruz como una de las regiones más peligrosas para la prensa en todo el mundo, con 18 homicidios desde el año 2000.
“Las cifras que reflejan la violencia contra la prensa durante el primer semestre de 2015 nos indican de manera categórica que la libertad de prensa está bajo contante ataque en nuestro país”, dice la ONG en su reporte.
“No son números lo que se busca plantear, son historias que nos deberían azorar y preocupar. La democracia no se celebra, se construye día a día”, señala Darío Ramírez, director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
Finalmente el informe hace hincapié en que las autoridades han sido omisas en su obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que estas cifras evidencian no sólo una “situación grave”, sino la casi nula voluntad de los gobierno para que los mexicanos puedan acceder a la información “de toda índole” y “sean partícipes de los proceso democráticos”.
