Un mes antes del asesinato del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa en la Ciudad de México a finales de julio, el gobernador de Veracruz, el estado del que Espinosa huyó por temer por su vida, hizo una advertencia a otros periodistas.
“Pórtense bien”, sugirió el Gobernador Javier Duarte a los reporteros. “Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”.
Duarte afirmó que el propósito de esta advertencia era disuadir a los periodistas que tienen vínculos con narcotraficantes y otros delincuentes. Pero, como es lógico, muchos periodistas mexicanos también la interpretaron como una amenaza a quienes publican noticias críticas acerca de funcionarios locales.
Desde 2010, por lo menos 41 periodistas han sido asesinados en México y unos 20 han desaparecido. Los periodistas mexicanos son el blanco de poderosas organizaciones criminales y, en algunos casos, de funcionarios del gobierno que no desean que se denuncien sus transgresiones. La mayoría de estos casos no han sido resueltos, por lo que los periodistas en muchas zonas del país afrontan un dilema terrible: pueden auto-censurarse o arriesgar ser silenciados mediante un disparo.
El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho suficiente para proteger a los periodistas o combatir una cultura de impunidad.
“Cuando se ataca a un periodista, se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”, escribió un grupo de destacados periodistas y escritores en una carta dirigida a Peña Nieto, en la que expresan su indignación ante los recientes asesinatos.
Exigieron que el gobierno realice una investigación clara del asesinato de Espinosa, de 31 años, y esclarezca si funcionarios locales pudieron haber sido cómplices en el asesinato de él y otros periodistas.
Los crímenes contra periodistas no son los únicos que permanecen impunes en México. El sistema judicial del país es notorio por su debilidad, susceptible a intervenciones políticas y actos de corrupción. Esta situación es peor en las zonas del país sumergidas en la violencia generada por el narcotráfico. Las autoridades enfrentaron una situación vergonzosa el mes pasado, cuando el prisionero de más alto perfil del país, el capo Joaquín Guzmán Loera, escapó de la cárcel por segunda vez.
Espinosa salió de Veracruz, un estado de la costa sureste de México, poco después de retratar lo que dejaron atrás unos hombres enmascarados que asaltaron a activistas estudiantiles. A su llegada a la Ciudad de México, le comentó a sus amigos que se sentía inseguro porque algunos extraños le habían preguntado si era el fotógrafo que había huido de Veracruz. Espinosa fue asesinado a balazos en el departamento de una amiga el 31 de julio, junto con cuatro mujeres. El gobierno tiene detenido a un sospechoso y ha intentado presentar el delito como un robo. Sin embargo, muchos mexicanos ven con escepticismo esa explicación.
Según algunos defensores de la libertad de prensa, desde que Duarte asumió el poder en 2010, los periodistas sufren más intimidación y ha aumentado el número de delitos en su contra en Veracruz. Catorce periodistas han muerto y al menos tres han desaparecido. En la mayoría de los casos, funcionarios locales han intentado descartar que los autores de los crímenes buscaban silenciar a los periodistas.
Para dar fin a los ataques a la prensa, el Presidente Peña Nieto debe tomar medidas firmes. Debe expresar su repudio a la advertencia de Duarte, aunque pertenezca a su propio partido. No puede limitarse a investigar a fondo los delitos del pasado y lograr sentencias adecuadas, sino que debe tomar medidas concretas para proteger a los periodistas que ponen su vida en riesgo para ejercer su labor.
