Padres de las víctimas: gran mentira, la 'verdad histórica'

 

 

México, D.F. “Hoy el teatro se les cayó. El informe de los expertos mostró que el gobierno mintió una vez más y que la supuesta ‘verdad histórica’ (sobre el caso Ayotzinapa) es más bien una mentira histórica”, señalaron las madres y los padres de los normalistas ejecutados, heridos y desaparecidos tras el ataque que sufrieron el 26 de septiembre de 2014.

 

Los familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y alumnos de esa escuela ofrecieron la tarde de ayer una conferencia de prensa en la que presentaron su posición tras conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso, en el que entre otras cosas se mostró que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

 

“El informe demostró que nosotros teníamos la razón, que nuestros hijos no pudieron ser quemados en Cocula. Siempre supimos que se trataba de una mentira del gobierno federal y hoy quedó evidenciada”. Agregaron que las autoridades federales no sólo les mintieron a ellos, sino a todo el país y al mundo.

 

Ha pasado casi un año desde los hechos y han sido días de “tortura y desesperación” por no saber el paradero de sus familiares. Sin embargo, ayer las madres y padres manifestaban a través de sus miradas y voces una nueva esperanza: la posibilidad de hallar con vida a sus hijos, el fin último de la larga lucha que emprendieron hace más de 11 meses, y por el que no descasarán hasta conseguirlo.

 

“La pregunta ahora es: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Para dónde se los llevaron? Ya no vamos a pedir, exigiremos que nos los entreguen porque (después del informe del GIEI) tenemos más fuerza y más certeza de que están vivos”, aseveró Mario César González, padre del normalista César Manuel González Hernández.

 

Fueron varias las demandas de los familiares de los normalistas durante la conferencia –que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)–, pero pusieron énfasis en dos. La primera: que el gobierno federal refrende de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la CIDH hasta que se alcance verdad y justicia en el caso, sanción a los responsables y que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos.

 

Y que Enrique Peña Nieto los reciba antes del 10 de septiembre, pues el titular del Ejecutivo federal “no ha cumplido” ninguno de los diez puntos a los que se comprometió con los padres y madres en la primera y única reunión que ha tenido con ellos, en octubre del año pasado. “Queremos que dé la cara”.

 

“Hoy quedó demostrado que teníamos razón, que hemos sido víctimas del gobierno (…) Por eso ya no creemos en ellos, sólo tenemos confianza en nuestro grupo de expertos, son personas serias y que trabajan con honestidad”, indicó María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Nartolo Tlatempa.

 

A su voz se unió la de Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, quien con voz ronca y grave no pudo ocultar ese enojo guardado por más de 11 meses: “El gobierno ha destrozado nuestro corazón llevándose a nuestros hijos y hoy el GIEI nos demostró que toda la investigación ha sido una vil mentira”. Resaltó que los familiares no estaban empecinados en rechazar los argumentos expuestos por el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien habló de la “verdad histórica”, simplemente no los aceptaban “porque no había evidencias científicas”.

 

Los familiares exigieron la búsqueda inmediata de sus hijos, la sanción y consignación de los funcionarios –entre ellos Murillo Karam– que incurrieron en el falseo de las indagatorias, que se restructuren las investigaciones con nuevas líneas y que las indagatorias oficiales tomen como base el informe del GIEI.

 

Resaltaron que el informe no sólo mostró que no hay evidencia de que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, sino que también el análisis de más de 500 páginas delineó que no intentaban interrumpir ningún acto oficial en Iguala, Guerrero, que no tenían relación con ninguna organización criminal, y que hubo participación y conocimiento del ataque de parte de diversas fuerzas de seguridad, entre éstas elementos militares.