En los tres años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la promesa de que el país alcanzaría el bienestar económico ha sido la bandera política para impulsar 13 reformas estructurales bajo un discurso que privilegia el papel de la industria, en especial la extranjera, para la anhelada generación de empleos y derrama de la riqueza que los mexicanos aún siguen esperando a casi tres años de la llegada de las autoridades al poder.
Pese a la preponderancia en la economía por encima de otras problemáticas que atraviesa el país por parte del Estado, especialistas consultados por SinEmbargo enfatizaron que la regulación de la industria ha estado lejos de fortalecerse en esta administración. Y lo que en palabras de las autoridades pareciera ser una intención de apoyar la industria, en la práctica no es más que la cooptación de las instituciones del Estado al servicio de los intereses de las empresas transnacionales.
Corrupción, engaños a través de publicidad, emisión de normativas débiles e incentivos desiguales para las empresas nacionales, son algunos de los rostros de la relación que tiene este Gobierno y la gran industria. Prácticas que contrastan cuando se compara el desenvolvimiento de los mismos industriales en países donde las regulaciones priorizan la salud, los derechos humanos, la preservación de la biodiversidad, del ambiente y los patrimonios nacionales, entre otros campos de relevancia.
En naciones de primer mundo como Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, pero también algunas en vías de desarrollo y con problemas similares a los de México, hay claros ejemplos de mayor voluntad política para normar las voluntades de Coca-Cola, Monsanto, Walmart, Nestlé, Nissan, Bimbo, por mencionar algunas. Dejar de ser el traspatio de la industria es una tarea cuesta arriba, apuntaron los expertos, por una sencilla razón, mientras no haya vigilancia de la sociedad, en este modelo gana la industria y el Gobierno.
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Mientras que el actual Gobierno federal enfatiza que las reformas estructurales brindan una estabilidad jurídica para la atracción de inversiones extranjeras, los expertos consultados por SinEmbargo apuntan que la industria en México se vale de los huecos legales para enriquecerse a como dé lugar.
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, del 2013 a junio del 215, México ha recibido más de 82 mil 700 millones de dólares por inversión extranjera. Sin embargo, esto no se traduce en más en empleos porque la mayor parte de la economía nacional descansa en empresas nacionales más pequeñas.
“Como proporción del PIB en el mejor de los casos la inversión extranjera directa es alrededor de 2.5 por ciento, en tanto que la inversión privada nacional se acerca a 14 por ciento del PIB. Eso nos indica que la mayor parte de la inversión productiva es por mexicanos”, explicó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
No obstante, el discurso político de este Gobierno ha sido impulsar 13 reformas que han sido justificadas por ser dirigidas a la creación de un México más moderno y rentable para las empresas que deseen venir a invertir capital al país, un discurso lejos de la necesidad de regular los casos que ya afectan a la sociedad.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA
La organización civil El Poder del Consumidor (EPC) denunció en septiembre del año pasado la publicidad de Sidral Mundet, un producto de Coca-Cola, que anunció la inclusión de “jugo pasteurizado” o “con jugo de manzana” en su contenido, cuando en realidad este refresco contenía 1 por ciento de concentrado de jugo, lo que no guarda relación con el jugo de manzana, sino que es meramente azúcar añadido.
Ante esta situación la organización accionó en su momento con una denuncia ante las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que a su vez hicieron un requerimiento a Coca-Cola para aclarar cuatro interrogantes.
–Si el producto Sidral Mundet tiene jugo de manzana.
–El por qué usó la palabra “pasteurizado”.
–Si Sidral Mundet es un refresco sabor manzana o un jugo de manzana.
–El uso de frases que hacían alusión a lo anterior en la publicidad.
Pese a esto, Coca-Cola, en vez de responder a la Profeco, interpuso un amparo a un Juzgado de Distrito, con el objetivo de retrasar por al menos siete meses el requerimiento de la dependencia y ganar el suficiente tiempo para completar una campaña que inició a principios del 2015, denunció EPC.
Si bien Coca-Cola perdió el amparo, volvió a interponer una apelación a finales de julio para que sea una instancia mayor, un Tribunal Colegiado de Circuito, el que determine el destino del amparo.
Los recursos legales de Coca-Cola Femsa valieron para que el actuar de la Profeco haya quedado congelado. Tiempo suficiente para que la empresa emprendiera una segunda campaña durante el año, que lanzó el 25 de agosto, en la que retiró la publicidad engañosa, pero no así el etiquetado falaz, informó EPC.
“México es el paraíso para este tipo de empresas porque las instancias gubernamentales encargadas de defender nuestra salud simple y sencillamente están capturadas. Ha quedado acreditado en publicaciones que la industria refresquera y de panecillos incurren en conductas que en otros países les han válido multas ejemplares”, dijo Daniel Gershenson, presidente de la organización Alconsumidor.
Mientras que Coca-Cola en México guarda silencio, en Estados Unidos la empresa ha salido a ofrecer transparencia, luego de que el diario de ese país, The New York Times(NYT), develara que la compañía financió a una organización civil que promovía investigaciones pseudocientíficas en las que demeritaba la incidencia de los refrescos en la obesidad, y culpaba la falta de ejercicio.
El 19 de agosto pasado, Muhtar Kent, presidente y director ejecutivo de The Coca-Cola Company, hizo público su compromiso de detallar en la página de la compañía los financiamientos a estudios de los últimos 5 años, y de mantenerla actualizada. Además, de crear un comité independiente de expertos para asesorar a Coca-Cola en sus inversiones e investigaciones académicas.
INSEGURIDAD DE AUTOMÓVILES
En el sector automotriz México es el cuarto mayor exportador de vehículos ligeros del mundo, y el séptimo productor. En el último año la inversión extranjera de cinco fabricantes automotores fue de 8 mil 121 millones de dólares en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Puebla y el Estado de México.
Pese a la magnitud de la industria, los estándares de seguridad que cumplen los vehículos fabricados en México no son uniformes para los que se destinan al extranjero y aquellos que son vendidos en el mercado local.
Así lo estableció una calificadora llamada Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (NCAP) este año a través de pruebas de choque que miden los niveles de seguridad de los autos en la región.
“Más del 80 por ciento de los vehículos van a mercados donde las regulaciones para eficiencia y seguridad son altas. Pero esos autos que se venden allá no se venden en México”, dijo el director del EPC, Alejandro Calvillo Unna.
Esta situación se debe a la falta de normatividad dentro de las fronteras que permite a las empresas extranjeras cumplir con bajos estándares de seguridad en relación a sus países de proveniencia, apuntó la NCAP en julio. “Tienen dos líneas de producción, una para el mercado local y de Centroamérica. Y te venden aquí también los que son mucho menos eficientes, es decir que consumen más gasolina por kilometro recorrido”, dijo el director de EPC.
Tras los señalamientos de la NCAP, y a más de un año de negociaciones con el Gobierno, las compañías automotrices aún no quedan sujetas a incorporar medidas de seguridad internacionales como la inclusión de bolsas de aire y sistemas de freno ABS en los vehículos que se venden en México.
El cumplimiento de estas medidas debió quedar en la redacción que hacen las autoridades de un proyecto, de la norma oficial mexicana 194, el cual se encarga de regular este tema, pero hasta la Secretaría de Economía (SE) no se ha pronunciado al respecto.
“La NCAP clasifica la seguridad en cinco estrellas. Entonces, prueban los vehículos, y los chocan alrededor de 60 kilómetros por hora y estrellan el 40 por ciento del frente del vehículo. Tratan de reproducir un choque rebasando”, detalló Calvillo.
“Cinco estrellas significa que la gente se baja caminando del coche, cero estrellas es que la gente se muere, bajan el cadáver, o quedan con daños de por vida. Pues en México se comercializan vehículos de cero estrellas por empresas que producen vehículos para el mercado exterior de cinco estrellas. Como el Tsuru de Nissan”, dijo.
En la República se venden alrededor de 50 marcas de vehículos. NCAP enfatizó que los seis más inseguros dentro del mercado nacional son el Nissan Tsuru que tiene cero estrellas; Nissan Tiida Sedan, cero estrellas; Renault Sandero, una estrella; el Chevrolet Matiz , cero estrellas; y Nissan March con dos estrellas.
El número de automóviles que circulan se ha incrementado hasta cuatro veces de acuerdo con la calificadora, que resaltó que en 1995 había 7.2 millones de vehículos que circulaban en el país, que en la actualidad ascienden a 25 millones.
Calvillo denunció el papel de la industria, en especial, porque cambiar la normatividad no afectaría a la producción de estas empresas ni sus ganancias, ya que el 80 por ciento de carros son de exportación.
TRÁFICO DE ARMAS
Entre el 2006 y el 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió 9 mil 652 fusiles alemanes G36 de la empresa Heckelr & Koch por un costo de 13 millones de euros.
Las autoridades alemanas revelaron que la empresa vendió los fusiles al Gobierno mexicano a pesar de que estaba prohibido en la Ley de Control de Armas de Guerra de ese país.
Fueron 4 mil 767 de esas armas las que se distribuyeron de forma ilegal por Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, de acuerdo con el informe final de la Unidad de Delitos Aduaneros de la ciudad de Colonia, en Alemania, dado a conocer medios locales.
Juergen Graesslin, un activista antiarmas y vocero de una organización que se dedica a promover la paz en Alemania, DFG-VK, dijo para el diario alemán DW News en el 2011 que las distinciones de las entidades mexicanas pueden ser arbitrarias.
“Es absurdo porque la situación de derechos humanos en las otras 27 entidades es en muchos casos tan mala como en los cuatro en ‘crisis’. Es realmente un escándalo de cualquier forma. Nosotros tenemos principios políticos que prohíben entregar armas a países indiferentes a los derechos humanos. Nosotros no deberíamos exportar a México para nada”, expresó sobre el rol del Gobierno alemán.
No está claro que estas armas se usaran contra los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre; pero sí está probado que la policía de Iguala dispuso de los rifles de asalto, y que esas mismas armas salieron a relucir en un ataque de policías contra estudiantes en 2011.
El pasado mes de febrero el comisionado del Gobierno alemán para los Derechos Humanos, Christoph Strässer, visitó a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y reconoció que el empleo de armas alemanas no podía descartarse y pidió perdón en el caso de que así hubiera sido.
Los casi 5 mil fusiles que fueron distribuidos a los cuerpos policiales de Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Chiapas fueron retirados por Sedena con el fin de evitar señalamientos hacia el Estado “por parte de organismo nacionales e internacionales” reveló el 3 de agosto el periódico Reforma.
“Ahora en México ya hay una cosa que se llama la licencia de uso colectivo, que es la que le emite la Sedena y se la puede retirar en cualquier momento”, explicó el experto, aunque aseveró desconocer si el G36 tenía este tipo de salvaguarda, pero expuso que podría utilizarse para retirar otras compras anómalas.
Por su parte, Alemania es uno de los países con mayor control de armas de Europa. Una reforma a la ley se dio luego de una masacre cometida en Winnenden en el 2009, donde un joven de 18 años mató a 15 personas en su escuela.
La tragedia dio lugar a la creación de un registro federal de armas junto con la expedición de requisitos para el almacenamiento de las mismas. Un año después de la masacre la policía federal expuso que de 3 mil 216 homicidios cometidos en el 2010, fueron 147 los perpetrados con pistola.
El país europeo es el cuarto mayor exportador de armas del mundo. El año pasado fueron aprobadas ventas por 7 mil 200 millones de dólares, un 22 por ciento menos que en 2013 y el nivel más bajo desde 2010, de acuerdo con datos del Gobierno alemán.
El titular de Economía de ese país Sigmar Gabriel dijo sobre la venta a México de fúsiles que aunque las armas ligeras se usan en tareas legítimas, como la seguridad de las fronteras , son también las principales responsables de las muertes en las guerras civiles además de que son utilizadas por regímenes dictatoriales para suprimir a los opositores.
Si bien diferentes activistas han señalado que el peligro que representa que las armas prohibidas en muchos casos terminan en manos del narcotráfico, Alejandro Hope cree que la corrupción y la debilidad de las leyes mexicanas hacen que el crimen pueda traer armas a México por otras vías.
“Yo no creo que esa es la fuente principal de suministro del narcotráfico, está la importación ilegal de Estados Unidos. Lo más probable es que se vende una AK-47 en mil dólares en Arizona. No hay mayor problema, hay un mercado ilegal amplísimo, le puedo asegurar que no dependen de lo que roban de los arsenales”.
SOBORNOS
Los expertos consultados no dejaron de mencionar los casos de corrupción en los que se ha visto la industria alimentaria en México velando por el interés económico a cualquier costo, incluso de la misma ley. Este fue el caso de Walmart, que en el 2003 sobornó a las autoridades de San Juan Teotihuacán con 52 mil dólares (alrededor de un millón de pesos) para modificar un mapa que impedía la construcción de una tienda cerca de las pirámides, como destapó el diario estadounidense The New York Times (NYT) a través de una publicación en diciembre del 2012.
El rotativo dio a conocer una amplia investigación a cargo de David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab que incluye documentos, así como entrevistas con abogados y empleados del gigante del comercio minorista.
El reportaje “El pasillo del soborno: ¿Cómo Wal-Mart utiliza pagos para salirse con la suya en México” reveló que en sus planes de expansión, Walmart no fue víctima de la cultura de corrupción que se le adjudica a México para hacer negocios, sino que por sí mismo fue un corruptor con iniciativa, y muy creativo.
“La presencia de grandes corporaciones en lugares que realmente paradigmáticos de un país es algo bastante conflictivo. Como lo fue también un Starbucks en una ciudad sagrada en Beijing, o hubo un conflicto en el Zócalo de Oaxaca por un McDonald’s que se quería construir ahí”, explicó el profesor de la Universidad de Columbia, Claudio Lomnitz.
Después de destapada la historia, en enero de 2013, legisladores estadounidenses revelaron algunos correos electrónicos probatorios de que Mike Duke, presidente ejecutivo de Walmart Stores Inc., estaba informado desde 2005 sobre la corrupción en México.
En esos correos se señaló al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu y Sergio Raúl Arroyo García, entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como los funcionarios que recibieron sobornos para que Walmart construyera sin problemas y en corto plazo sus tiendas.
El abogado Juan Francisco Torres Landa, encargado de la investigación interna de la compañía en México, dijo en uno de esos correos que de acuerdo con Sergio Cícero Zapata, ex abogado de Bienes Raíces de Walmart, Ramírez fue quien negoció con los directivos de la empresa.
“El contacto principal para negociar tal contribución por parte del Gobierno fue el señor Graco Ramírez [entonces congresista del Partido de la Revolución Democrática]”, dice el documento preparado por Torres Landa para Maritza Munich, consejera legal internacional de la compañía.
“En sentido perverso, empresas como Walmart saben que las leyes en México son muy elásticas y a más dinero pues más elásticas van a ser. Le pagaron a funcionarios, le pagaron a la persona al INAH. Vieron que existe una entorno que facilita la salida y la solución de los problemas a un costo pagable, a un costo que no se va a traducir, como decíamos antes, en la intervención judicial”, consideró de este caso Daniel Gershenson.
Tras el escándalo las autoridades del Estado de México dijeron a través de un comunicado que las instalaciones de Walmart se habían construido bajo estricto apego a la ley. Sin llegar a tener este caso mayores repercusiones para la empresa dentro del país.
“Las autoridades mexicanas no estimaron que había delitos que perseguir, el abogado que destapo todo este caso que trabajaba en Wallmart, pues evidentemente fue destituido. A estas personas no les fincaron responsabilidad alguna aquí en México, todo se dirimió fuera de México. Nos encontramos que toda la información vino de los Estados Unidos”, explicó Gershenson.
Tampoco esto representó un problema para la estabilidad financiara de la transnacional. En el primer semestre del año la cadena de tiendas de autoservicio, la principal minorista del país, reportó que sus ingresos ascendieron a 226 mil 121 millones de pesos en los primeros seis meses del año, lo que significó un incremento de 9.6 por ciento.
En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que el flujo operativo en este periodo cerró en 20 mil 109 millones de pesos, tras un avance de 6.5 por ciento respecto a 2014. La utilidad neta de la cadena aumentó 34.6 por ciento de enero a junio, al alcanzar los seis mil 811 millones de pesos.
“Lo que era interesante del caso Walmart es que fue una práctica sistemática, no un caso único, sino que el reportaje estudio que había una fórmula. No sabemos cuántos casos, pero sí sabemos que eran suficientes como para que quedara clarísimo que no era una situación única de un Walmart”, agregó Lomnitz.
ATENTADOS CONTRA LA SALUD
De acuerdo con la organización ambiental Greenpeace, el uso de plaguicidas en México es de 3 mil 307 toneladas por cada mil hectáreas, y es el glifosato, una sustancia catalogada en marzo como posiblemente cancerígena por la Organización Mundial de la Salud propiedad de la transnacional Monsanto, una dentro de los agrotóxicos más extendidos en el país bajo los nombres comerciales de Round Up o Faena.
“Es urgente que México prohíba la utilización de glifosato ya en la agricultura y que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios actúen de manera inmediata, ya que la salud pública debe estar por encima de los intereses de Monsanto, porque es el principal herbicida que se consume en México”, dijo recientemente a SinEmbargo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa a 60 mil productores de granos básicos.
El glifosato también es el herbicida de uso más generalizado en el mundo, pero luego de que la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) lo calificara como “probable cancerígeno en humanos”, hubo países como Francia que pusieron un alto a esta patente de la transnacional Monsanto.
Hasta hoy, el catálogo oficial de plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.
“Estas sustancias significan un riesgo para las personas que estamos consumiendo, y también para las personas que los cultivan, al ser altamente tóxicas”, denunció sobre este tema la vocera de Greenpeace Sandra Laso Jacomé en declaraciones pasadas .
Por otra parte, activistas denuncian que el Gobierno mexicano se ha visto incapaz de desmarcarse de los productos de Monsanto que son aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Otros países latinoamericanos como Colombia ya han anunciado su decisión de prohibir el glifosato pese a que ha sido ampliamente utilizado para el combate a las plantaciones de coca en la región, que respalda el Gobierno de los Estados Unidos.
“Monsanto es el que tiene la patente. Y uno de los problemas que tenemos en México es que muchos de los productos que se aceptan sean agroquímicos o transgénicos simplemente se aceptan porque se aceptan en Estados Unidos, es decir las autoridades no tienen sus propios procedimientos y protocolos”, dijo Catherine Marielle, coordinadora del Programa Sistemas Alimentarios Sostenibles del Grupo de Estudios Ambientalistas (GEA).
GOBIERNO CÓMPLICE
Los expertos coinciden en que el Gobierno no sólo se ha plegado a los intereses de la industria mediante regulaciones laxas que priorizan los intereses de las industrias, sino que ha sido cómplice en el impulso de estas medidas.
“Depende de la dependencia. La industria tiene mucha influencia en la Secretaría de Economía (SE). De hecho, los principales cabilderos de la industria son gente que ha trabajado en la SE, entonces van rotando, son las puertas giratorias”, dijo Alejandro Calvillo, director de EPC.
“El mayor de ellos es Jaime Zabludovsky Kuper que representa al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Y la SE es la que le hace el juego a la industria”, continuó.
Un ejemplo sucedió en 2011, cuando México emprendió un reclamo internacional en contra de Australia por haber implementado el empaque genérico en cigarrillos con el fin de restar publicidad a las marcas, prohibiendo símbolos, logos, detalles de diseño.
“Ese etiquetado no permite ponerle el logo de ‘Malboro’, ni de marca, y que los obliga a poner en negro sobre blanco el nombre y el 80 por ciento de la cajetilla es la imagen de un daño severo a la salud”, explicó Calvillo.
En aquel año, a través de la SE, Juan Antonio Sánchez Dorantes, director general de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), expresó en un documento la “preocupación” del Estado mexicano por las medidas.
En el documento que iba dirigido al Secretario del Comité de la Comisión Permanente de Salud y Geriatría y a la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, México criticó que tan sólo por la búsqueda de “objetivos legítimos” de aquel país, se crearan obstáculos innecesarios al comercio internacional, y en consecuencia, una restricción más “que resulta poco necesaria”.
“El Gobierno de México agradecería si Australia podría compartir la información científica en la que basó sus conclusiones […] en vista de que México hasta la fecha no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, la imposición de este nuevo reglamento técnico restringiría el comercio sin hacer otra cosa más que alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por las autoridades australianas”, citó el documento.
También en ámbito de la industria alimentaria el Gobierno mexicano ha intercedido a favor de la industria, cuando en el 2014 la SE envío una carta mostrando su rechazo al etiquetado de alimentos en Ecuador, en el que los colores del semáforo advierten la calidad nutrimental de los productos.
De acuerdo con documentos obtenidos por SinEmbargo, la Subsecretaría de Comercio Exterior (dependiente de la Secretaría de Economía), a través de la Unidad de Negociaciones Internacionales, presentó argumentos contra el etiquetado establecido por Ecuador para los productos más dañinos, como refrescos y panecillos altamente procesados y endulzados. Esta defensa de las autoridades mexicanas no ha sido informada a los ciudadanos y, hasta donde se sabe, tampoco al Congreso de México.
“Sabemos que vivimos en un país de profunda producción, pero poco se ve cómo participa esta corrupción cómo se beneficia la gran industria”, explica Calvillo.
Mientras tanto los consultados coincidieron en que el Presidente Enrique Peña Nieto ha seguido la línea de sus antecesores en aras de no fincar responsabilidades penales ni normativas que castiguen los atropellos de la industria. Lo que no cambiará la situación de atropello a los derechos de los derechos humanos de los mexicanos hasta que las políticas del Gobierno integren otros enfoques, además del económico.
“Aquí en México, se le ha apostado a algo que se llama autorregulación, por eso la industria hace lo que se les da la gana. Se ha vuelto una especie de evangelio de no tocarlas, porque el argumento que te dicen las dependencias que deberían de estar fiscalizando es: ‘la industria está generando empleos y no podemos tocarlas, porque muchas familias mexicanas dependen de esto’, sin considerar los daños que deben regularizarse”, dijo Daniel Gershenson.
