Carece país de padrón de niños adoptables

 

 

En medio del cunero, la sonrisa de Mónica y el brillo de sus ojos café hicieron que Alejandra, su esposo Carlos y su hijo no dejaran de observar a la niña de apenas 11 meses. La labor de voluntariado de ambos los había llevado hasta esa sede del DIF en donde prestarían su apoyo a familias que quisieran adoptar, pero aquel día fue diferente, quedaron cautivados por aquel gesto de la niña y decidieron iniciar los trámites para convertirse en padres por segunda ocasión.

 

Así también lo hicieron 822 parejas en el año 2014, pero ello significa que cuatro de cada 10 solicitudes se tradujeron en la llegada de un niño a una hogar.

 

En el caso de Mónica el proceso fue largo, tuvieron que pasar por evaluaciones sicológicas, de trabajo social, entre otras, pero “nada que no se pueda resolver fácilmente”. Es cuestión de “programarse” para acudir a las citas de prueba; proceso que duró alrededor de un año con tres meses, relata Alejandra.

 

Desde entonces han pasado casi 10 años, persisten los mitos y por ello los niveles de adopción en México son bajos. Pero ese no es el único desafío, tampoco existe un registro unificado de cuántos menores están en condiciones de ser adoptados ni el número de niños que se encuentran en los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Cada estado tiene bajo su resguardo las cifras por albergue.

 

Entre otras razones, ello explica que en el mes de agosto fuera descubierta una red de traficantes de niños en el estado de Sonora, pues no existen controles sobre la población infantil en condiciones de ser adoptada.

 

Según Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización civil Ririki Intervención Social, el caso de Sonora evidenció las “debilidades del sistema” para realizar y tener un control sobre el proceso de adopción en México.

 

Pero Alejandra cuenta que existe una cadena de trámites que dificultan el proceso, además de ser prolongado. Esto se traduce en que el promedio nacional de adopciones aceptadas en los últimos cinco años fue de 43.6%. En el año 2010 se aprobaron 40% y para 2014 llegó hasta 47%. En ese periodo, se registró la mayor proporción de solicitudes aceptadas con 53% en 2011.

 

La variación en las estadísticas de los niños adoptados obedece a factores como la cantidad de solicitantes interesados en adoptar o bien el número de menores de edad liberados jurídicamente, debido a que los procesos de la pérdida de patria potestad duran varios meses, explica la directora general Jurídica y de Enlace Institucional del SNDIF, Adriana Luna Lozano.

 

En realidad lo que ocurre es que no hay un marco normativo uniforme de los procedimientos de adopción, dice Nashieli Ramírez, quien confía en que con la implementación de la nueva legislación en materia de derechos de menores el trámite sea menos “burocrático”.

 

“El primer problema que tenemos es que no hay una regulación uniforme, no hay un marco normativo parejo; a nivel nacional tienen diferentes procedimientos en cada estado y eso dificulta el tener estándares tanto de tiempos como de regulación uniformes en todo el país. Tenemos procesos demasiado largos, esto supuestamente va a empezar a cambiar a partir de los nuevos lineamientos de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que establece un marco uniforme a nivel nacional, que nos va a llevar a un camino más coherente y menos burocrático en el futuro”, dice Ramírez.

 

La directora nacional de la asociación Aldeas Infantiles SOS México, María Isabel Martínez, coincide en que las personas se enfrentan a procesos “muy largos” en el que las parejas desisten, o en el que los niños crecen, con lo que es más difícil que se puedan adaptar a una familia adoptiva, por lo que comentó que se debe trabajar para que los trámites sean más ágiles.

 

“Son procesos muy largos por los cuales a veces desisten, o bien los niños van teniendo mayor edad, entonces es más difícil que a mayor edad se puedan integrar a una familia adoptiva, son de los principales obstáculos que existen. Evidentemente las autoridades tienen que hacer la investigación correspondiente para asegurar que el niño va a estar en un hogar que le brinde protección y cuidado. Sí tendríamos que trabajar como país para determinar procesos más ágiles, que permitan a estas parejas adoptar a los niños”, destaca.

 

Sin embargo, Alejandra considera que aún existen muchos mitos y prejuicios alrededor de la adopción, uno de ellos es que es un procedimiento “muy difícil” que lleva muchos años, por lo que invita a las personas que estén interesadas en adoptar a un menor investigar todo lo relacionado sobre el tema.

 

 

Adriana Luna Lozano, directora general Jurídica y de Enlace Institucional del SNDIF, indicó que el procedimiento de adopción tiene dos etapas: una administrativa, en la que a los interesados se les invita a participar en un curso de inducción donde se dan a conocer los niños que tienen, cómo es el proceso, y si después de tomar el taller mantienen su decisión se les pide entregar una serie de requisitos para conformar el expediente.

 

A las parejas que buscan adoptar se les solicita una carta dirigida al DIF en la que manifiestan esa voluntad, especificando la edad, el sexo y número de niños que desean integrar a su familia. También se les pide una acta de nacimiento y, en su caso, de sus hijos, así como acta de matrimonio, dos cartas de recomendación, certificado médico, exámenes toxicológicos, entre otros que suman un total de 17 requisitos a cubrir.

 

Deben someterse a pruebas sicológicas, de trabajo social, socioeconómicas y sicosociales. El número de citas a las que deberán asistir las personas interesadas las determinará el especialista del DIF.

 

“Una vez integrado todo esto, se hace una junta multidisciplinaria en donde los profesionales intercambian opiniones respecto del expediente integrado y de sus pruebas realizadas y se somete a un consejo técnico, en donde confluyen diferentes áreas: médica, sicológica de trabajo social y abogados”, explica Luna Lozano

 

La segunda etapa del proceso es la de asignación, en la que una vez que el consejo técnico aprobó a la pareja o a la persona que quiere adoptar, se busca a un niño en el rango de edad y con las características que los solicitantes hayan pedido. Una vez que se encuentra a quien cumpla con el perfil, entonces se vincula con los solicitantes. Primero a través de visitas dentro de la institución, luego se les da la oportunidad de tener una convivencia fuera del albergue y, posteriormente, se les permite a los futuros padres que el infante pueda pasar la noche en su domicilio.

 

La funcionaria enfatiza que en esta parte del proceso se cuida mucho que el perfil de los solicitantes sea compatible con las necesidades del niño o niña. Si durante la etapa de asignación se advierte que el menor se siente incómodo, se le retira del proceso y se les busca, tanto al infante como a los solicitantes, “un mejor proyecto”, compatible con su dinámica de vida y con lo que los menores necesitan.

 

El trámite de adopción, tanto administrativo como judicial, se realiza entre nueve y 10 meses. Luego de que se aprueba la adopción hay un seguimiento postadoptivo, en el que durante los dos primeros años se realizan visitas de verificación al domicilio cada seis meses, después de ese periodo de tiempo, las visitas son anuales y concluyen hasta que los niños cumplen los 14 o 16 años.

 

“Los procesos son cuidadosos y no podemos entregar a un niño sólo por querer sacarlo a hogares con personas que no cumplan con los requisitos. Si le vas a restituir el derecho de tener una familia, que sea realmente una familia y no exponerlo a situaciones que lo puedan comprometer en su bienestar”, indica.

 

El sistema DIF en el Distrito Federal cuenta con cuatro centros asistenciales que albergan 294 niños y niñas, de los cuales sólo 52 son adoptables, es decir, aquellos que tienen resuelta su situación jurídica y que por diferentes causas no cuentan con familia, sostiene. Al mes resuelven de manera favorable una adopción, en la capital del país.

 

 

Cuando Alejandra y su esposo decidieron iniciar la búsqueda de un niño para adoptar comenzaron a investigar en otros estados, pero notaron que en algunas legislaciones estatales las parejas mayores y con hijos biológicos ya no se aceptan para el proceso de adopción, por lo que se dieron a la tarea de indagar dónde tendrían posibilidades de hacerlo.

 

La funcionaria del DIF admite que cada estado tiene su propia legislación respecto a la adopción, por lo que llevan su propio registro de cuántos niños en condiciones de adopción tiene, cuántos menores poseen cada uno de los albergues del DIF en determinada entidad.

 

Ante esta situación confía en que con la implementación de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se está trabajando en un registro nacional de menores en adopción, de tal manera que se armonice en todo el país el tema adoptivo.

 

“Justo con la publicación de la reciente ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, se está trabajando un registro nacional de adopción. Cada estado conserva sus propias cifras, cada entidad muy seguramente tiene sus propios registros, lo que se pretende con esta ley es armonizar a nivel nacional el tema adoptivo y tener mayores controles dentro del mismo. Ese es uno de los retos en la implementación de la nueva ley”, apunta la funcionaria.

 

No obstante, el DIF nacional cuenta con un “concentrado estadístico”, el cual contiene las cifras de cuántas solicitudes de adopción se recibieron a nivel nacional y las que se concluyeron. También el rango de edad y sexo de los niños. Nada más.

 

Rechaza que la falta de un registro nacional sea causa de descontrol o falta de vigilancia en algunos estados, pero esto ayudará a dar “mayor congruencia” a los procesos.

 

 

Luna Lozano califica el caso de Sonora, en el que se descubrió una red de tráfico de menores con un ex funcionario del DIF estatal implicado, como una situación “muy particular”, en la que no hubo ningún procedimiento adoptivo, se les retiraba los menores a sus madres y los entregaban a cambio de un beneficio propio.

 

“El tema de Sonora es muy particular, porque ahí fue un delito que cometieron un grupo de personas para su beneficio propio, no medió ningún procedimiento adoptivo, ahí no hay adopción, es un procedimiento directo, yo te lo quito y lo entrego a cambio de un beneficio propio”, refiere.

 

Expresa que este tipo de prácticas pueden ser favorecidas por la “desinformación” y la “ignorancia” sobre el proceso de adopción, e insiste en que las personas no deben “cerrarse” ni pensar que se trata de un trámite engorroso, por lo que aconsejó que los interesados deben acercarse al sistema DIF para recibir asesoría.

 

Señala que por el momento no tiene noticia de ningún otro caso como el de Sonora en alguno de los estados, y subraya que con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se tiene previsto que todos los profesionales que trabajen en el tema adoptivo estén “debidamente autorizados”, tanto por los sistemas DIF estatales como por el nacional, a fin de tener “mayores controles a nivel nacional”, pues actualmente esa información no se tiene concentrada.