30 de Octubre 2015
La #LeyFayad instrumenta un robusto sistema de censura en la red y se trata del primer intento de impulsar una ley tan restrictiva. Antecedentes como la #LeyBeltrones o #IMPIpolicía palidecen en sus alcances frente a la iniciativa propuesta por el senador de Hidalgo.
Desde hace algunos años, cada cierto tiempo, aparece en el escenario político algún personaje con una ley absurda contra internet. Las iniciativas parecen siempre redactadas por las mismas personas. Las preocupaciones, aparentemente legítimas, tienen un rango que va desde la pornografía infantil hasta la piratería en línea. Se trata de iniciativas que pocas veces se sustentan en datos y estudios serios, más bien son un cúmulo de poderosos miedos morales y el cabildeo de algún actor poderoso en la industria. El último caso es el del senador priísta Omar Fayad, quien ha presentado una iniciativa del ley sobre ciberseguridad.
La #LeyFayad instrumenta un robusto sistema de censura en la red. Se trata del primer intento de impulsar una ley tan restrictiva; antecedentes como la #LeyBeltrones o #IMPIpolicía palidecen en sus alcances frente a la iniciativa propuesta por el senador de Hidalgo. Recomiendo leer el análisis de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Se necesita contextualizar esta iniciativa en un panorama general en donde la “ciberseguridad” se está discutiendo a nivel mundial. Dos paradigmas están en conflicto: el de la criminalización o el de la apertura y refuerzo de la confianza entre actores. Si bien es importante el contenido específico de la ley, el tema fundamental, la ciberseguridad, debe ser discutido públicamente con toda claridad.
El problema con estas iniciativas de ley (pasadas y futuras) reside en que esencialmente ninguna funciona. La razón por la que son inservibles es porque el desarrollo tecnológico avanza más que el legal, de forma que en el momento de entrar en vigor, con seguridad ya se habrán diseñado los mecanismos para darle la vuelta. Esto no quiere decir que se deban ignorar, por el contrario, son una batalla que siempre debe librarse: identificar adversarios políticos (Fayad), explicar a la ciudadanía en qué consisten y cuáles son las consecuencias.
La #LeyFayad inaugura un largo camino sobre el tema de ciberseguridad. Los próximos dos años estarán inundados con el tema ya que México es organizador, para el 2017, de la Conferencia Global del Ciberespacio que se enfoca en ciberseguridad. En la edición de este año, llevada a cabo en la Ciudad de La Haya, Holanda, el lenguaje militar alrededor de la seguridad en la red fue alarmante. De tal forma que no será la primera ni la última vez que tengamos que batallar con legisladores ignorantes.
El problema con la militarización de cualquier discurso es que todo lo vuelve más violento, no menos. Esta es la razón de fondo por la que la iniciativa de Fayad está equivocada: invoca una idea de seguridad basada en el castigo. A diferencia de muchas otras infraestructuras sociales, internet se basa en la confianza: de protocolos que transmiten datos y de personas que confían entre sí la distribución de su información. La iniciativa de Fayad promueve la operación contraria; es decir, un ecosistema donde nadie confíe en nadie.
Una red verdaderamente abierta, democrática e incluyente pasa por respetar el acuerdo básico de la confianza entre sus usuarios y desarrolladores. La libertad de expresión en línea tiene las mismas restricciones que fuera de ella, por lo que ninguna ley especial debe ser promulgada al respecto. En este sentido, el informe de la relatoría especial para la libertad de expresión de la OEA destaca que, además, cualquier ponderación acerca de la libertad de expresión en línea deberá tomar en cuenta la afectación a la arquitectura de la red (interoperabilidad, estándares abiertos y no discriminación de datos). Como se ha establecido en distintos documentos internacionales como la Declaración Conjunta de Libertad de Expresión e Internet, “al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses”.
Uno de los apartados más preocupantes de esta iniciativa es el artículo 25, que impone hasta diez años de cárcel a “quien ofrezca o preste servicios destinados” a obtener o divulgar información privada a la que se refieren los artículos mencionados anteriormente, aún cuando sea de interés público. Esto revela un nulo entendimiento de lo que es interés público. En un sistema donde los medios están al servicio del poder y la violencia contra la prensa (física, material, laboral y psicológica) es la norma, difícilmente conoceríamos los actos de corrupción del gobierno. El periodismo en web así como las plataformas que ofrecen estos servicios (ej. Wikileaks) son herramientas fundamentales para la democracia y el ejercicio pleno de la libertad de expresión y acceso a la información.
Leído en clave política, el mensaje de Fayad es consistente con el del Presidente y su partido: ya chole con sus quejas, sus investigaciones, sus filtraciones, etc. Más me preocupa que no pocos opinadores están en el fondo de acuerdo con la restricción de todo tipo de disidencia –como si eso solucionara de alguna manera un gobierno corrupto, violento, raciclasista y oligopólico. En suma, no es que Fayad no entienda la tecnología, es que no entiende la democracia.
