Expertos de tanques de pensamiento coincidieron en que la negación sistemática por parte de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto de las violaciones a los derechos humanos en México, ahora se recrudece en en cuanto a la problemática de la migración.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Este Gobierno pasó de guardar silencio sobre las violaciones de derechos humanos de los migrantes a negarlas de forma contundente, consideraron expertos, quienes desdijeron las declaraciones recientemente hechas por el Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, en las que acusó que esos atropellos son cosa del pasado.
Jorge Andrade, investigador de la dirección de migración y derechos humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) ve con preocupación como el Gobierno oculta la información.
“Hemos visto claramente se ha incrementado el número de casos de violación a los derechos humanos. No sé cuáles sean los propósitos pero sí entiendo que estamos dialogando con el pasado, tenemos un subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos [Humberto Roque Villanueva], que viene de un pasado priista, o sea de aquellos años donde la represión por parte del sistema era brutal. Y tenemos un Secretario de Gobernación que forma parte de este pasado”, detalló.
La semana pasada Chong participó en la inauguración de la reunión Viceministerial de la Conferencia Regional Sobre Migración, a la que asistieron funcionarios de 11 países del caribe, norte y Centroamérica.
En el evento público el Secretario dijo: “Ha dejado de ser México, esa visión cotidiana de migrantes arriesgando su vida, migrantes atravesando nuestro territorio encima de un tren, en donde eran asaltados, secuestrados, donde se cometía cualquier cantidad de delitos, como la trata. Hoy todo esto es parte de una historia negativa, que hemos venido dejando atrás, a partir de estas nuevas políticas públicas que hacen un antes lamentable, un futuro promisorio”.
Sin embargo, estos datos contrastan con los registros que lleva el Insyde. Entre enero y septiembre, un total de 118 mil centroamericanos fueron deportados. Este es un incremento de 30 mil personas, en relación al mismo periodo del 2014.
Andrade refiere que gran parte de las violaciones que sufren los propios migrantes son causadas por las propias autoridades. El informe “Migrantes invisibles, violencias tangibles”, hecho por la llamada Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) acusa que las autoridades son responsables por el 20.16 por ciento de los delitos que sufren que quienes atraviesan México.
Antes que las autoridades hay dos actores más a los que el informe evidencia el cometimiento de delitos sobre población migrante, el crimen organizado, con 54.27 por ciento, y particulares, con 25.56 por ciento, en ambas acusan especialistas se evidencia la incapacidad del Estado para proteger la vida de los migrantes.
Hace dos semanas el subsecretario Roque Villanueva también manifestó: “ La única razón que pudiera haber de queja en esta materia no es el que sean asegurados y deportados, sino que sean maltratados, eso sí nos preocuparía”.
El Insyde refiere que, tan sólo en Sonora, el 29.3 por ciento de agresiones cometidas a migrantes fueron hechas por la Policía Federal, el 22.4 por ciento por la Policía Municipal, el 6.9 por ciento por la Policía Estatal, el 4.7 por el agentes del Instituto Nacional de Migración, el 2.6 por ciento por el Ejército o Marina, y el 27.2 por ciento por otra tipo de autoridad.
De acuerdo con Andrade, la posición del que fue presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1996 refleja “una realidad totalmente diferente. Es con un cinismo impresionante, porque si vemos las declaraciones que se tenían del Gobierno mexicano hasta hace un año era de silencio, y en el qué decías qué estarán pensando, pero ahora lo niegan con un cinismo, en el que dicen estamos ya haciendo otras cosas, No sé cuál sea el interés pero están encubriendo cosas que están sucediendo y eso es muy preocupante”, recordó.
Rodolfo Córdova Alcaráz experto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, enfatizó que las políticas públicas de México se han enfocado más en la deportación que en cuidar la integridad de las personas que viajan con el programa Plan Frontera Sur que inició a mediados del 2014 .
Los resultados no tardaron en llegar, en junio de este año la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo hincapié que entre abril del 2014 y abril del 2015, México supero a Estados Unidos en el número de arrestos de centroamericanos.
Córdova explicó que en el 2001, esa proporción era de un detenido en México por cada 10 en Estados Unidos, lo que refleja la intensidad con la que México ha seguido los lineamientos del vecino del norte para contener la migración.
Asimismo, Córdova acusó que el Gobierno no ha puesto especial interés en propuestas que tenían por objetivo un abordaje del fenómeno migratorio más integral.
“El Programa Especial de Migración lo trabajamos incluso con Gobernación y salió publicado en abril del 2014, por el presidente Enrique Peña Nieto, es un compromiso presidencial firmado por cinco o seis secretarios de Estado también. El tema es que no se le ha dado el peso específico que requiere el programa, ni los recursos”, apuntó.
A ese programa desde su inició no se le etiquetaron recursos puntuales. En cambio a la Coordinación de Atención Integral de Migración en la Frontera Sur se le asignó el año pasado 102 millones de pesos.
