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Autor:
Rafael Cabrera
04 de enero 2016
Durante el año exacto que duró todo el proceso legislativo para aprobar la reforma constitucional en materia energética -desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa el 12 de agosto de 2013, hasta que se aprobaron las Leyes secundarias, el 11 de agosto de 2014-, el Gobierno Federal gastó poco más de mil 181 millones de pesos en propaganda.
La estrategia de comunicación que fue desplegada en TV, radio, medios impresos e internet, utilizó fondos públicos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo conrespuestas de información pública entregadas a través de la Ley federal de transparencia, y en las cuales se detallan los montos y medios que fueron beneficiados. Los montos gastados en esta campaña, hasta ahora, no se conocían.
Aquel 12 de agosto, durante la presentación de la iniciativa que envió al Senado, Peña Nieto señaló desde Los Pinos: “Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la Nación. Los mexicanos seguiremos siendo los dueños de la renta petrolera…” Horas después siguió un mensaje del Presidente en cadena nacional.
Y al día siguiente, el Gobierno Federal echó a andar una maquinaria de comunicación que incluyó spots televisivos y radiofónicos en rotación incesante, desplegados a páginas completas en diarios y revistas, y banners en páginas de internet con un objetivo claro: difundir los beneficios de su reforma, como reducir los costos de la gasolina y los recibos de gas y luz, y más empleos. El mensaje se repitió sin cesar durante un año. Aquel 13 de agosto, el Gobierno Federal pagó 2.7 millones de pesos por inserciones en 80 diarios del país.
A lo largo de los meses, el gobierno de Peña Nieto echó mano de la imagen del presidente Lázaro Cárdenas, el responsable de la expropiación petrolera de 1938, para defender su reforma bajo la idea de que no era privatización, o de niños disfrutando del futuro pletórico que supuestamente traerá la apertura energética. En cada spot, una promesa.
La campaña, no obstante, distó mucho de ser información al servicio de la población y del ejercicio de sus derechos. Justine Dupuy, investigadora del centro de análisis Fundar y responsable de elaborar un informe anual sobre el gasto en publicidad oficial a nivel federal y estatal, es contundente:
“Con el caso de la reforma energética, vimos como el Gobierno Federal usó recursos públicos para su propio beneficio, es decir, para promover una idea, su idea, entre la población. Y eso dista mucho del concepto de publicidad oficial, que se supone debe servir a la ciudadanía para su toma de decisiones”.
A pesar del gasto multimillonario en la campaña de difusión, éste no fue decisivo para que la reforma de Peña Nieto fuera aprobada, pues desde el inicio su partido, el PRI, junto con el PAN, el PVEM y Nueva Alianza, reunía los votos necesarios: en el Senado obtuvo 95 votos a favor y 28 en contra, mientras que en San Lázaro juntó 354 en pro y hubo 131 en rechazo. Algo idéntico sucedió en los estados: en menos de cuatro días, 17 congresos estatales habían aprobado los cambios a la Constitución.
El mediodía del viernes 20 de diciembre, apenas dieciocho semanas después de que presentó su iniciativa, Enrique Peña Nieto promulgó la reforma en Palacio Nacional.
CFE, entidad que más fondos aportó
Los fondos para difundir la reforma emergieron de los ejercicios presupuestales 2013 y 2014. En el primer año, de acuerdo con los documentos oficiales entregados por la SENER, la CFE y PEMEX, se gastaron mil 20 millones 142 mil pesos. Al siguiente año, la cifra disminuyó a casi 161 millones.
La CFE fue la entidad que más recursos aportó, con 535.5 millones de pesos, seguida de la Sener, la cual destinó poco más de 410 millones. Finalmente, Pemex dio 235.5 millones.
Durante la fallida reforma energética que impulsó el expresidente Felipe Calderón en el año 2008, las mismas tres dependencias reportaron un gasto conjunto de 258 millones de pesos para difundir la iniciativa, casi un 25 por ciento de todo lo que se gastó en el año para difundir la reforma de Peña Nieto.
Por ejemplo, para difundir la reforma educativa durante 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó 81 millones 435 mil pesos contra los mil 181 millones destinados a la energética. Una diferencia de mil cien millones de pesos.
Campaña marcada por promesas incumplidas
Las expertos son críticos al opinar sobre la campaña de la reforma energética. Mario Campos, profesor de la Universidad Iberoamericana y columnista dedicado al análisis de medios de comunicación, considera que la campaña estuvo marcada por promesas hasta ahora incumplidas.
“Una campaña es buena o mala por el efecto que tiene y la expectativa que genera. Y esas promesas no se han visto cumplidas hasta ahora. En términos generales creo que es una campaña que no logró conectar con la mayoría de la opinión pública”, consideró.
Campos continúa: “Me parece legítimo que el Gobierno difunda su proyecto, es una obligación que no sólo busque los votos en su propio nicho sino que aspire a consensos, pues un gobierno está obligado a a explicar y convencer a la opinión pública. El foco está en cómo lo hace. Habría que cuestionar si los argumentos que presentaron en la campaña fueron verdaderos, si estaban sustentados o si sólo fueron promesas demagógicas. Otro punto es cómo se ejerció el presupuesto de comunicación y a qué medios incluyeron”.
Al respecto, la Sener entregó el listado de medios que contrató y los montos que le fueron asignados. Destacan los casos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), del fallecido Mario Vázquez Raña y responsable de editar diarios de corte popular como La Prensa y la cadena de El Sol de México, con una agenda cercana al PRI, así como el diario El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortíz, como los principales beneficiarios. Incluso diarios de bajo perfil, como Diario Imagen, encabezado por José Luis Montañez Aguilar, recibieron recursos.
Por ejemplo, el contrato asignado a la OEM tuvo una duración de 36 días, por lo que cada día el Gobierno Federal le pagó alrededor de 610 mil pesos.
La CFE, por su parte, no entregó el desglose de los medios a los que entregó contratos pero sí cómo distribuyó los 535.5 millones de pesos en difusión, de acuerdo con el tipo de plataforma (TV, radio, impresos e internet). La mayoría de los recursos fueron destinados a la promoción de la reforma energética en radio y televisión. El que menos recursos obtuvo fue internet.
Línea difusa entre publicidad y propaganda
Para la difusión de la reforma energética, el Gobierno Federal echó mano de los tiempos oficiales en radio y TV. De acuerdo con documentos consultados de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante el primer mes se difundieron tres spots por parte de la Sener en cada canal y sus repetidoras de cada estado del país.
Por ejemplo, para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2013 (la cuál coincidió con la difusión de spots pagados con motivo del primer informe de Peña Nieto, puesto que no se usaron los tiempos oficiales), en el Canal 2 de Televisa se transmitieron diario 31 spots pautados por RTC entre las 06:00 y las 23:59 horas. De esos, siete correspondieron a los spots de la reforma energética.
Es decir, un 22.5 por ciento de los tiempos oficiales se dedicaron a la difusión de la reforma. Tres minutos y medio al día, de los 15 minutos y medio de tiempos oficiales en ese canal.
A lo largo del año que duró el proceso de la reforma -desde la presentación de la iniciativa, hasta la promulgación de las leyes secundarias-, los spots a favor de abrir el sector energético convivieron en radio y TV con spots de la CNDH, la reforma educativa, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y otras campañas del Gobierno Federal, como también los spots emergentes por las afectaciones de los huracanes de septiembre de 2013.
Para Justine Dupuy, del centro FUNDAR, el caso de la reforma energética es un ejemplo de la línea difusa que existe entre publicidad oficial y propaganda, cuyo gasto y asignación es un pendiente que arrastra el Congreso desde 2007 y que también fue una promesa, hasta ahora incumplida, por parte del presidente Peña Nieto desde el periodo de transición, en 2012. Además, el Congreso ha omitido cumplir con un artículo transitorio constitucional que venció desde 2014 para legislar en la materia.
“Cuando un gobierno usa el dinero público y los tiempos oficiales para difundir propaganda, ya no estamos frente a información que sirva a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos. Es el caso de la reforma energética claramente. Y en este caso, el gobierno y los partidos se han negado a legislar”, explicó la especialista.
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