14 enero 2016.- La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En “Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, la organización de derechos humanos expone cómo se reflejan en el estado septentrional de Chihuahua y el resto del país las graves deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Según datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de más de 27.000 personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada.
“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo.”
Incompetencia
En muchos casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.
Cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
El equipo investigador de Amnistía Internacional descubrió casos análogos de incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en el estado septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi 1.700 personas han desaparecido en todo Chihuahua.
En la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció.
Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta.
Normalmente, la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles.
José Rosario Hernández fue víctima de desaparición forzada la tarde del 23 de octubre de 2011: una patrulla de policía municipal lo detuvo cuando iba en coche con dos amigos por la Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Sigue sin conocerse su paradero.
En los días que sucedieron a su desaparición, las autoridades se negaron a facilitar información de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de policía municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido detenido, a pesar de que una grúa se había llevado el automóvil de José Rosario por orden de las autoridades y había testigos de su detención.
La familia identificó al agente que había detenido a José Rosario y lo desafió a contar lo que había pasado, pero él se negó. Finalmente se detuvo al agente, gracias al empeño y las reiteradas peticiones de la familia y sus representantes letrados. Está previsto que su juicio comience en enero de 2016. Con todo, la investigación no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener información que ayude a esclarecer el paradero de José Rosario.
La madre de Brenda Karina Ramírez, joven de 22 años desaparecida el 19 de julio de 2011 después de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes en Ciudad Cuauhtémoc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija después de que las autoridades no investigaran debidamente el trágico suceso.
Cuando al fin tuvo acceso al expediente oficial del caso, se encontró con que estaba prácticamente vacío.
Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Lo que hay en el expediente de mi hija es lo que he entregado yo, nada más.”
El poder y la influencia de los carteles de la droga también tienen mucho que ver en los retrasos de las investigaciones.
Los familiares de otra persona que había desaparecido contaron que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a investigar en cierta zona del estado aduciendo que tenían miedo y no podían ir allí.
Falta de recursos
Los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades están sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del personal.
“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones. Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas.”
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un proyecto de ley al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales. El Congreso de México debe mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones.
