05 de febrero 2016
La socióloga mexicana Sylvia Schmelkes, autora de más de 100 textos académicos, ensayos y presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), es sin duda una voz autorizada, afortunadamente entre muchas otras, en materia de educación superior.
Ha dicho (y escrito) la maestra Schmelkes, sin rodeos, que en México es un privilegio tener acceso a la educación superior. Se hallan en este nivel solamente uno de cada cinco mexicanos entre los 19 y los 23 años de edad. Y aunque hace apenas diez años la proporción era de 12 por cada 100, lo cierto es que la educación pública superior ha experimentado un proceso de masificación.
Hay que señalar que no son datos confiables, porque la desigualdad social del país no admite promedios. Las cifras difieren mucho entre la Ciudad de México y el estado de Chiapas, que es el estado más pobre de la República. Refiere Sylvia Schmelkes que las oportunidades de un joven de la capital del país cuadruplican las de un joven chiapaneco.
En otras palabras, los jóvenes provenientes de sectores sociales marginados tienen serios obstáculos para acceder a la educación superior y graduarse.
Otro hecho empeora la situación: la demanda ha rebasado la oferta de unas mil 500 instituciones públicas de educación superior. De ellas, según la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES), 366 son universidades públicas.
Ello ha dado lugar a un rápido crecimiento de universidades privadas cuyos niveles son de muy baja calidad. Con un inconveniente adicional: no son opción para los sectores más pobres del país, con familias en cuyo seno se piensa más en la necesidad de comer que en enviar a sus hijos a la universidad.
Esta inercia fatal no solamente refleja la grave desigualdad social que hay en México sino que, señala Sylvia Schmelkes, “la reproduce y contribuye a perpetuarla o, lo que es peor, a acentuarla”.
Quienes se encuentran en situación de mayor desventaja son los indígenas y los habitantes de zonas pobres en general, por la mala calidad de la educación que reciben. Por eso, los egresados de instituciones educativas ubicadas en regiones con estas características difícilmente logran pasar los exámenes de admisión de las instituciones de educación superior.
No somos un país socialmente uniforme, todo lo contrario. Y nuestro sistema educativo está rezagado respecto de esta situación. Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta cuántos campesinos e indígenas hay en las universidades. A partir del bachillerato, nadie pregunta qué lengua autóctona habla el alumno.
Hay cálculos, pero nada más. Los indígenas representan aproximadamente el 10% de la población nacional. Si el sistema educativo fuera equitativo, por lo menos debiera haber un 10% de indígenas en la educación media superior. Pero no es así: los expertos conjeturan que no alcanzan el 1%. Este dato apunta hacia otra amarga realidad, negada frecuentemente por la retórica oficial: el racismo estructural y la desigualdad educativa prevalecientes en el sistema nacional de enseñanza.
Las instituciones públicas
Son nueve las Universidades Públicas Federales: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (UNADM), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México (COLMEX) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE).
Se suman a este escenario de la educación superior 34 universidades estatales creadas por decreto de los congresos locales, con la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. Estas instituciones desempeñan funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura.
Otro sector está formado por las llamadas Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario, que reciben recursos públicos de los gobiernos estatales y un “apoyo solidario” convenido por el gobierno federal. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, desarrollan funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura.
Los desafíos de la UNAM
La UNAM está a la cabeza de estas instituciones públicas.
El martes 17 de noviembre de 2015, al tomar posesión como nuevo rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers señaló que nuestra máxima casa de estudios puede confiar en su tradición y sus inercias para responder a una sociedad que se reconfigura constantemente y demanda una universidad conectada con el mundo exterior. Y advirtió: Una nación con insuficiente educación tiene un triste porvenir.
La ecuación parece terriblemente sencilla: si la UNAM, universidad pública número uno del país, deja de ser el medio de movilidad social y de superación personal para la juventud mexicana, habrá roto sus vínculos con la sociedad nacional, particularmente con millones de jóvenes hoy marginados de la educación superior.
Al frente de un grupo de académicos, el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, participó en un estudio titulado “Los desafíos de las universidades de América Latina y el Caribe ¿Qué somos y a dónde vamos?”
De acuerdo con este texto, entre los desafíos a los que se enfrenta la UNAM como universidad pública, figuran
- Formación de ciudadanos libres, responsables, informados, tolerantes y respetuosos de los derechos humanos.
- Promoción y puesta en práctica de la responsabilidad social.
- Diseño y elaboración de proyectos para responder a necesidades nacionales y globales.
- Ampliación de la cobertura, a fin de recuperar y fortalecer su función como medio de movilidad social y como recurso para reducir la desigualdad.
- Expansión de la educación superior formando más académicos y nuevas instituciones.
- Generación de conocimiento, capital humano y capacidad tecnológica, elementos indispensables para obtener un alto nivel de bienestar y de competencia internacional.
Además, está sobre la mesa el debate de las grandes cuestiones nacionales: con la UNAM a la cabeza, ¿las universidades públicas deben rescatar el humanismo? ¿Seguirán privilegiando la formación de recursos humanos “competitivos” para el aguerrido escenario de la globalización de las economías y el comercio? Ese es el dilema para nuestra educación superior: el yo o el todos.
Mientras tanto, entre buenos propósitos, discursos y anhelos, sueños y frustraciones, en marzo de 2015 el alma mater de la educación superior en México dio a conocer los resultados de su primer concurso de ingreso a la licenciatura para el ciclo 2015-2016. De los 128 mil 519 estudiantes que se presentaron al examen -aplicado en febrero- fueron seleccionados solamente 11 mil 490, cifra equivalente a 8.9%.Muchos de quienes resultaron rechazados presentaron un segundo examen, confiados en obtener el apreciado espacio en las licenciaturas. Los resultados se dieron a conocer en el siguiente mes de julio: esta vez la UNAM sólo admitió a seis mil 893 estudiantes de los 60 mil 254 (el 11.4%), que se sometieron a la prueba para ingresar a una de las 113 carreras universitarias ofrecidas para el ciclo escolar 2015-2016, en sus tres modalidades: escolarizada, abierta y a distancia. Casi el 89% de los aspirantes, 53 mil 361, se quedó fuera por falta de cupo.
No obstante, estos resultados no son malos para la UNAM, pues la matrícula en todos los niveles se incrementó en más de ocho mil alumnos en los últimos ocho años.
Algo ayudan a los jóvenes rechazados las 900 becas (300 por cada institución), que a cambio de incentivos fiscales ofrecen el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como las universidades Iberoamericana (UIA) y Del Valle de México (UVM), que se sumarán a las que ofrecen la UNAM y el IPN para que cinco mil estudiantes ingresen a la modalidad de educación a distancia.
Sin embargo, las tres instituciones privadas quieren estar seguras de que reclutan buenos alumnos potenciales y ponen dos condiciones a los aspirantes: 1) que los interesados comprueben que participaron en el proceso de admisión a la licenciatura universitaria y fueron rechazados, y 2) que tengan un promedio de aprovechamiento académico entre 9.5 y 10.
El Tecnológico Nacional de México
Por decreto presidencial publicado el 23 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se creó el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la institución de educación superior tecnológica más grande de nuestro país. Los Institutos Tecnológicos tienen 65 años de existencia y su sólida tradición está fundamentada en una educación superior tecnológica de excelencia en el país. Lamentablemente, por falta de oportunidades, muchos de sus egresados han emigrado de México.
También son de mencionar las Universidades Tecnológicas (UT), que ofrecen a los estudiantes que terminan la educación media superior una formación profesional intensiva que les permite incorporarse en corto tiempo (dos años), con el título de Técnico Superior Universitario, al mercado del trabajo o continuar sus estudios a nivel licenciatura en otras instituciones de educación superior. Actualmente hay 61 universidades tecnológicas en 26 estados de la República.
En este profuso escenario de la educación superior también hay Universidades Politécnicas (que ofrecen carreras de ingeniería, licenciatura y posgrados), Universidades Interculturales que se supone promueven la formación, dice la SEP, “de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente de los pueblos indígenas del país y del mundo circundante”, al tiempo que estimulan “un proceso de valoración y revitalización de las lenguas y culturas originarias”.
Por otra parte están los Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Instituto Politécnico Nacional; las escuelas normales públicas, responsables de la formación de profesores para todos los grados educativos, incluida la educación primaria intercultural bilingüe, secundaria, especial, inicial, física y artística.
Y aún así, en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene una de las menores proporciones de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en educación superior (53%), a pesar de tener la población más grande de este rango de edad de su historia. Sólo Colombia (43%) y China (34%) tienen tasas de matriculación más bajas.
Más del 20% de los mexicanos de 15 a 29 años no tienen empleo ni están matriculados en ningún nivel de educación o de formación. Esta proporción de jóvenes adultos mexicanos se ha mantenido por arriba del 20% durante más de una década (22% en 2012).
Diversos investigadores y académicos de prestigio, entre ellos Pablo Latapí Sarre, Investigador Nacional Emérito, han alertado sobre un hecho preocupante: en los últimos años, las universidades públicas han sido objeto de un conjunto de “políticas modernizadoras” del gobierno federal que ha afectado su cobertura, crecimiento, formas de gestión, de financiamiento y normas de su vida académica y sus relaciones con la sociedad, con las empresas y con el Estado.
En otras palabras, hace tiempo que un cambio de paradigma se impone lentamente a las universidades públicas por la vía de los criterios de financiamiento, las presiones, las negociaciones y la evaluación, advierte Latapí.
El maestro Jaime Ornelas Delgado, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), escribió una espléndida reseña de “Cuatro riesgos de las universidades públicas mexicanas”(revista Aportes, volumen XII, número 36, septiembre-diciembre de 2007, páginas123-129), título a su vez de la conferencia que Pablo Latapí Sarre ofreció el 22 de febrero de 2007, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) le ofreció el Doctorado Honoris Causa.
Refiere Ornelas Delgado que “los gobiernos neoliberales mexicanos no tienen la menor estima por la educación pública; mucho menos por las universidades públicas que se han visto sometidas a muchas y muy diversas presiones para destruir su carácter de instituciones autónomas, laicas, gratuitas y universales; es decir, donde se analizan todas las corrientes del pensamiento sin prejuicio alguno y se investiga sin censura para acrecentar el conocimiento social, y entonces convertirlas en empresas mercantiles donde se comercializa con el conocimiento y la transmisión del saber; esto es con el avieso propósito de hacerlas instituciones dedicadas, exclusivamente, a la capacitación y el adiestramiento de quienes han de administrar la economía y la
política en favor de los intereses del capital”.
La actual reforma educativa del gobierno federal está dirigida básicamente a evaluar a los maestros. Pero no toca el fondo: los programas académicos, la forma de transmitir el conocimiento, la forma de aprender y la evaluación a los estudiantes. En suma, ¿quién evalúa las políticas públicas educativas?
En mesas de debate, en reuniones de análisis, en foros de alto nivel, se ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer un cambio radical en la concepción de la educación superior: el qué, el por qué y el para qué de la enseñanza en el siglo XXI. Los especialistas han señalado que directivos, administradores, maestros y alumnos tienen una responsabilidad social. En este contexto, deben cambiar su forma de actuar, pensar y saber, para ser lo que la sociedad mexicana del siglo XXI necesita.
- Profundo estudioso de los graves problemas que separan al proyecto nacional educativo de la situación real de la sociedad mexicana, para Pablo Latapí la Universidad es Pública en cinco sentidos:
- Por razón de su pertenencia: pertenece a toda la sociedad, por eso es sostenida con recursos públicos.
- Está abierta a todos sin más restricciones que los requisitos que salvaguardan su calidad académica. La Universidad Pública es la respuesta institucional al derecho de los jóvenes a la educación superior.
- Por razón de los valores que debe encarnar. En ella convergen las diversas clases sociales y las diversas culturas del país, y por ello debe propiciar la convivencia plural y la tolerancia, en un ambiente de respeto a las opiniones e individualidades y de búsqueda de la verdad con base en el diálogo racional. Es por lo mismo un espacio propicio para construir la democracia.
- Por cuanto asume la responsabilidad de dar respuestas académicas a necesidades públicas o a problemas nacionales; asume las causas colectivas de las que no se responsabiliza ningún grupo de interés particular, y se compromete con ellas desde la perspectiva del bien de todos. Esta vocación por lo público preside tanto la formación de profesionales, como la selección de sus proyectos de investigación y de sus actividades de difusión cultural.
Pero además, dice Pablo Latapí, la Universidad es una institución hecha para la disidencia.
Y la disidencia es lo que legitima a todo régimen que se asuma democrático.
