CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó como “utilización política” e “irresponsabilidad” la decisión unilateral de la PGR de dar a conocer el viernes pasado ante los medios avances preliminares del tercer peritaje al basurero de Cocula.
En rueda de prensa, los expertos anunciaron que no colaborarán más con la dependencia en ese estudio, ante la vulneración por parte de la PGR de acuerdos previos establecidos en Washington, y después en México, sobre el abordaje que se daría a los resultados del peritaje, que se transmitirían primero a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Visiblemente molestos, los cinco especialistas en derecho humanitario, Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Francisco Cox y Alejandro Valencia, expusieron el proceso de rompimiento por parte de la PGR, y su determinación de concluir el informe correspondiente al segundo periodo de su mandato, continuar trabajando con las víctimas, revisar el expediente, así como la ley sobre desapariciones, situación que fue comunicada este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los expertos leyeron un posicionamiento en el que narran a detalle cómo se fueron violentando los convenios establecidos, entre ellos que no se darían a conocer más que resultados concluyentes, lo que no ocurrió el viernes, cuando el colegiado de especialistas en dinámica de fuego entregó explícitamente un “reporte preliminar”, mismo que advierte que faltan estudios por realizarse para determinar si en el basurero de Cocula se incineró a 43 estudiantes.
“La difusión pública de un documento provisional que no responde a estas cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica.
“La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero, para quienes el caso Ayotzinapa se ha convertido en una referencia”, sostuvieron los miembros del GIEI en su documento.
Los expertos lamentaron la decisión de la PGR de dar una conferencia de prensa de estas características, que fue tomada mucho antes de que se llevara a cabo la reunión entre funcionarios de la dependencia, el GIEI y los especialistas en fuego, programada al mediodía, en tanto que la rueda con medios se convocó una hora antes.
Los expertos reprobaron que la dependencia haya impuesto una cláusula de confidencialidad a los especialistas en fuego, que incluye a los miembros del GIEI, lo que les ha impedido conocer “el grado de consenso” que hubo en la elaboración del estudio resumido en un documento de “dos páginas y media”, que fue lo que se les entregó el viernes anterior.
El impedimento al GIEI contrasta con la filtración “de la PGR de la existencia de dos votos particulares y de discrepancias entre dos peritos”.
Al señalar que el próximo viernes están convocados a reunirse con los expertos en fuego en la PGR, ante la exigencia del GIEI de una explicación, el grupo insistió en que “no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales, y que sólo contribuirá a la confusión y al descrédito”.
La guatemalteca Claudia Paz y Paz puntualizó que el peritaje fue propuesta de la PGR, y que el GIEI decidió colaborar, lo que quedó plasmado en un documento firmado en Washington, en donde “los elementos fundamentales destacan que se iba a trabajar en consenso, se iba a informar a los familiares, y esto se ha roto, nosotros entendemos que ese acuerdo se rompió, y no vamos a seguir colaborando en ese aspecto”.
Carlos Beristáin señaló que un día después de la conferencia de prensa del experto en fuego Damián Torres se reunió con la procuradora Arely Gómez para manifestarle su “perplejidad¨ sobre esa decisión, y también porque no se atendieron las recomendaciones del GIEI, a pesar de que advirtieron de los impactos negativos en “la confiabilidad, la credibilidad y en las víctimas”.
“No entendemos por qué se quiebran las reglas, no entendemos por qué se pasa por encima de los consensos, no entendemos por qué no se toma en cuenta a los familiares”, contó Beristáin que le expuso a la procuradora, quien sólo se comprometió a reunirlos con los expertos en fuego este viernes 8.
El chileno Francisco Cox puntualizó que incluso no se tiene fecha de cuándo se completarán los estudios especializados que requieren los expertos en fuego, y refirió que entre los seis especialistas, entre ellos José Torero, quien realizó el estudio que determinó que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego en el basurero, “ninguno es especialista en antropología forense”.
Cox consideró relevante hacer la aclaración toda vez que en el comunicado leído por Torres hizo referencia a 17 restos óseos, de ahí que no tendría por qué hacer ese pronunciamiento, además de que “lo que solicitó la PGR y el GIEI tiene que ver con las dinámicas de fuego, con las cantidades de combustible necesarios para incinerar a 43 personas, de manera que no se puedan obtener muestras de ADN, esas fueron las preguntas, y los peritajes no se creen porque no son actos de fe, y los mismos se sopesan de acuerdo con los razonamientos, de ahí depende su credibilidad, no es un acto de autoridad”.
Alejandro Valencia recordó que el sábado 30 de abril concluye su segunda prórroga, y que hasta el momento “los objetivos del mandato del grupo siguen vigentes, siguen en pie los objetivos, no los hemos cumplido a cabalidad pero reiteramos que la decisión está encabezada por la CIDH en consulta con las partes, con el Estado, los peticionarios y sus respectivos representantes”.
El colombiano informó que el lunes pasado el GIEI tuvo una audiencia privada con la CIDH, donde rindieron un informe de actividades sobre su segundo periodo, e insistió en que será ese órgano de la OEA el que resuelva el futuro del grupo, en cuyo informe final incluirá los obstáculos que tuvo para lograr su objetivo.
Ángela Buitrago hizo referencia a la campaña sucia contra el GIEI, e identificó a José Antonio Ortega Sánchez como parte de ese “ataque generalizado, compuesto de mentiras, infamias, ataque que genera amenazas no solamente para el GIEI sino para los defensores.
Blanco de esas campañas, Buitrago sostuvo que se ha manipulado información “con conocimiento de que es mentira, de que es equivocada y que personas como José Antonio Ortega o del colectivo que representa lo que buscan realmente es que nosotros desistamos, de algo que no vamos a desistir, que es buscar la verdad en el caso Ayotzinapa”.
Al señalar que esta situación será expuesta también en el informe final del GIEI, Buitrago lamentó que hasta ahora el gobierno federal no se haya pronunciado en contra de la campaña de desprestigio.
“Fue el Estado quien pidió que viniéramos a apoyar, no estamos aquí sin una razón”, puntualizó la colombiana.
