La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) confirmó 119 casos de tortura cometidos por policías estatales y solapados por la administración del ex gobernador Rodrigo Medina, sin que ningún elemento fuera sancionado. La Organización de las Naciones Unidas conoció de la situación, pero se le negó el acceso al mayor centro de tortura en el Estado: la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Las policías de Nuevo León acumularon la mayor cantidad de recomendaciones por tortura entre 2007 y 2015. Superan el total de casos documentados por los organismos de derechos humanos de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Durango, los estados más violentos del país durante el sexenio de Felipe Calderón.
Sin embargo, en Nuevo León el Ministerio Público concluyó que estos casos de tortura no se tipificaban como delitos. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) que encabezó Adrián de la Garza, hoy alcalde de Monterrey, no inició investigaciones de oficio al conocer de los casos, aunque está obligada a realizarlas (Artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura).
La PGJNL afirma que sólo tiene registro de 16 denuncias por estas violaciones a los derechos humanos y en ninguna comprobó tortura, por lo que las amonestaciones a los policías sólo fueron de tipo administrativo y no penal.
Aunque la CEDHNL presentó denuncias con base en los 119 casos que documentó, de las investigaciones abiertas lo único que se informa es que “están en trámite”, asegura el segundo visitador de la comisión, Víctor Hugo Palacios.
La práctica de la tortura incluso se ejecutó para fabricar culpables en uno de los casos más violentos ocurridos en Nuevo León y el país: el incendio del Casino Royale, en 2011.
La investigación de DH
Debido a que la Procuraduría de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza, no tomó medidas para evitar que la tortura se repitiera, al solaparla como método policial se extendió su práctica, especialmente en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Esto provocó que los casos se duplicaran: de 21 registrados en 2012, llegaron a 44 en 2013.
“En cada caso que se emite una recomendación remitimos una copia certificada al procurador y otra al agente del Ministerio Público Especializado para Delitos Electorales y Servidores Públicos, para que inicie una investigación”, indica Palacios.
La documentación de la tortura en Nuevo León comenzó en julio de 2012, con la llegada de Sergio Méndez a la segunda visitaduría de la CEDHNL.
“Un caso de tortura, bueno a un policía se le pasó la mano. Dos, muy mal, no hay orden en la corporación. Diez, ¿oye qué está pasando? ¿Cien? Es una política de Estado”, refiere.
Antes de que Méndez ocupara el puesto, documentar un caso de tortura podía demorar hasta dos años, por lo que modificaron el sistema de trabajo y lo redujeron a unos cuantos meses: “No es necesario dar más tiempo porque todo está en los expedientes de los juzgados, nos los mandaban completos, revisábamos las detenciones, veíamos los partes informativos, eran unos escándalos. Torturaban a todos, hasta a la doñita acusada de robar una joya a su patrona”, recuerda. Las evidencias de tortura estaban ahí, en los expedientes de cada caso, no había necesidad de investigar más.
Según los registros de la Comisión estatal de Derechos Humanos, los elementos de la AEI – el brazo operativo de la Procuraduría estatal- torturaron más que todas las corporaciones estatales de seguridad de Michoacán en el mismo periodo (2007-2015).
La agencia recibió 74 recomendaciones por tortura, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán emitió 36 a sus policías. Cabe señalar que después de Nuevo León, la entidad con más casos de tortura confirmados es Michoacán.
Además de la AEI, la Comisión comprobó tortura cometida por la Unidad Especializada Antisecuestros, Fuerza Civil, celadores y por las policías municipales
Sergio Méndez sostiene que al ex gobernador Rodrigo Medina “le valía un cacahuate” que la Comisión comenzara a documentar la tortura, sólo se preocupaba porque cumplir las recomendaciones no implicara pagar indemnizaciones.
“Lo que siempre digo es que si tienes 90 recomendaciones ¿qué prueba?: una política, sistematicidad y generalidad, un estado grave de violación a derechos humanos y, por tanto, delitos de lesa humanidad. Si quisieran investigar al ex gobernador por ese motivo, tendrían todas las bases de prueba para acusarlo”, asevera.
La AEI, centro de tortura
Las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones aparecen en la mayoría de los testimonios de víctimas. Cuando se trató de detenciones masivas, la tortura se infligió en el gimnasio de la agencia. En su informe 2014, el relator de la ONU, Juan Méndez, indica que la AEI fue el único lugar al que no pudo entrar en su visita al país, a pesar de que recibió varias denuncias de tortura ahí ocurridas.
“Era un coto tan poderoso de impunidad la que existía y provocaba que ellos (agentes) pudieran hacer lo inimaginable dentro de sus instalaciones. Ni siquiera era como hace 20 años que se los llevaban a los ríos o zonas rurales. Fue una etapa muy gris”, comenta Enrique Irazoque Palazuelos, ex segundo visitador de la comisión.
Para el director del Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE), Ernesto López Portillo, la tortura es el síntoma de un problema sistémico, es decir, existen condiciones legales e institucionales que reproducen los incentivos para torturar.
Al respecto, el ex ombudsman de la Ciudad de México, Luis González Placencia, señala que “si empiezas a ver a policías que caen por tortura podrían dejar de hacerlo, pero si le apuestas a que torturen el mensaje es inverso: no se vale torturar, pero ustedes pueden hacerlo, lo que no se vale es que los cachen, es un contexto de permisión que se genera”.
En su caso, el presidente de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, afirma que el caso Nuevo León resalta en un país en donde a la tortura “los ombudsman la ven como algo natural, hasta necesario para investigar delitos, en el momento que haya un verdadero compromiso de ellos para atacar la tortura, vendrá el cambio”.
El Casino Royale
El 2011 marca el boom de la violencia en Nuevo León. Las disputas entre el Cartel del Golfo y los Zetas por el control de la plaza en el estado aumentaron después del atentado en el Casino Royale (25 de agosto de 2011), también los casos de tortura.
El 5 de enero de 2012, cinco meses después del atentado, Baltazar salió de un centro comercial en Monterrey y fue abordado por tres patrullas de la Fuerza Civil. Los policías lo encañonaron, tiraron al piso, golpearon, esposaron y subieron a una de las camionetas para llevarlo al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí lo golpearon en los glúteos con una tabla, pusieron de rodillas y le pegaron en la espalda, mientras le dijeron que lucía como delincuente y debía reconocerse como tal. Él respondió que lo estaban confundiendo. Entonces le machucaron las uñas de las manos con pinzas y golpearon su cabeza hasta dejarlo casi inconsciente.
Antes de desfallecer, Baltazar fue devuelto a la patrulla que lo trasladó a la Agencia Estatal de Investigaciones en avenida Gonzalitos. Fue entregado a tres agentes que le vendaron los ojos y lo condujeron a un cuarto para torturarlo.
Lo sentaron en una silla a la que amarraron sus pies para después voltearlo boca arriba. Los tres agentes torturadores se distribuyeron el trabajo: el primero le colocó una toalla mojada en la cabeza, otro roció agua en su cabeza y su rostro, mientras el tercero presionó su estómago. Repitieron la dinámica en muchas ocasiones y añadieron bolsas de plástico que le colocaron con fines de asfixia. También le retiraron zapatos y calcetines para machucarle el empeine y la planta de los pies con pinzas grandes.
Baltazar fue llevado a una oficina en la que estaban tres integrantes de la AEI y tres del Ministerio Público que le ordenaron que se identificara como “Mataperros”. Le dijeron que le pondrían unos videos donde aparecían varias personas secuestrando y matando y que él debía identificarse como alguno. Baltazar se negó y la tortura continuó.
Al concluir, regresó a la oficina en donde le pidieron firmar hojas en blanco y colocar sus huellas dactilares. Se volvió a negar. Exigió un abogado y hablar con su familia. Pero los agentes lo ignoraron y obligaron a estampar su firma y sus huellas.
Baltazar fue trasladado a un monte en el Municipio de Santa Catarina, en donde fue videograbado. Volvió a firmar hojas en blanco y le exigieron declarar que mató a una persona en ese lugar. No aceptó y lo torturaron de nuevo, mientras escuchaba que por radiofrecuencia decían: “Que no se les vaya a ir, que no se le vaya a morir porque no ha participado en ningún evento. Si se les va se van a quedar por el tú y tú y todos, llévenselo, llévenselo rápido al aeropuerto”.
En la terminal aérea fue entregado en estado de gravedad a policías de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y trasladado en avión a las instalaciones de la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En la Ciudad de México, Baltazar Saucedo Estrada fue acusado de asesinato de mandos, desaparición de policías y de ser uno de los autores intelectuales del ataque al Casino Royale, en el que murieron 52 personas. El relato consta en el expediente CEDH-191/2012.
La PGR presentó a Saucedo ante los medios como “El Mataperros” y lo procesó por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y secuestro. Actualmente está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez.
¿Tortura? Aquí no existe: PGJNL
La PGJNL asegura que aplica el Protocolo de Estambul para determinar tortura y cuenta con 19 peritos especializados que no obtuvieron resultados positivos para determinar la existencia de esta violación en ninguno de los casos (oficio PGJ/DAL/SAIP/012/2015, expediente DAL/OWA/SI2015-11531-716368/214-2015), a diferencia de los dos peritos de la CEDHNL que confirmaron tortura más de cien veces.
Armando Rodríguez Luna, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), considera difícil creer la versión de la procuraduría y plantea que las víctimas pudieron ser presionadas por las propias autoridades para desistir en sus denuncias sobre tortura.
De acuerdo con este experto, la élite política de Nuevo León ni la Procuraduría estatal estaban interesadas en exhibir casos de violaciones a derechos humanos durante un proceso en el que lo más importante era mejorar la imagen de seguridad en el Estado.
La violencia llegó a su punto más álgido en el Gobierno de Rodrigo Medina. Entre 2010 y 2012 los homicidios dolosos en Nuevo León aumentaron 60 por ciento, al pasar de 828 a 2 mil 03, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Era la coyuntura complicadísima del combate al crimen organizado y los temas de tortura eran una cuestión demasiado generalizada, no lo sabía hasta que llegué a Nuevo León. En mis trece años de litigante nunca tuve idea de la enorme gravedad del uso de la tortura avalado institucionalmente por los gobiernos estatales”, afirma Sergio Méndez.
Por su lado, Rodríguez Luna sostiene que los poderes Ejecutivo y Judicial de Nuevo León crearon un “cerco impenetrable” que les permitió extender el uso de la tortura debido a un alto nivel de impunidad. El experto confirma que su forma de obtener información no era a través de procedimientos judiciales acreditados, sino “a la brava”.
En su caso, Enrique Irazoque considera que debido a la gravedad de las situaciones que documentó la CEDHNL, “deben abrirse las investigaciones, concluirse y emitirse las resoluciones que sostengan un delito en base a la tortura. La prescripción no puede operar”.
Miguel Sarre, catedrático e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM,) indica que ante la falta de compromiso del gobierno de Nuevo León es necesario denunciar que las acciones para combatir la tortura no funcionan, que las autoridades la solapan y proceder penalmente.
Para este reportaje se buscaron las versiones del Gobierno y la Procuraduría de Nuevo León, sin que hasta el cierre de la edición hayan dado respuesta.
Las huellas de la tortura
La mayoría de las víctimas de tortura en Nuevo León son varones entre 20 y 30 años de edad, de clase media baja y se les relaciona con secuestros y posesión de drogas, de acuerdo con Ángel Chapa Martínez, responsable de aplicar el Protocolo de Estambul en la CEDHNL.
Explica que los torturados presentan lesiones de todo tipo, principalmente huellas por descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo o en su totalidad, dislocación de alguna articulación, quemaduras por ácido o uso de soplete, hematomas, excoriaciones por las esposas y problemas de hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva) causados por golpes con la mano abierta en los oídos.
El perito describe que para infligir tortura usan tablas de madera gruesa con las que se dan golpes en glúteos y espalda, principalmente, hasta causar que la piel se desgarre. Utilizan bates, varitas pequeñas con las que propinan golpes constantes, así como agua y bolsas para causar asfixia. Otros métodos son arrancarles las uñas, para ello pueden colocar agujas debajo o cortárselas con pinzas mecánicas, “cada vez la violencia es más descontrolada, no hay piedad”, sostiene.
La recomendación CEDH-533/2012 narra el caso de un menor de edad que además de haber sido torturado por agentes de investigación, fue abusado sexualmente en varias ocasiones con un objeto.
El 31 de octubre de 2012, agentes de la AEI lo privaron de su libertad, no le dijeron el motivo, tampoco permitieron que llamara a su madre y lo llevaron a las instalaciones de la agencia. En el expediente narra que ahí pasó cerca de diez días, luego fue presentado ante los medios de comunicación como integrante de una banda de multihomicidas, secuestradores y espías (hipervínculo al video de la presentación).
El menor fue abusado con un tubo de fierro en dos ocasiones. La primera ocurrió de tres a cinco días después de su exhibición en medios. Recuerda que fue sobre una mesa de billar en un sitio en el que había otras ocho personas tiradas boca abajo, vendadas de los ojos y amarradas de las manos. Lo castigaron porque se negó a confirmar su participación en una organización criminal.
La segunda vez la tortura duró cerca de una hora y culminó con un sangrado abundante. Los agentes le dijeron que estaban molestos porque los había metido en un problema al ser menor de edad.
En su dictamen, la CEDHNL confirmó “penetración anal con objeto no especificado”, mientras que la PGJNL sólo dio cuenta de golpes en la cara.
Ernesto López Portillo, de la organización INSYDE, señala que al incumplir el estándar de detención, se libera un espacio que admite la tortura: “Tienes a una persona detenida y no hay quien te controle, ¿qué nos relatan en el país?, unos rituales espantosos en donde la policía aprovecha al máximo el momento en el que tiene el control del detenido para extraer rentas, información o beneficios”.
El Modelo Nuevo León
La aplicación del Protocolo de Estambul y la creación del Modelo Nuevo León (MNL), permitieron a la CEDHNL identificar la tortura. Ambos fueron aplicados durante el periodo de Minerva Martínez Garza al frente de la comisión (diciembre de 2007 a diciembre de 2015).
“Nos dimos cuenta que había muchas violaciones a la integridad de las personas, que pudiera haber tortura, pero que no teníamos el mecanismo para confirmarla. Fue el crear un área en la que los médicos se especializaron en el tema y fue través de este grupo multidisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras, así como visitadores, que pudimos documentar la tortura que se incrementó mucho en años pasados, junto con la violencia”, expone la ex ombudsman.
Para Miguel Sarre, experto en derechos humanos, fue clave la decisión de Minerva Martínez de llevar a Sergio Méndez a la segunda visitaduría encargada de las quejas en materia de seguridad pública y el posterior respaldo que brindó a él, Enrique Irazoque y Víctor Hugo Palacios, ante las presiones del gobierno del estado para dejar de recomendar.
Afirma que el caso Nuevo León evidencia que existe personal en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH) que cumple su trabajo, pero los límites políticos son los frenos por acción u omisión, “cuando un visitador se mete y le busca, encuentra, destapa las cosas”.
Para Irazoque, los objetivos de su trabajo eran claros: “Ayudar a las víctimas de esta violación grave y que simplemente pasaba desapercibida. Dibujar un contexto de tortura en el estado y tratar de incidir en que era una prioridad”.
Y Sergio Méndez concluye: “Si los Organismos Públicos de Derechos Humanos no funcionan no es por el diseño institucional, es por quienes los encabezan. Cuando hay personas correctas dejan de ser elefantes blancos”.
*Anabel Manzano es egresada de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
