24 de mayo, 2016
El Congreso de Sonora pedirá a la PGR que se desista de la acción penal contra José Manuel Mireles Valverde y 380 campesinos y jornaleros, indetificados como autodefensas, encarcelados en diversos penales del País.
El diputado Carlos Alberto León García, de Movimiento Ciudadano, presentó el punto de acuerdo donde piden la pronta liberación de Mireles Valverde.
"Este Honorable Congreso del Estado de Sonora acuerda exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República, Maestra Arely Gómez González, para que en uso de sus facultades, se desista de la acción penal en contra del doctor José Manuel Mireles Valverde, en la causa penal número 137/2014", leyó.
El documento aprobado incluye un exhorto al Juez Quinto de Distrito de Michoacán, para que ordene su traslado al penal David Franco Rodríguez, en Morelia, Michoacán, en tanto se obtiene su libertad.
"Para que, debido al estado precario de salud y por la trascendencia social del inculpado, en la causa penal número 137/2014, ordene el traslado del doctor José Manuel Mireles Valverde", se precisa.
También tiene un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal, para que dicte sentencia absolutoria a Mireles Valverde, así como garantizar que se agilicen y se resuelvan con imparcialidad los juicios de 380 campesinos y pescadores encarcelados por ser considerados autodefensas.
El diputado por Movimiento Ciudadano señaló que el Gobierno federal tiene un sistema judicial injusto y prueba de ello es la detención de Mireles, vocero de las autodefensas de Michoacán, ocurrida desde el 27 de junio del 2014.
"Se cumplen casi dos años de que el doctor Mireles y 380 personas que siguieron el movimiento de las autodefensas, están recluidas en distintas cárceles del País por tratar de resolver un problema que le compete al gobierno, el cual es preservar la seguridad de las personas.
"En ese Estado, más de 500 familias completas fueron asesinadas y 2 mil 800 familias cambiaron de nación por las consecuencias del terror que dejaron los cárteles de la droga. Los pobladores de Michoacán se cansaron de recoger los cadáveres de sus familiares y amigos", destacó el Diputado.
García León responsabilizó al Estado de permitir la corrupción y no brindar seguridad y justicia a la población michoacana, que se vio orillada a defenderse.
El diputado concluyó que existe argumentación jurídica que da fe de la actuación en legitima defensa de Mireles y 380 personas más.
