En la sesión ordinaria del día de ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Diputada Vania Roxana Ávila García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en esta VII Legislatura, presentó el punto de acuerdo por el que exhortó a la Asamblea Constituyente, para que en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, se adicione en el apartado del Presupuesto Participativo, que los ciudadanos tengan el derecho preponderante con relación a las autoridades para decidir en lo relativo al tema en comento.
“Derivado de la recurrencia en la inaplicabilidad de los proyectos ganadores de presupuesto participativo, resulta necesario dotar a los ciudadanos de facultades que les otorgue de manera definitiva un derecho preponderante con relación a las autoridades de las jefaturas delegacionales, al momento de decidir los proyectos en el presupuesto participativo, siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales aplicables sobre la viabilidad de proyectos”, aseguró la Diputada Ávila García.
Resaltó, en la exposición de motivos de dicho exhorto, que de adoptarse la preponderancia a favor de los ciudadanos, el resultado sobre la viabilidad de los proyectos, sería decidido por un órgano técnico de dictaminación integrado por servidores públicos, especialistas de universidades de reconocido prestigio y en su mayoría por integrantes de los consejos ciudadanos de las demarcaciones políticas.
De lo anterior, resultaría eliminar la facultad de las alcaldías, para asignar a las empresas afines a sus intereses, la ejecución de los proyectos ganadores, asimismo, se terminaría el aumento de costos y la corrupción en perjuicio de la hacienda pública. Por lo anterior, resulta imperativo establecer y normar en la Constitución Política para la Ciudad de México, facultades a favor de los ciudadanos, Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejos Ciudadanos Delegacionales, a fin de asegurar tengan un derecho preponderante con relación a las autoridades para decidir sobre la forma en que se aplican los recursos en materia de presupuesto participativo.
