Siete estancias infantiles de León ganaron un amparo para que la Secretaría de Bienestar les entregue los recursos que dejaron de recibir en 2019 por el cambio de reglas de operación, informó a través de un comunicado Movimiento Ciudadano Guanajuato.
Con esto, dice el comunicado, podrán operar como lo hacían “antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementara sus políticas regresivas”.
En marzo, Movimiento Ciudadano Guanajuato interpuso cinco demandas de amparo colectivas para defender a 128 estancias del estado.
El lunes 2 de septiembre, una juez federal resolvió una de las demandas: determinó que siete estancias de León tenían derecho a continuar con el apoyo del gobierno federal por el cuidado que ofrecen a los hijos de madres trabajadoras.
Es decir, que las estancias deben continuar recibiendo los recursos conforme a las reglas de operación vigentes en 2018, y no con el nuevo esquema implementado este año que consiste en que los padres reciban directamente el dinero y ellos mismos determinen en manos de quién dejan a los menores.
El equipo jurídico de Movimiento Ciudadano argumentó que las reglas de operación 2019, publicadas el 28 de febrero, no correspondían al programa de Estancias Infantiles, pues más bien se trataba de un nuevo programa de entrega de apoyo directo.
La juez determinó que recibir apoyo directo no garantiza la protección del derecho y que ante la eliminación de una modalidad denominada “Impulso a Servicios de Cuidado y Atención Infantil” se canceló la posibilidad de asegurar el reconocimiento del Primer Grado de Preescolar.
También se dejó sin supervisión la capacitación del personal encargado del cuidado de las niñas y niños, y se perdió la posibilidad de contar con un seguro médico en caso de eventualidades.
Por tanto, bajo este nuevo esquema se violan los derechos de las madres trabajadoras y se vulnera el interés superior de los niños.
Lo mismo ocurrió en Irapuato el 21 de agosto: una jueza federal concedió la razón en una demanda colectiva para que las estancias accedan nuevamente a los recursos federales a través de las reglas de operación de 2018.
En otro caso, un juez de distrito de Celaya otorgó hace un par de semanas la suspensión provisional a favor de 89 estancias infantiles.
El resto de las demandas colectivas están pendientes de sentencia.
