Más de la mitad del dinero que el Gobierno Federal distribuye a través de programas sociales se realiza en efectivo, lo que implica un mayor riesgo de que existan moches, sobornos y desvíos
La última denuncia que se registró por actos de corrupción fue en el programa Sembrando Vida, donde campesinos exhibieron que operadores les piden moche del dinero que reciben en efectivo
La iniciativa que presentó el senador Clemente Castañeda Hoeflich, busca blindar y transparentar los programas sociales, desincentivando la entrega en efectivo y priorizando medios electrónicos
Actualmente y conforme a información de Coneval, existen 150 programas sociales federales, poco más de mil 200 programas estatales y más de 6 mil 800 programas municipales: en total, el Gobierno de México desembolsa anualmente casi un billón 100 mil millones de pesos que distribuye 56% en efectivo y el resto a través de tarjetas bancarias y órdenes de pago.
En prácticamente todos los programas sociales que distribuyen dinero en efectivo se han exhibido moches y sobornos. Medios de comunicación informaron que campesinos beneficiarios de Sembrando Vida, denunciaron que promotores les pedían un moche mensual del dinero que recibían; otro ejemplo, fueron las denuncias por fraude en Jóvenes Construyendo el Futuro.
Frente a estos escenarios, la Secretaría de la Función Pública no ha podido contener los círculos de corrupción entorno a los programas estrella del Gobierno de México.
“Si este Gobierno quiere priorizar y profundizar los programas sociales como una medida para combatir la pobreza y la desigualdad, en Movimiento Ciudadano creemos que es crucial generar herramientas que garanticen que los recursos efectivamente llegarán a la gente, sin moches ni malos manejos, y que existirán los mecanismos de transparencia y trazabilidad necesarios”, explicó el senador Castañeda Hoeflich.
“La disminución en el uso de efectivo en las transacciones gubernamentales, es potencialmente una medida de combate a la corrupción, pues la trazabilidad digital de los movimientos desincentiva desvíos, cobros de cuota, sobornos y otras prácticas”, añadió el legislador.
Además, las transferencias electrónicas reducirían ampliamente los costos de operación de los programas sociales, gastos de traslado y medidas de seguridad que hoy deben sufragarse.
Por ello, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, que busca desincentivar la entrega de dinero en efectivo a través de los programas sociales y priorizar las transferencias electrónicas.
“(Lo anterior) a fin de evitar la discrecionalidad en la disposición de los recursos, desvíos, y otras formas de corrupción, así como para facilitar la trazabilidad de los apoyos que se entregan y fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y auditoría”, subrayó el senador.
La reforma que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión plantea el desarrollo de infraestructura tecnológica en las Zonas de Atención Prioritaria, priorizar el uso de medios electrónicos de pago, fortalecer los mecanismos de transparencia y, en resumidas cuentas, eliminar todo tipo de intermediarios en la entrega de recursos de los programas.
El objetivo primordial de esta reforma es evitar que se generen malos manejos en los programas sociales, al disminuir las entregas de dinero en efectivo y generalizar el uso de las transferencias electrónicas, como un mecanismo seguro y transparente en el manejo de recursos.
