La Red Mexicana de Afectados por la Minería afirmó que los efectos que sufriría el ecosistema de los ríos Sonora y Bacanuchi por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico y metales pesados provenientes de la mina Buena Vista del Cobre –propiedad de Grupo México, que encabeza Germán Larrea–, en Cananea, se presentarán a largo plazo y de forma acumulable.
La agrupación señaló que las autoridades actúan con tibieza ante la contaminación de dicho cauce en perjuicio de 22 mil habitantes de los municipios de Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arespe y la zona rural de Hermosillo, y son omisos en sus obligaciones de ordenar la remediación ambiental inmediata y la compensación de daños.
En un comunicado, la red expuso que el derrame de ácido sulfúrico ‘‘es la punta del iceberg de la liberación de muchos otros químicos, entre ellos metales pesados como hierro, cobre, cadmio, plomo y arsénico, todos altamente dañinos para la salud ambiental y humana de la región, que además son bioacumulables y biomagnificables, lo cual trae problemas a mediano y largo plazos.
‘‘Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, así como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos solidarizamos con las comunidades afectadas por este derrame, que deja en claro la falta de responsabilidad de las empresas extractivas y la complicidad de las autoridades estatales y federales’’, manifestaron.
Entre tanto, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, informó que los gobiernos municipales de Arizpe, San Felipe, Banamichi, Aconchi, Baviácora y Ures preparan una denuncia civil por daños causados por la mina propiedad de Grupo México, que mantienen paralizada la actividad productiva en esa región por la contaminación del agua.
La querella se presentará con la finalidad de que sean indemnizadas 48 comunidades de los municipios citados. ‘‘Nosotros estamos del lado de la gente y la vamos a apoyar en estas demandas’’, dijo el mandatario panista este lunes en entrevista. Señaló que la empresa minera debe pagar el daño que causó.
Habitantes y autoridades de la zona insisten en que Grupo México ocultó el derrame de tóxicos por algunos días, sin que se sepa con exactitud la cantidad derramada y además no ha respondido a cabalidad con su obligación de llevar agua potable a las localidades perjudicadas por la contaminación, lo que obligó al cierre de los pozos utilizados tanto para las actividades productivas como para el consumo humano.
Indagatoria de la CNDH en Durango
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por las presuntas violaciones a las garantías de los habitantes del estado de Durango afectados por el derrame de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro, ocurrido el pasado 10 de agosto en el municipio de El Oro.
Dicho derrame provino de la presa de jales –depósito al aire libre donde se disponen las aguas residuales que se utilizan en el proceso minero– de la empresa Proyecto Magistral y afectó a seis municipios de la entidad, señaló en un comunicado el organismo de derechos humanos.
Indicó que a la fecha se han reportado ya muertes de animales que acudieron a beber agua a dichos cuerpos hídricos, por lo que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, ordenó el traslado de visitadores adjuntos para recabar información y atender las quejas de los afectados.
