XALAPA, Ver., 9 de diciembre de 2014.-La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rosario Quirasco Piña, lamentó que el Gobierno de Veracruz continúe fallando en su totalidad para garantizar salud a los veracruzanos, esto luego de que se diera a conocer la crisis hospitalaria que atraviesa la entidad.
"Hay un enorme rezago, sobre todo de presupuestos federales o etiquetados, que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ejerce o no envía para el ejercicio de manera adecuada y que además generan un grave problema administrativo (...) parece ser que tenemos instancias que debieran estar pendientes, ahí está el ORFIS, ahí están los diputados, ellos tendrían la obligación de estar vigilantes. El llamado es a todos, todos tienen algo que hacer ahí", apuntó.
En ese sentido, explicó que como ejemplo de la mala situación del sistema de Salud Estatal, en el municipio de Chocamán que mantiene problemas de muerte materna, se construyó una clínica a petición de las autoridades municipales, misma que quedó sin equipar y no funciona, lo que hace prevalecer la problemática grave de municipio.
"Estuvimos hace aproximadamente dos meses con el alcalde de Chocamán, él en un acuerdo con el Gobierno del Estado construye, con recurso del Ayuntamiento, una clínica de salud y el compromiso era poner los quirófanos y toda esa serie de aparatos que requiere una clínica, él cumple con su parte y hasta el día de hoy la clínica está como fantasma".
Detalló que aunque sí se tienen consultorios para consulta externa, no se cuenta con laboratorios, quirófanos o camas postopeatorias, además de que la ambulancia que había acordado con la Secretaría de Salud, tampoco ha sido entregada.
"El interés por hacer la clínica estaba relacionado con el problema, porque Chocamán aunque está aparentemente cerca de Córdoba o de Huatusco, 20 minutos, para un problema grave y de emergencia, esos minutos son la vida o la muerte para una mujer o un recién nacido".
Finalmente, Quirasco Piña insistió en que tanto el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, el Congreso Local y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) tienen la obligación de tomar cartas en el asunto y presionar al secretario de Finanzas para que el presupuesto sea liberado y aplicado conforme está etiquetado.
